El gobierno Ortega Murillo no solamente acusa ilegitimidad de origen por haber violentado la Constitución y por reiterados fraudes, sino también una evidente ilegitimidad de ejercicio al quebrantar los elementos esenciales de la democracia representativa y de sus componentes fundamentales. Contraviniendo sistemáticamente los principios que conforman nuestro Derecho Constitucional y el Derecho Internacional Americano.
Nicaragua dejó de ser un Estado Democrático y Social de Derecho al carecer de un gobierno que asegure la igualdad, la solidaridad, la responsabilidad social y la preeminencia de los Derechos Humanos, actuando arbitrariamente, eliminando la independencia de los Poderes y rompiendo con los principios que sustentan la organización de la República.
Ortega y su esposa han incumplido su obligación primordial de respetar la Constitución Política y las leyes y de hacer que los funcionarios bajo su dependencia las cumplan, fomentando violaciones masivas, reiteradas y sostenidas de los Derechos Humanos.
A su ilegitimidad debe agregársele su incapacidad para gobernar, nunca más notoria que al no aplicar las recomendaciones de la OMS, vedando las acciones básicas de una política de prevención, contención y mitigación; al contrario han impulsado políticas que ponen en riesgo la salud y la vida de los habitantes, promoviendo actividades con aglomeración de personas sin protección.
No solo no han sido capaces de gobernar conforme lo dispone la legalidad dejando de asegurar el bien común, sino han impedido la solidaridad entre los nicaragüenses con prácticas excluyentes y negándose a desarrollar una agenda económica que apoye a los más desfavorecidos frente a la caída de las actividades productivas y la pérdida de empleos y de subempleos.
El ejercicio irresponsable del poder, el incumplimiento pertinaz de sus obligaciones, la falta absoluta de transparencia y de información veraz; la desprotección e inseguridad que sus actuaciones han provocado, poniendo en riesgo la convivencia y las condiciones básicas o necesarias para la existencia de la nación y la posibilidad de su desarrollo económico y social, demuestran su incapacidad para gobernar.
Lo anterior obligaría en un Estado de Derecho, a que la Asamblea Nacional en cumplimiento de su deber Constitucional declarase la incapacidad de ambos y aplicase las previsiones legales para sustituirlos, sin embargo frente a poderes del Estado que carecen de autonomía, solo queda a la ciudadanía recurrir a los mecanismos previstos en el derecho internacional, demandando el ejercicio de la obligación de proteger y concluir la aplicación de la Carta Democrática Interamericana.
Internamente, siempre exigiendo el fin inmediato de la dictadura, lo único posible conforme a los Derechos Humanos, es la rebelión cívica contra la tiranía y la opresión mediante el desarrollo de esquemas de autogobierno o autogestión organizada que permita que todas las fuerzas sociales y políticas se unan alrededor del interés supremo de salvar a la nación y asegurar la sobrevivencia de la población.
El autor es abogado, directivo de la Alianza Cívica.
