La congresista republicana Ileana Ros-Lehtinen, junto a otros representantes en la Cámara Baja, promueve que la administración del presidente Donald Trump aplique sanciones más fuertes al régimen de Daniel Ortega, con un trato similar al de Irán en materia de sanciones, con el fin de ponerle presión al gobierno de Ortega —considerado violador de derechos humanos y corrupto—.
Ros-Lehtinen y su colega Albio Sires presentaron el pasado 28 de agosto un proyecto de ley de sanciones a personas responsables de violencia y abusos a los derechos humanos en Nicaragua, y para otros fines, que persigue acabar con la represión de Ortega y la realización de elecciones anticipadas en Nicaragua.
La represión gubernamental ha dejado entre 322 y 481 muertos, cerca de tres mil heridos y más de trescientos presos políticos desde el pasado 18 de abril, revelan informes de organismos de derechos humanos internacionales y nacionales.
Le puede interesar: Congresistas anuncian nuevo proyecto de ley contra Daniel Ortega
“El régimen de Ortega es indudablemente criminal, día a día oprime y mata al pueblo de Nicaragua. Este proyecto de ley está diseñado para castigar a cualquier persona que les proporcione ayuda a estos opresores”, dijo la congresista federal.
Las sanciones contra Irán incluyen la prohibición de suministro de armas y tecnologías y la congelación de activos para frenar el programa nuclear.
La legisladora valoró que las sanciones contra Irán han sido eficaces en ponerle presión a ese régimen. “Espero que podamos mantener esa misma presión contra Ortega y sus secuaces para detener la ola de represión contra el pueblo nicaragüense”, afirmó Ros-Lehtinen.
Lea además: Catorce legisladores estadounidenses firman carta para sancionar a dos hijos de Daniel Ortega
Rafael Cárcamo, activista de origen nicaragüense que ha denunciado al gobierno de Ortega ante legisladores en el Congreso y el Senado, dijo que el nuevo proyecto de ley incluye sanciones para nicaragüenses y extranjeros que hayan cometido actos de corrupción y estén involucrados en acciones de apoyo al gobierno de Ortega.
“La (iniciativa de) ley habla de transacciones (bancarias), relaciones comerciales con PDVSA (Petróleos de Venezuela SA, investigada por narcotráfico y lavado de dinero), venta de armas y de tecnologías, o que hayan tenido relaciones comerciales con el Gobierno de Nicaragua, incluso con el de Venezuela”, refirió.
Cárcamo aseguró que la nueva legislación permitiría a Estados Unidos responsabilizar a cualquier persona, incluidos funcionarios de Venezuela, Cuba, China y Rusia que proporcionen tecnología y equipos que podrían utilizarse para cometer abusos contra los derechos humanos, como armas, equipos de vigilancia y telecomunicaciones.
Acciones contra fondo ALBA
“En esa relación que existe entre PDVSA y Albanisa hay millones de dólares que de alguna manera han escapado del escrutinio de los organismos internacionales, Estados Unidos y Europa, dinero que ha ido a las arcas de los (funcionarios de) gobiernos corruptos de Venezuela y Nicaragua. Este proyecto de ley trata de sanciones individuales, específicas y probablemente llevará a los implicados ante la justicia”, explicó Rafael Cárcamo, activista de origen nicaragüense que ha denunciado a Ortega ante legisladores en el Congreso y el Senado.
Lea también: Estados Unidos prepara más sanciones para Nicaragua
“Aunque Nicaragua e Irán no son exactamente iguales, los regímenes dictatoriales copian las tácticas represivas entre ellos. Nuestro país no se puede quedar con los brazos cruzados frente a esta crisis”, manifestó Ros-Lehtinen. La iniciativa es similar al proyecto de sanciones para Nicaragua presentado por el senador Bob Menéndez en la Cámara Alta.
