El escenario de tensión y ataques violentos por conflictos de tierras, la invasión de colonos, crisis alimentaria y abandono estatal que han sufrido durante décadas las comunidades indígenas y afrodescendientes de la Costa Caribe de Nicaragua podría verse agudizado en caso de que la dictadura de Daniel Ortega apruebe la Ley Especial de Ciberdelitos o Ley Mordaza, señalan defensoras de derechos.
Tras el abandono del gobierno territorial y central, las únicas voces que tienen para denunciar la violencia sistemática que se vive ahí son las de organizaciones defensoras de derechos humanos y líderes territoriales, que ahora se verían presionados, amenazados y criminalizados por evidenciar la situación de los pueblos indígenas, según análisis de defensores a LA PRENSA.
Lottie Cunningham, presidenta y fundadora de Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua (Cejudhcan), ve con preocupación esta nueva embestida del régimen y resume que la única intención de la dictadura es callar a las voces disidentes, en este caso de la Costa Caribe, que a lo largo de estos años han venido denunciando la persecución y asesinatos contra comunitarios y que en estos casos no ha existido justicia para las víctimas y sus familiares, aseguró Cunningham.
«Creo que es una situación muy compleja pero que demuestra nuevamente los atropellos que viene haciendo el Estado para que los pueblos no puedan gozar de una libre opinión. Todos los derechos están siendo vulnerados. Sabemos que este es un patrón de criminalización que está utilizando el Estado para callarnos, pero el pueblo de Nicaragua y nuestros indígenas tienen derecho a ser escuchados y nosotros vamos a continuar denunciando lo que ocurra en nuestras comunidades», señaló la presidenta de Cejudhcan.
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Es principalmente a través de las redes sociales y medios de comunicación independientes, explica Cunningham, que las organizaciones y movimientos indígenas ponen al tanto de la violencia sistemática que se vive en el campo, pero también es a través de ellas que acceden a información u obtienen auxilio o apoyo. Pero al judicializar estos espacios «se agrava la situación de los pueblos indígenas (…) La única forma de acceder a la información ha sido por las redes sociales, todos estos últimos años ha habido un cierre de espacios de participación, incluso la libertad de expresión ha sido reprimida y la única forma que las comunidades puedan acceder a la información o denunciar es por medio de las redes sociales», resaltó Cunningham.
El régimen pretende con esta ley centralizar todo lo que se mueva en las redes sociales y medios de comunicación. Otro de los efectos sería que las únicas fuentes de información sean las instituciones o funcionarios ligados a su régimen, y de esta manera relegar a los defensores de derechos humanos y por lo consiguiente a los periodistas que publican las noticias y denuncias de los comunitarios. Estos dos grupos podrían ser encarcelados por dar lo que catalogan como «noticias falsas», por el simple hecho de no provenir de sus fuentes oficiales.
«Vivos pero enterrados»
Para Nancy Elizabeth Henríquez, presidenta regional del partido Yatama, con esta Ley las comunidades indígenas quedan «totalmente enterradas», sin poder denunciar las violaciones a derechos humanos cometidos por colonos y grupos armados que invaden los territorios con total libertad. Henríquez reconoce que de aplicarse, le será más difícil poner al tanto de lo que ocurra en las montañas.
«Estamos muy preocupados de que se llegue a aprobar esa ley porque afecta directamente a las comunidades indígenas de la Costa Caribe y afrodescendientes. Con esa ley no podremos hacer las denuncias como las veníamos haciendo porque todo lo que hacen es para cerrar la boca de todos defensores de los pueblos indígenas. Es muy preocupante por todas las invasiones de colonos, los asesinatos que se dan en el campo. Las comunidades quedan totalmente enterradas, no podemos hablar, quedaríamos vivos pero enterrados porque la gente no podrá evidenciar lo que está pasando en nuestras comunidades por el riesgo a caer presos», manifestó Henríquez.
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Al respecto Juan Carlos Ocampo de Prilaka, movimiento social que trabaja en defensa de los derechos colectivos de las comunidades indígenas en la Costa Caribe, advirtió que esta Ley de Ciberdelitos profundizará la «criminalización de la resistencia comunitaria», agravará la impunidad a delitos ambientales y a violaciones de derechos humanos colectivos. «También será más común la narrativa del gobierno que niega el problema de las invasiones y busca legitimar el despojo», señaló, refiriéndose a la construcción de una falsa realidad de normalidad en la zona que sepultaría los problemas reales junto con las comunidades.
«En pocas palabras pasaríamos de vivir una violencia simbólica sistemática — con episodios esporádicos de violencia material — a una violencia material sistemática. Tanto la resistencia comunitaria como la defensa de los derechos colectivos se ubicarían entre las actividades con mayor riesgo en la región y el país», aseguró Juan Carlos Campo.
Los líderes comunitarios consultados por LA PRENSA coincidieron que pese a las amenazas del régimen con esta ley, van a continuar su labor en defensa de los más vulnerables de la población indígena. «Mientras Dios nos preste la vida vamos a seguir luchando por el derecho de nuestros pueblos. Con una ley no nos van a callar y eso lo quiero dejar claro. Pueden existir miles de leyes en Nicaragua y que actúen a conveniencia de las autoridades, mientras nosotros también vamos a actuar de acuerdo a los intereses de los pueblos indígenas, no nos van a callar».
