Cuando la comunidad internacional tiene los ojos puestos en la represión de la dictadura de Daniel Ortega, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, metió más presión al régimen con la firma este jueves de la Ley de sanciones Nica Act.
Así entró en vigencia una legislación que posibilita más sanciones al régimen, pero también a que se pueda limitar el acceso de este a recursos en los organismos multilaterales.
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La aplicación de la Ley Nica podría evitarse si la dictadura Ortega Murillo, adopta pasos efectivos hacia la democracia: realización de elecciones libres y anticipadas, y el fin de la violencia contra la ciudadanía iniciada en abril, entre otros.
La Nica Act se transforma en la tercera herramienta de sanciones contra Ortega, sus funcionarios y cómplices involucrados en casos de corrupción y violaciones a los derechos humanos.
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La otra es la Ley Global Magnitsky, aplicada por Trump en julio pasado contra miembros del entorno de Ortega, y finalmente la orden ejecutiva de la Casa Blanca que abre la posibilidad de mayores castigos e incluye también a los cómplices del régimen.
Para Beatrice Rangel, directora del Instituto Interamericano para la Democracia (IID), con sede en Miami, al convertirse en Ley la Nica Act, la administración podrá aplicar mayor número de sanciones a los responsables de violaciones a los derechos humanos y el mal manejo de los fondos públicos.
Les cambia la vida
El panorama para Ortega no es nada alentador, debido a que “una vez aplicadas las sanciones es muy difícil para estas personas y para los gobiernos desarrollar una vida financiera sana”, explicó la experta.
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Aunque Rangel señala que la dictadura podría conseguir algunos préstamos, a través de terceros países, esto se vuelve difícil de obtener y muy costoso porque representa un alto riesgo para los acreedores.
Rangel estima que en el mediano plazo se harán efectivas las sanciones. “Esta es una sociedad democrática aquí las cosas no se pueden hacer abusivamente”.
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La directora del IID se refiere a las investigaciones y a la entrega de los informes que deberá presentar el Departamento de Estado y el Tesoro a diferentes comités en ambas cámaras legislativas.
Los amigos de Ortega
Para la experta, los amigos que le quedan a Ortega son Venezuela, Cuba y Rusia, y económicamente es poco lo que le pueden ofrecer, pero sostiene que sí pueden suministrarle armas y municiones para reprimir al pueblo y prolongar la permanencia del dictador.
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“Rusia está en una competencia geopolítica con los Estados Unidos, pero no puede ser vista como una potencia mundial porque no figura en las primeras economías del mundo”, valoró la experta.
Para Rangel, Rusia podría verse afectada con las sanciones de la Nica Act porque la Ley también está dirigida a los involucrados en proporcionar medios a la dictadura de Ortega para reprimir a los nicaragüenses.
Las claves de la Nica Act
La ley firmada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contiene los siguientes puntos:
1- Restricciones a créditos al régimen de Daniel Ortega en la banca internacional.
2- Imposición de sanciones individuales a funcionarios y cómplices de la dictadura en corrupción y violaciones a los derechos humanos.
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3- Informe a entregar por el secretario de Estado a más tardar en 180 días. Posterior certificación anual y waiver (excepción) para determinar si el Gobierno cumple con los pasos que exige la Ley para la democratización del país y respeto a los derechos humanos.
4- Entrega de informe a más tardar en 180 días sobre los derechos humanos y corrupción que hará también el Departamento de Estado.
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La Casa Blanca emitió una declaración de Trump, minutos después que se conoció la firma de la Nica Act.
En esa comunicación, además de reiterar el apoyo al restablecimiento de la democracia en Nicaragua, el republicano explica que las consultas con el Legislativo —a las que obliga la Ley al Departamento de Estado en el caso de Nicaragua—, él las tomará como una asesoría, tomando en cuenta la independencia de poderes del Estado y la autoridad constitucional del presidente para regir la política exterior de ese país.
Golpe a inversión pública
Según el director ejecutivo de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides), Juan Sebastián Chamorro, los efectos de la Ley Nica vendrán a reiterar los impactos de la crisis. “Anterior a la crisis esperábamos una caída del cinco por ciento del PIB. Con la ley esta proyección de la caída será del siete por ciento, más desempleo y menos inversiones. Todo esto para 2019. Al cerrarse las posibilidades de financiamiento externo, las inversiones públicas, que dependían en el 80 por ciento de esta fuente externa, tendrá que detenerse”, dijo.
El Gobierno no responde en consecuencia a las demandas institucionales y de derechos humanos planteadas, el país tendrá efectos económicos adversos”.José Adán Aguerri, presidente del Cosep.
El responsable de la Nica Act es Ortega y su represión. El régimen va a querer culpar a otros como siempre lo hace. La verdad es que el asesinato de inocentes y la represión al pueblo es lo que nos tiene aquí”.Juan Sebastián Chamorro, director ejecutivo de Funides