A pesar que la economía del país está en recesión, como consecuencia de la crisis sociopolítica por la represión a los ciudadanos, y pese a que las perspectivas de los organismos internacionales de que la crisis de Nicaragua empeorará, el régimen orteguista llevó hasta agosto de este año el saldo de la deuda pública externa a niveles no vistos desde el 2003.
La deuda pública externa total alcanzó los 6,116.3 millones de dólares al cierre de agosto del 2019, que representa un aumento de casi el ochenta por ciento con respecto a los niveles de 2007, cuando Ortega regresó al poder.
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Fue en el 2003 cuando por última vez Nicaragua registró un endeudamiento externo público como el actual. En ese año el saldo se ubicó en 6,595.8 millones de dólares; desde entonces comenzó a descender, hasta que Ortega volvió al poder.
El gobierno de Enrique Bolaños le heredó a Ortega un país con una deuda pública externa en descenso y en el 2007 este se situó en 3,415.3 millones de dólares.
El descenso de la deuda fue como resultado de la disciplina fiscal y el perdón del 87 por ciento de la deuda, por parte de los organismos y cooperantes internacionales durante los gobiernos anteriores a Ortega.
Los economistas Edmundo Jarquín, Carlos Langrand y Róger Arteaga expresaron —por separado— que es preocupante que el régimen de Ortega esté repitiendo los errores de la década de los años ochenta, por cuanto consideran que mientras se aferre al poder por medio de la represión y se niegue a dialogar con la oposición para una salida pacífica a la crisis sociopolítica, se conduce a un empeoramiento de la recesión económica.
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Las cuentas oficiales muestran que la dictadura se ha endeudado en 2018 y 2019 casi a igual ritmo que años pasados, a pesar de ser años marcados por una recesión producto del cierre de empresas, freno de la inversión privada local y externa, caída del consumo y un desempleo galopante debido a la crisis sociopolítica causada por la represión gubernamental a las protestas ciudadanas.
El economista Jarquín refirió que si bien la deuda pública externa, como proporción del Producto Interno Bruto (PIB), “aún no llega a un nivel crítico”, señala como “el verdadero problema la crisis política y la negativa de Ortega a buscar una salida democrática, lo cual ha conducido a una relativa parálisis de las fuentes de cooperación externa y a que no haya adquirentes de los bonos la deuda pública interna”.
“En esas condiciones, de incapacidad de financiar la inversión pública, aunque quedan proyectos en ejecución, y de financiar el gasto corriente, la recesión se mantiene y hay riesgo que se profundice”, advirtió Jarquín, exfuncionario del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
El régimen de Ortega en los lineamientos económicos para el diseño del proyecto de Presupuesto General de la República 2020, ya reconoció que está en búsqueda de fuentes de financiamientos no concesionales, lo que significaría una mayor carga impositiva para los nicaragüenses.
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La crisis fue causada por la represión de fuerzas gubernamentales contra las protestas ciudadanas que estallaron en abril del 2018, dejando un saldo de al menos 328 asesinatos, miles de heridos y causando una ola de exiliados.
Resultado de la inestabilidad social y política, la economía del país cayó 3.8 por ciento en 2018 y las estimaciones oficiales es que caiga uno por ciento este año.
Sin embargo, el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial así como la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides), estiman que Nicaragua cierre el 2019 con una caída económica de entre 5 y 7 por ciento.
El año pasado la deuda pública externa total cerró en 5,949.6 millones de dólares, equivalente al 45.4 por ciento del PIB. En 2018 se contrataron 403.5 millones de dólares más que el año anterior, según reflejan cifras oficiales.
El debilitamiento de la recaudación producto de la crisis económica y sociopolítica presiona el sostenimiento del Presupuesto General de la República, sobre todo de los proyectos de inversión, por lo que la sed de financiamiento el régimen la intenta paliar con más préstamos a los organismos multilaterales y entidades comerciales.
Entre enero y agosto del 2019 la dictadura orteguista contrató 166.7 millones de dólares más de deuda pública con respecto al saldo en diciembre del año pasado.
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“La lectura de esto es que Ortega va tras sus pasos de 1990, porque vemos que ya ha duplicado el endeudamiento externo y eso para cualquier gobierno futuro va a representar un problema serio en sus finanzas. Poder pagar esto significará hipotecar el futuro de Nicaragua para inversiones del gasto social como en educación y salud”, dijo Langrand.
Multilaterales son la fuente
El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y el BID son los principales multilaterales a los que Nicaragua le adeuda más. El endeudamiento con ambos representa el 48.57 por ciento de la deuda pública al cierre de agosto del 2019.
La deuda pública con el BID asciende a 2,072.3 millones de dólares hasta agosto pasado. Con el BCIE es de 1,073.0 millones de dólares para igual período.
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Langrand, exdiputado opositor, criticó que los organismos multilaterales sigan financiando al régimen a pesar de los abusos a los derechos humanos de los ciudadanos, “contradiciendo sus propios principios y reglamentos”.
“¿Cómo es posible que esos organismos internacionales privilegien préstamos a regímenes que no han demostrado compromiso con el respeto a los derechos humanos y con las libertades públicas? Llama la atención porque son organismos, como el BID, que hablan de gobernabilidad, de respeto a los derechos y de transparencia cuando es lo menos que existe en Nicaragua”, señaló Langrand.
Experto en heredar caos económico
Ortega durante su primer régimen en la década de los ochenta del siglo pasado llevó a la quiebra al país, pues la producción total de bienes y servicios apenas sumaba un Producto Interno Bruto (PIB) de 1,516.7 millones de dólares en 1990, año que entregó el gobierno a Violeta Barrios de Chamorro.
El dictador Ortega heredó a Barrios de Chamorro una deuda pública externa de 10,715.4 millones de dólares, que representaba el 706 por ciento del PIB de Nicaragua.
La expresidente Barrios de Chamorro logró que los acreedores mundiales condonaran casi la mitad de la deuda al país y en 1996 se redujo a 6,095 millones de dólares, casi el mismo nivel al que Ortega ha incrementado ahora el saldo, tras varios años de reducción.
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Jarquín destacó que Ortega al regresar al poder en 2007 “heredó las mejores condiciones macroeconómicas que cualquier otro gobierno en los últimos 40 años”, pero no supo aprovechar esas condiciones para que el país saliese verdaderamente de la pobreza.
Entre las condiciones favorables, menciona Jarquín, fueron la deuda externa controlada por la entrada en vigencia de la HIPC, un superávit fiscal en vez de déficit, bajas tasas de interés internacionales, una economía en crecimiento y con un boom en precios de todos los productos de exportación nicaragüense.
“Y en esas condiciones tan favorables, la tasa de crecimiento económico antes del inicio de la crisis apenas fue superior a los gobiernos anteriores. Y si consideramos los dos años de crisis por la represión, la economía en los 13 años de Ortega solamente ha crecido 2.4 por ciento, es decir, la mitad que en los gobiernos democráticos”, afirmó Jarquín.
Los analistas consideran equivocado que el régimen orteguista repita la receta que le falló anteriormente, de intentar sostener el gasto presupuestario apostando por mayor endeudamiento público cuando, según los analistas, debe ser propiciando que la economía recupere la estabilidad para empezar a crecer.
“Mientras la crisis sociopolítica exista la economía no levantará cabeza, pero quiere decir que Ortega busca dejarnos otra vez un país en bancarrota”, advirtió Langrand.
Para el exdiputado Langrand, el riesgo de la política de endeudamiento de la dictadura con un país en recesión “es que la fuente de financiamiento se agote, porque en cualquier momento los organismos determinen que la capacidad de pago del país se disminuye debido a la inestabilidad financiera”.
Intenta cubrir hueco venezolano
Para Róger Arteaga, exgerente general del BCIE por Nicaragua, la explicación de que el régimen orteguista acelere el ritmo del endeudamiento público es porque busca cubrir el hueco dejado por Venezuela, su tradicional aliado político sumergido en su propio caos social y económico.
“Tiene una razón que Venezuela dejó de mandarle dinero a Nicaragua, recuerda que esa cooperación vía el acuerdo con el petróleo llegó a acumular los 4,900 millones de dólares, dinero que manejaba como quería Ortega, pero ahora ya no lo tiene y por eso anda desesperado prestando a los organismos financieros”, dijo.
Después de años de recibir hasta quinientos millones de dólares anuales por la factura petrolera, el régimen de Venezuela desplomó su cooperación a la dictadura de Ortega a 27.2 millones de dólares en 2018.