Como catastrófica, por los efectos que provocará en las exportaciones y la cantidad de empleos que pondrá en riesgo, calificaron representantes del sector privado la posible expulsión de Nicaragua del Cafta.
El Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, Estados Unidos y República Dominicana (DR-Cafta, por sus siglas en inglés) fue firmado en el 2005 con seis naciones de la región.
Según medios estadounidenses, funcionarios del gobierno de Donald Trump estudian este acuerdo para determinar si pueden bloquear el acceso preferencial de Nicaragua, República Dominicana y El Salvador al mercado estadounidense, pero sin afectar el resto del acuerdo.
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De acuerdo con declaraciones de esos funcionarios, la consolidación del autoritarismo del régimen Ortega-Murillo es lo que ha motivado el interés del ejecutivo de Donald Trump de excluirlo del convenio. Mientras que para El Salvador y República Dominicana, su ruptura con Taiwán para establecer relaciones con China estaría provocando su posible exclusión.
“Como Estados Unidos ha dejado en claro, no permitiremos que nuestros acuerdos comerciales, incluido el DR-Cafta, se conviertan en una puerta trasera para beneficiar a economías que no respetan el mercado y son actores represivos en la región”, dijo un funcionario de la administración de Trump a medios estadounidenses.
Estados Unidos es el principal socio comercial de Nicaragua. Cerca del 50 por ciento de las exportaciones de productos locales, es decir unos mil millones de dólares anuales, tiene como destino el mercado estadounidense.
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También se afectarían las exportaciones de las empresas que operan bajo el régimen de zona franca, que en los últimos años han enviado a ese mercado unos dos mil millones de dólares anuales.
Sería catastrófico
“Sería catastrófico. Las empresas de zona franca perderían competitividad, entonces los inversionistas harán su cuenta costo-beneficio y teniendo a Honduras tan cerca, creo que muchos optarían por trasladarse a ese país y hasta quedarse en algunos países de Asia porque ellos lo que buscan es rentabilidad, además podrían perderse cerca de 130 mil empleos que genera el sector”, reveló Azucena Castillo, negociadora política del acuerdo y actual diputada por el Partido Liberal Constitucionalista (PLC).
Si Nicaragua es excluida del convenio, podrá seguir enviando sus productos a ese mercado pero pagando los aranceles establecidos, por lo que perdería competitividad.
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Según Castillo, esta exclusión le quitaría a Nicaragua la competitividad de gran parte de sus productos tradicionales que sostienen el 80 por ciento de las exportaciones a ese país, entre ellos carne de bovino, café, oro, productos del mar, entre otros.
También afectaría a los no tradicionales —llamados también productos nostálgicos—, que en los últimos años lograron abrirse espacio en ese mercado, entre ellos las artesanías, cereales, rosquillas y otros. Después de años de trabajo, los productos locales están llegando a 17 de los cincuenta estados de Estados Unidos y con la exclusión del convenio todo ese trabajo se pondría en riesgo por la pérdida de competitividad, lo cual provocaría tener que pagar los impuestos establecidos a los productos.
Es mensaje para los países
Mario Arana, que también participó en la negociación del Cafta, considera que el texto del convenio que se firmó como bloque regional no establece un mecanismo para la exclusión de uno de los países firmantes, por lo que habría que definirlo. Pero considera que la amenaza de exclusión es un mensaje para los países que no están el línea con los compromisos adquiridos en torno a temas de democracia y respeto a los derechos humanos, de propiedad y otros.
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“Obviamente si se perdiera eso (el trato preferencial), los productos tendrían que pagar los impuestos vigentes dentro del marco de la OMC (Organización Mundial del Comercio) y eso afectaría especialmente al sector textil de zona franca”, advierte Arana, expresidente del Banco Central de Nicaragua.
Para Castillo, Nicaragua aún está a tiempo de impedir que Estados Unidos concrete su deseo de excluirlo del Cafta.
Se puede evitar
“Tanto el Congreso como el Ejecutivo (de Estados Unidos) han dejado abiertas dos escaleras que están ahí. Lo único que tiene que hacer el Gobierno de Nicaragua es dar muestras de que va a volver al redil de la democracia, que se acabe la represión y que salgan los presos políticos y que se siente a negociar. Creo que por el bien de todos los nicaragüenses esa sería la solución para una reconciliación sincera y verdadera”, asegura Castillo.
Para el presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), José Adán Aguerri, la exclusión de Nicaragua de ese convenio solo empeoraría la situación del empleo que ante la crisis financiera que enfrentan las empresas, ha sido muy golpeado debido a que en 2018 prácticamente el 60 por ciento de las exportaciones totales del país, incluidas las de zona franca, tuvo como destino el mercado estadounidense.
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“En diciembre fuimos claros en señalar que esta era una amenaza latente si no se encuentra una salida política. Es muy importante entender que urge una decisión del presidente (Daniel Ortega) en este sentido, para evitar que estas amenazas se den. Ignorar la realidad no va a detener la caída. Los que van a ser más afectados son los sectores más vulnerables”, resalta Aguerri.
En diciembre pasado, durante el encuentro en el que se presentó el balance de las afectaciones de la crisis sociopolítica que enfrenta el país desde hace 268 días, Aguerri no descartó que tanto el Cafta como el Acuerdo de Asociación (AdA) vigente con la Unión Europea resultaran afectados.
Compras triplicadas
Según las estadísticas del Departamento de Comercio de Estados Unidos, en 2005 —año previo a que entrara en vigencia el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana— ese país le compró a Nicaragua 1,180.8 millones de dólares en productos, incluidos los de zona franca.
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En 2017 las compras totales del mercado estadounidense a Nicaragua alcanzaron los 3,262.6 millones de dólares. Mientras que entre enero y octubre de 2018 las compras de ese país a Nicaragua fueron por 3,028.6 millones de dólares.