El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (EE.UU.) escogió el 17 de julio —cuando la dictadura de Daniel Ortega celebraba virtualmente el llamado “día de la alegría”, porque en esa fecha de 1979 el dictador Anastasio Somoza Debayle abandonó el poder y huyó de Nicaragua hacia Miami—, para sancionar a Juan Carlos Ortega Murillo, uno de los hijos de los dictadores que más figuración política odiosa tiene en el país.
“Estados Unidos va a seguir golpeando a quienes apuntalan al régimen de (Daniel) Ortega y desvían fondos de la economía nicaragüense”, se dice en el comunicado emitido por el secretario del Tesoro estadounidense, Steven Mnuchin, para dar a conocer la sanción a Juan Carlos Ortega. Junto a él EE.UU. también sancionó a su empresa Difuso, y a Jorge Mojica, señalado como testaferro de algunos negocios de la familia dictatorial.
Juan Carlos Ortega es el tercero de los cachorros de los dictadores de Nicaragua sancionado por los EE.UU., además de su madre, la vicedictadora Rosario Murillo. Los otros dos hijos de la pareja dictatorial que ya habían sido sancionados, son Rafael y Laureano Ortega Murillo.
Desde agosto de 2018, poco después de la sangrienta masacre perpetrada por la dictadura para aplastar la rebelión popular cívica, 14 congresistas y senadores de los EE.UU. pidieron al presidente Donald Trump que investigara y pusiera en la lista negra de la Ley Magnitsky, a Laureano y Juan Carlos Ortega Murillo. El primero fue sancionado por el Departamento del Tesoro en abril de 2019, y ahora lo ha sido su hermano Juan Carlos. La justicia estadounidense tarda en llegar, pero llega.
En la página web del Ministerio de Asuntos Exteriores de España, leemos la definición de que las sanciones “se han convertido en un elemento fundamental en el ámbito de las relaciones internacionales contemporáneas. Son medidas coercitivas que se aplican contra Estados, entidades no estatales o individuos que suponen una amenaza para la paz y la seguridad internacional”.
Esto es en lo general de las sanciones internacionales. EE.UU. aplica también sanciones por corrupción desmedida y notoria, que constituye igualmente una amenaza para la paz y la seguridad internacional. Por eso razón el gobierno estadounidense ha sancionado ya a 22 funcionarios de la dictadura de Nicaragua, y otras personas cómplices, tanto por violaciones intolerables a los derechos humanos como por corrupción y otras acciones calificadas como delictivas.
En lo que se refiere a la sanción que el viernes de la semana pasada EE.UU. impuso a Juan Carlos Ortega Murillo, este caso tiene una significación especial porque se trata del hijo del matrimonio dictatorial que más se ha destacado últimamente en el ámbito de la política agresiva del régimen, además del de la corrupción gubernamental.
Este cachorro de Ortega y Murillo ha llamado la atención por sus presentaciones públicas en redes sociales, para insultar y amenazar a la oposición incluso con el uso de las armas. Lo que por cierto no sería algo nuevo, porque la dictadura ha usado las armas contra el pueblo hasta el extremo de cometer crímenes de lesa humanidad, según denunciaron organismos internacionales de derechos humanos.
También es muy significativa la sanción estadounidense a Juan Carlos Ortega Murillo, porque a este se le menciona como el delfín o probable sucesor de Daniel Ortega en el trono del poder dictatorial. O sea que sería el nuevo “chigüín” de Nicaragua. Para quienes no lo saben, según el Diccionario del Español de Nicaragua chigüín es un vocablo con el que los nahuas y los pipiles llamaban genéricamente a los niños pequeños.
En la época tardía del somocismo la gente apodaba “el chigüín” a Anastasio Somoza Portocarrero, hijo de Anastasio Somoza Debayle y su potencial sucesor en el poder dictatorial.
