Un proyecto de ley de sanciones dirigido al gobierno de Daniel Ortega fue presentado la tarde del martes en el Congreso de Estados Unidos.
La iniciativa está destinada a sancionar a exfuncionarios y funcionarios del régimen de Ortega y su esposa Rosario Murillo, involucrados en actos de corrupción y violaciones a los derechos humanos durante las protestas antigubernamentales.
El proyecto, denominado “Ley de sanciones a personas responsables de violencia y abusos a los derechos humanos en Nicaragua, y para otros fines”, tiene como código de identificación HR6833.
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De ser aprobado será una nueva herramienta de sanciones que la administración del presidente Donald Trump podrá implementar contra el régimen de Ortega.
La iniciativa legislativa tiene como propósito acabar con la represión gubernamental que ha ocasionado entre 322 y 450 muertos, cerca de tres mil heridos y más de un centenar de presos políticos desde el pasado 18 de abril, revelan informes de organismos de derechos humanos internacionales y nacionales.
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El proyecto fue presentado por los congresistas Ileana Ros-Lehtinen y Albio Sires.
Es similar al presentado en la Cámara Alta por el líder demócrata en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos, Bob Menéndez, el pasado 18 de julio, llamado “Ley de 2018 para los Derechos Humanos y la Lucha contra la Corrupción en Nicaragua”, que contempla la aplicación de nuevas sanciones, la exigencia de convocatoria de elecciones anticipadas, y solicita a los servicios de inteligencia en Estados Unidos investigar la participación de funcionarios del gobierno orteguista en casos de corrupción y violaciones a los derechos humanos.
Sanciones por crímenes
Las sanciones del proyecto de ley de presentado por Ros-Lehtinen y Sires incluye el bloqueo de activos que estén bajo la jurisdicción de Estados Unidos, y la suspensión de visados a personas vinculadas al gobierno de Ortega responsables en la ola de crímenes producto de la represión
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De acuerdo con el proyecto de ley, las sanciones estarían dirigidas a responsables de perpetrar los actos de violencia en Nicaragua contra manifestantes que participan en las protestas desde el pasado 18 de abril.
Igualmente, incluye a cómplices que han contribuido con apoyo financiero y tecnológico para cometer actos de violencia y abusos a los derechos humanos.
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También abarca a exfuncionarios del régimen de Ortega involucrados en la represión gubernamental.
Aplica por corrupción en Venezuela y Nicaragua
El proyecto está dirigido a individuos cómplices en actos de corrupción con el gobierno de Ortega, que hayan participado en la expropiación de activos privados y públicos para obtener lucro personal, o estén relacionados con contratos gubernamentales, sobornos, o facilitación de transferencias a jurisdicciones extranjeras producto de la corrupción.
Al mismo tiempo, incorpora como sujetos de designación de sanciones a personas que hayan cooperado con exfuncionarios o funcionarios del Gobierno de Venezuela, o con individuos que actúan en nombre de ese gobierno y estén asociado con la realización de negocios con la estatal Petróleos de Venezuela SA (PDVSA) —señalada de narcotráfico y lavado de dinero— o su subsidiaria Alba de Nicaragua SA (Albanisa).
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El proyecto de ley establece que noventa días después de la aprobación del mismo el presidente deberá presentar ante el Congreso una lista de personas involucradas en actos de corrupción y violaciones a los derechos humanos.
En refuerzo de otras acciones
La iniciativa se suma al proyecto de Ley Nica Act, aprobado por el Congreso en 2017, y que actualmente se encuentra a la espera de discusión en el Senado de Estados Unidos.
Funcionarios del gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo enfrentan sanciones con la revocación de visas, una medida que incluye a sus familiares. El Departamento del Tesoro designó sanciones con la Ley Global Magnitsky a cuatro funcionarios del entorno de Daniel Ortega, ellos son: Francisco Díaz, jefe de la Policía Nacional y consuegro de Ortega; Francisco López, vicepresidente de Albanisa; Fidel Moreno, secretario del Frente Sandinista en Managua; y Roberto Rivas, expresidente del Consejo Supremo Electoral (CSE). Las sanciones de los tres primeros fueron aprobadas el pasado 5 de julio, y en el caso de Rivas Reyes, el 20 de diciembre de 2017.