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farmacias, Nueva Segovia, Minsa

La farmacia Inmaculada, de Ocotal, comenzará a operar hoy luego que la dictadura de Daniel Ortega retrocediera en su medida de clausurarla. LAPRENSA/W. ARAGÓN

Propietarios de farmacias cerradas por el régimen orteguista por apoyar el paro nacional donarán medicamentos

“Esto es injusto lo que nos hacen, nos castigan severamente por estar opuestos a los abusos, injusticias y crímenes cometidos por este gobierno”, aseveró Marcos Herrera Beltrán, uno de los propietarios afectados.

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Ninoska Zamora Zeledón y Marcos Herrera Beltrán consideran como un acto “cobarde” la represalia política del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo contra ellos por haberse sumado al último paro nacional, asegura el abogado ocotaliano Erick Rivera, representante legal de la pareja. El régimen les cerró definitivamente dos farmacias de las que son propietarios y están ubicadas en el municipio de Jalapa y en la ciudad de Ocotal, zonas del departamento de Nueva Segovia.

Rivera asegura que las autoridades orteguistas del Ministerio de Salud (Minsa) en Nueva Segovia violaron todos los procedimientos legales al no agotar las vías necesarias para el cierre total de los negocios de sus representados. “Fue tanto el odio político que destilaron las autoridades orteguistas del Minsa de Nueva Segovia que mandaron de un solo tajo a clausurar las dos farmacias, sin antes haber agotado por escrito los procedimientos de llamadas de atención a los propietarios, quienes por no haber abierto el día de la protesta nacional del pasado 23 de mayo, ya que decidieron sumarse, los castigaron cerrando sus negocios”, señaló. Agregó que apelará a la resolución arbitraria y abusiva del Ministerio de Salud de este departamento segoviano.

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“En el cierre de la farmacia Inmaculada de la ciudad de Ocotal, el 31 de mayo pasado, el castigo es doble para su propietario don Marcos Herrera Beltrán, a este lo castigan por no haber abierto el día del paro nacional y porque él es el diácono de la iglesia católica”, agregó Rivera.

Marcos Herrera manifestó que el cierre de su negocio es un castigo del orteguismo por estar en contra del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. “El cierre me significa graves problemas económicos porque tengo inversión con créditos de la banca nacional y tengo que honrar esos compromisos para no afectar mi record crediticio”, señaló.

A la vez dijo, que no se arrepiente de haber apoyado la huelga nacional del pasado 23 de mayo,  ya que “yo he apoyado todos los paros que ha habido desde el 18 de abril del año pasado, fecha en que iniciaron las protestas y manifestaciones en contra de este gobierno, y seguiré en esta lucha hasta que se logre un cambio de gobierno porque este es un deber patriótico”, expuso.

Herrera asegura que no es la primera vez que sufre represalias de parte del régimen. “No es la primera vez que el gobierno se ensaña conmigo y mi familia porque en mayo del 2018 fui despedido del colegio Inmaculada Concepción “Fe y Alegría”, donde impartía clases de Lengua y Literatura por apoyar las marchas y protestas en contra de este régimen”, detalló.

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También dijo que su esposa había recibido hace cuatro años la licencia para operar la farmacia Inmaculada, en la que se invirtió recursos obtenidos a través de préstamos de bancos y créditos de las mismas farmacéuticas. “Esto es injusto lo que nos hacen, nos castigan severamente por estar opuestos a los abusos, injusticias y crímenes cometidos por este gobierno”, aseveró.

Ninoska Zamora. LA PRENSA/William Aragón

En la casa de Herrera, donde funcionaba la farmacia, está también la clínica de varios médicos especialistas que prestan atención a pacientes con bajos recursos económicos. “Ahora para no perder nuestro lote de medicamentos por su caducidad vamos a donar a pacientes con escasos recursos económicos”, dijo el también diácono de la iglesia católica de Ocotal, ya que el Minsa les ordenó cerrar inmediatamente el negocio y son supervisados para que sus fármacos no permanezcan más en las vitrinas, de lo contrario serían sancionados con la imposición de severas multas que superarían los 50 mil córdobas.

“Estamos recogiendo todo los medicamentos y vamos guardarlos para ver su destino, y que se podría traducir en donativos a las familias de escasos recursos económicos, en vista de que tienen fecha de vencimientos y sería doloroso perderlos”, comentó Ninoska Zamora, propietaria de la farmacia San Martín clausurada también el 31 de mayo pasado.  Zamora considera que el cierre de la farmacia no es más que un acto vil y cobarde de la dictadura como represalia por haber participado del paro nacional. “No descartamos que más farmacias y otros negocios sean cerrados en los próximos días”, señaló.

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La resolución del doctor Ergin Paul Rodríguez Silva, director general de Salud de Nueva Segovia, decía en su considerando final que se clausuraba definitivamente los establecimientos farmacéuticos de Farmacia inmaculada de la ciudad de Ocotal y la Farmacia San Martín del poblado del municipio de Jalapa.

Marcos Herrera. LA PRENSA/William Aragón

Más negocios en la mira del gobierno en Nueva Segovia

El cierre de más negocios comerciales parecen eminentes en los próximos días en varias zonas de Nueva Segovia, según confió la mañana de este lunes una fuente ligada a la estructura departamental del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), quien aseguró que en varias instituciones del gobierno segoviano se envió fotos de negocios que fueron recopiladas por funcionarios del estado; y que en la secretaría de ese partido ya se revisa minuciosamente la lista.

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“Vos sabes muy bien que se trata de cumplir orientaciones emanadas por el Comandante Daniel (Ortega) y la compañera Rosario (Murillo) de que se proceda a cerrar todos aquellos negocios de los golpistas que se sumaron al paro nacional el 23 de mayo, y de eso se encargaron los delegados de andar haciendo fotos de los establecimientos que ese día cerraron sus puertas a la población”, expuso el militante sandinista.

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