El 26 de septiembre dará inicio el proceso legislativo para la aprobación de sanciones contra el régimen de Daniel Ortega. Para ese día el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos ha puesto en agenda la Ley de Derechos Humanos y Anticorrupción de Nicaragua 2018, S.3233, presentada por el líder demócrata Bob Menéndez.
El proyecto legislativo fue presentado el pasado 18 de julio, con el copatrocinio de diez senadores de ambos partidos (republicanos y demócratas), pero a pocos días del inicio del proceso de discusión para convertirse en ley, ya son 14 los senadores que empujan la propuesta, incluyendo Menéndez.
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Los copatrocinadores son Ted Cruz, Bill Nelson, Marco Rubio, Richard Durbin, David Perdue, Patrick Leahy, Tim Kaine, Benjamin Cardin, Tom Cotton, John Cornyn, Bill Cassidy, Christopher Coons y Dianne Feinstein.
La iniciativa de ley establece la imposición de sanciones a funcionarios del régimen de Ortega, responsables de las muertes producto de la represión, las violaciones a los derechos humanos y la corrupción en la nación centroamericana.
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Tiene como propósito acabar con la represión gubernamental que ha ocasionado entre 322 y 484 muertos, cerca de tres mil heridos y más de un centenar de presos políticos desde el pasado 18 de abril, revelan informes de organismos de derechos humanos internacionales y nacionales.
Entra a debate con enmienda
El proyecto legislativo entrará a debate en el Comité de Relaciones Exteriores con una enmienda bipartidista que incluye sanciones adicionales contra el régimen sandinista, reportes de la comunidad de inteligencia sobre Nicaragua, más una versión actualizada de la propuesta de la Nica Act de la Cámara de Representantes, la S.2265, un proyecto de la congresista Ileana Ros-Lehtinen que fue aprobado por el Congreso el 3 de octubre de 2017, que posteriormente pasó al Senado, donde ha permanecido a la espera de discusión.
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La Nica Act que fue presentada en la Cámara Alta por el senador Ted Cruz, con el copatrocinio de siete senadores, entrará a debate como parte de la enmienda, con el respaldo de cuatro senadores más; ellos son Bill Nelson, Tim Kaine, Bill Cassidy y Dianne Feinstein.
“Se espera que del Comité de Relaciones Exteriores del Senado saldrá una propuesta que incluirá una fusión entre Nica Act y la propuesta del senador Menéndez”, explicó una fuente legislativa.
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Expertos en temas legislativos estiman que la propuesta será aprobada fácilmente en el Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara Alta.
Luego será sometido a discusión ante el pleno del Senado para votación y de ser aprobada se convertirá en ley, la primera dirigida de manera directa para el régimen de Nicaragua.
Posteriormente la iniciativa será enviada a la Cámara de Representantes, donde existe la posibilidad que sea aprobada por votación unánime, es decir, que no habría un debate prolongado porque ya fue considerada una versión anterior en la Cámara, conocido como el H.R.1918.
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Una fuente en el Congreso explicó que, al llegar el proyecto a esa Cámara, iría directamente al pleno para su aprobación.
“La propuesta es que una vez que los dos proyectos (de Menéndez y Ros-Lehtinen) cuenten con la aprobación para su fusión, llevará el nombre de Nica Act”, dijo la fuente.
Las estimaciones indican que ambas iniciativas se conviertan en ley, con la firma del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, antes que finalice el 2018.
Sanciones Ley Menéndez
La Ley de Derechos Humanos y Anticorrupción de Nicaragua 2018, S.3233, establece el bloqueo de activos, prohibición de transacciones bajo la jurisdicción de Estados Unidos, de propiedades o intereses en una propiedad, negación o revocación de visas, y penalidades económicas, sanciones similares a la Global Magnitsky Act.
Solicita a los servicios de inteligencia investigar la participación de funcionarios del régimen nicaragüense involucrados en violaciones a los derechos humanos y en corrupción.
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Igualmente, insta al Departamento de Estado certificar anualmente que el Gobierno de Nicaragua adopta las medidas adecuadas para alcanzar el establecimiento de la democracia en el país, el respeto a los derechos humanos y la lucha contra la corrupción.
Nica Act
El proyecto establece condicionalidades al régimen de Ortega para la aprobación de préstamos ante organismos financieros internacionales, un instrumento del que depende Nicaragua para la ejecución de proyectos de desarrollo.
Para que el Gobierno de Nicaragua cuente con el voto de Estados Unidos ante las instituciones financieras, la Nica Act exige que se tomen medidas para garantizar la transparencia electoral y combatir la corrupción.
Asimismo, el respeto a los derechos humanos y un informe del secretario de Estado, en consulta con la comunidad de Inteligencia, sobre la participación de altos funcionarios del Gobierno de Nicaragua en actos de corrupción pública, lavado de dinero o violaciones a los derechos humanos, tal como fue aprobada la versión original de la ley en el Congreso en 2017.
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La unión de los dos proyectos legislativos de sanciones al convertirse en una sola ley, será mucho más fuerte contra el régimen de Ortega, debido a que limitará el acceso a los créditos ante los organismos financieros multilaterales, y designará sanciones individuales similares para funcionarios y allegados al régimen.
Hasta ahora Estados Unidos ha sancionado a cuatro funcionarios allegados a Ortega por medio de la Ley Global Magnitsky. Ellos son Francisco Díaz, recién nombrado director de la Policía y consuegro de Ortega; Francisco López, tesorero del Frente Sandinista y vicepresidente de Alba de Nicaragua SA (Albanisa); Fidel Moreno, uno de los máximos cabecillas del Frente Sandinista; y Roberto Rivas, expresidente del Consejo Supremo Electoral (CSE).
Igualmente, han sido sancionados con la revocación de visas funcionarios del régimen de Ortega y sus familiares.