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Protestas contra los fraudes electorales en Nicaragua. LA PRENSA/Archivo

Nicaragua lleva 15 años luchando por una reforma electoral. Estas han sido las iniciativas que se han propuesto

Desde 2005 se consolidó el primer grupo de organizaciones para estudiar y proponer una reforma electoral, dado a que ya se había advertido lo dañino de las últimas reformas acordadas entre el caudillo liberal Arnoldo Alemán y el actual dictador Daniel Ortega

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La demanda de una reforma electoral en Nicaragua no es un tema nuevo. Aunque comenzó a subir de intensidad después de las votaciones municipales de 2008, cuando se ejecutó el fraude electoral mejor documentado, según los críticos, de la historia del país, el tema ya existía desde la instauración del sistema bipartidista en el año 2000.

Fue en 2005 cuando se consolidó el primer grupo de organizaciones para estudiar y proponer una reforma electoral, debido a que ya se había advertido lo dañino de las últimas reformas (2000).

El sistema bipartidista repartió los poderes del Estado entre el Partido Liberal Constitucionalista (PLC) y el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), gracias al pacto entre sus caudillos, Arnoldo Alemán y el actual dictador Daniel Ortega, respectivamente.

Con ese pacto, las 10 magistraturas del Consejo Supremo Electoral (CSE) quedaron repartidas entre personeros del PLC y del FSLN, al igual que todos los cargos en los consejos electorales departamentales, regionales y municipales (CED, CER y CEM). También quedó así todo el tendido electoral, a través de las Juntas Receptoras de Votos (JRV), para cuando se dieran elecciones.

La sociedad civil y la primera versión del GPRE

La sociedad civil y organizaciones especializadas en democracia y temas electorales fueron las primeras abanderadas en la demanda de reformas al sistema electoral. A partir de 2002 comenzaron los primeros pasos para reunir esfuerzos y estudiar la problemática. Entre 2004 y 2005 se creó la primera versión del Grupo Promotor de Reformas Electorales (GPRE), integrado inicialmente por el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), la Coordinadora Civil, Ética y Transparencia, Fundemos, Hagamos Democracia, el Instituto para el Desarrollo y la Democracia (Ipade) y la Red Nicaragüense por la Democracia y el Desarrollo Local.

En 2007, el GPRE presentó un estudio de la problemática del sistema electoral denominado “Reformas Electorales. Problemática y Propuesta”. El documento planteó en aquel entonces que “las reformas electorales iniciaron el proceso de debilitamiento del Consejo Supremo Electoral en beneficio del rol de los partidos políticos, al darles en la práctica la potestad de nombrar a magistrados, miembros de los Consejos Electorales y Juntas Receptoras de Votos”.

“Esta situación se acrecentó con las reformas del 2000, de manera que la actual Ley establece y fomenta el uso de criterios partidarios para seleccionar al personal administrativo y las autoridades del proceso electoral a todos los niveles, otorgando a dos partidos el control de la institución y los procesos electorales. Esto ocasiona problemas de equidad en la competencia política, credibilidad, independencia, costos y funcionalidad del aparato electoral”, indicaba el GPRE.

Propuesta de reforma

Entre las propuestas que hacía el GPRE estaba prohibir a los miembros del CSE militar activamente en algún partido político. También demandaba la creación de forma temporal de una “Comisión Cívica Electoral”, con la función de elaborar propuestas de candidatos a magistrados que cumplieran requisitos.

La Comisión Cívica estaría integrada por cinco miembros: el Presidente del Consejo Nacional de Universidades, un representante de los rectores de las universidades privadas, Asociación de Juristas de Nicaragua, la Barra de Abogados de Nicaragua, la Coordinadora Civil y un representante de los organismos de observación electoral.

El GPRE además proponía reducir el número de magistrados de 10 a cinco —tres propietarios y dos suplentes—, dado que valoraban que “la cantidad de siete magistrados propietarios y tres suplentes no tiene ninguna justificación”.

Partidos políticos no apoyaron

Violeta Granera, uno de los nombres que se repite en la historia de esta demanda, relató que entre las acciones, propuestas y estudios que se impulsaron en aquel entonces, también hicieron un cabildeo entre los partidos políticos que tenían representación en la Asamblea Nacional.

“Fue evidente que tanto en el PLI como en el PLC teníamos algunas coincidencias, pero también habían bastantes diferencias en cuanto a la visión que tenemos de la ciudadanía de cortar con el bipartidismo”, comentó Granera.

La opositora dijo que la falta de apoyo de los partidos políticos llevó esa primera propuesta de la sociedad civil al fracaso. “No fuimos escuchados y ese es el gran problema que nos tiene en esa situación. Lo que sí te puedo decir que esa experiencia de años desde la sociedad civil, es un insumo importante en estas discusiones que estamos teniendo ahora”, agregó.

Granera manifestó que 15 años después no ha cambiado la situación del sistema electoral, por eso el nuevo Grupo Pro Reformas Electorales ha retomado muchos aspectos que se estudiaron en la primer versión de 2005.

El regreso de Ortega al poder en 2007

Una de las claves del pacto Alemán-Ortega fue bajar a 35 por ciento el porcentaje mínimo de votos para ganar las elecciones presidenciales en primera vuelta, siempre que tuviese un cinco por ciento de diferencia con el segundo lugar. Ese porcentaje se ajustó a la base dura del FSLN liderado por Ortega.

En las elecciones presidenciales de 2006, el FSLN aprovechó, además de este porcentaje mínimo, la participación dividida de los liberales para ganar las votaciones con el 38 por ciento de los votos y regresar al poder en 2007. Desde entonces Ortega se ha reelecto dos veces, en 2011 y en 2016, la primera violando la Constitución Política, y apoyado en un sistema electoral fraudulento y controlado por sus simpatizantes sandinistas.

Organismos internacionales

Las misiones de observación electoral internacional también alertaron sobre el riesgo que significaba el bipartidismo en la credibilidad del CSE. En marzo de 2007, el jefe de la misión de observación de la Unión Europea, Claudio Fava, urgió “reformas profundas” a la Ley Electoral para despartidizar al CSE y fortalecer la institucionalidad e independencia de esa institución.

Fava destacó en ese momento que la reforma de la Ley Electoral (Ley 331) debía contemplar un sistema de selección de los magistrados del CSE, que garantizara la imparcialidad e independencia de todos los partidos políticos. Además dijo que en la reforma se debía incluir la reducción del número de magistrados, en concordancia con la demanda de la sociedad civil.

El informe de la OEA

En las elecciones nacionales de 2011, la Organización de Estados Americanos (OEA) participó con una Misión de Observación Electoral (MOE), compuesta por 65 especialistas electorales internacionales, provenientes de 17 Estados miembros de la OEA. Al terminar su trabajo de observación, la MOE entregó un informe con ocho recomendaciones dirigidas al CSE.

La OEA propuso “reformar el criterio para la composición de las JRV, procurando que las mismas estén compuestas por ciudadanos inscritos en el padrón electoral, que sean seleccionados de forma aleatoria y transparente, sin consideración de su pertenencia partidaria”. También recomendó iniciar una campaña de saneamiento del registro civil a nivel nacional, independiente a los procesos electorales.

Primera reelección consecutiva de Ortega

En esos comicios de 2011, Ortega participó como candidato presidencial aunque la Constitución Política lo prohibía. En 2009, los magistrados orteguistas del poder judicial aprobaron una sentencia que le permitió a Ortega participar como candidato en 2011 y reelegirse, pasando sobre el artículo 147 de la Constitución Política, que prohibía en ese entonces la reelección presidencial por dos períodos consecutivos o si ya se hubiese ejercido en dos ocasiones.

Fue hasta en 2014 que la Constitución Política fue reformada por la aplanadora de diputados orteguistas en la Asamblea Nacional asignada por el Consejo Supremo Electoral presidido por Roberto Rivas Reyes, operador de las fraudes electorales que favorecieron al orteguismo.

En las votaciones nacionales de 2016 Ortega se volvió a reelegir, pero esta vez iba de la mano de su esposa, Rosario Murillo, quien fue impuesta por el orteguismo como candidata vicepresidencial. Esos comicios se caracterizaron por la escasa participación ciudadana en las urnas debido a la falta de credibilidad del sistema electoral.

Al año siguiente se realizaron las elecciones municipales con la participación de una Misión de Observación Electoral de la OEA. Ese grupo de observación electoral fue encabezado por Wilfredo Penco, amigo de Ortega, lo que generó cuestionamientos y rechazo de los opositores en ese momento. Aún así, al finalizar esos comicios, que se caracterizaron por la violencia electoral, la misión de la OEA recomendó una “reforma electoral integral”.

“El sistema electoral nicaragüense se beneficiaría de una reforma electoral comprensiva que abarque diversos temas. Es necesario un marco jurídico y administrativo de carácter permanente, que brinde mayor confianza y seguridad a las fuerzas políticas y a la ciudadanía”, afirmó el informe de la misión de observación electoral de la OEA.

Los esfuerzos de Almagro

Desde 2016 el secretario general de la OEA, Luis Almagro, había comenzado un proceso de acuerdos con Ortega para el fortalecimiento de la democracia, tras las reiteradas denuncias de fraudes electorales desde 2008.

Aunque inicialmente el régimen de Ortega firmó los acuerdos para mejorar el sistema electoral, en 2018 radicalizó su postura tras las protestas civiles. El régimen orteguista respondió las protestas con la fuerza de las armas, matando a más de 300 personas, según organismos de defensa de derechos humanos, lo que generó condenas a nivel internacional. Desde entonces Ortega niega la crisis que vive el país y no ha dado señales de que abrirá un proceso de reforma en el que participen todos los sectores.

La nueva propuesta de reforma electoral

En diciembre de 2019, las organizaciones opositoras Alianza Cívica, Unidad Nacional Azul y Blanco y una nueva versión del Grupo Pro Reformas Electorales (GPRE), entre otras, lanzaron una propuesta de reforma electoral consensuada.

La propuesta establece la no reelección para los cargos de presidente y vicepresidente; nombramiento de nuevos magistrados electorales; restablecer las candidaturas por suscripción popular o candidatos independientes para elección a nivel regional y municipal; eliminar de la Constitución Política de Nicaragua la aplicación de la norma jurídica del transfuguismo.

También la prohibición para la candidatura del cónyuge del presidente en el ejercicio del cargo; restablecer el umbral electoral 50 por ciento más uno y la segunda vuelta si no se alcanza el umbral electoral; derogar el requisito del cuatro por ciento para que los partidos políticos puedan mantener la personalidad jurídica; eliminación de diputaciones sin voto popular.

En Nicaragua las elecciones no tienen credibilidad, porque el sistema electoral es controlado por los partidarios del régimen de Daniel Ortega, que han cometido fraudes electorales desde 2008 para mantenerlo en el poder.

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