Las organizaciones opositoras Alianza Cívica y la Unidad Nacional Azul y Blanco presentaron este jueves una propuesta de reforma electoral unificada, en un evento en el que participaron como invitados miembros del cuerpo diplomático interesados en ese tema y organizaciones diversas de la sociedad civil.
Esta iniciativa es el resultado de la unificación de las propuestas que originalmente presentaron la Alianza Cívica, la Unidad Nacional y el Grupo Promotor de las Reformas Electorales.
La propuesta consensuada de los sectores opositores tiene la intención de ser negociada con el régimen de Daniel Ortega, para realizar unas elecciones con credibilidad, debido a que actualmente el sistema electoral está controlado por el partido gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), que se ha mantenido en el poder 12 años por fraudes electorales y manipulación de las leyes.
El documento será enviada a los miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), organismo que se encuentra en proceso de tomar una decisión sobre Nicaragua, por la ruptura del orden democrático de parte del régimen de Daniel Ortega.
Propuesta consensuada
Las propuestas coincidieron en restablecer la no reelección para los cargos de presidente y vicepresidente; nombramiento de nuevos magistrados electorales; restablecer las candidaturas por suscripción popular o candidatos independientes para elección a nivel regional y municipal; eliminar de la Constitución Política de Nicaragua la aplicación de la norma jurídica del transfuguismo.
También prohibición para la candidatura del cónyuge del presidente en el ejercicio del cargo; restablecer el umbral Electoral 50 por ciento más uno y la segunda vuelta si no se alcanza el umbral Electoral; derogar el requisito del 4 por ciento, para que los partidos políticos puedan mantener la personalidad jurídica; eliminación de diputaciones sin voto popular.
Además, la propuesta busca penalizar el fraude y la manipulación de los procesos electorales con la inhabilitación vitalicia, además de las penas contempladas en el Código Penal.
Buscan establecer la posibilidad de solicitud del Referéndum Revocatorio a mitad del mandato para el cargo de presidente y vicepresidente; despartidizar las estructuras electorales y administrativas y que el nombramiento de las Juntas Receptoras de Votos (JRV) y Policías Electorales sea a través de un mecanismo aleatorio de selección del padrón electoral de la circunscripción correspondiente.