Catorce legisladores de ambos partidos políticos en el Senado y la Cámara Baja de Estados Unidos están solicitando al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a través de una carta enviada el viernes, aplicar la Ley Magnitsky a dos de los nueve hijos de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Se trata de Laureano y Juan Carlos Ortega Murillo, a quienes señalan de estar involucrados en violaciones a los derechos humanos y en actos de corrupción.
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La lista de los nuevos propuestos para sanciones también incluye al presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras y la ministra de Salud, Sonia Castro.
La carta está firmada por los senadores Marco Rubio y Bill Nelson; igualmente por los congresistas: Ileana Ros-Lehtinen, Eliot Engel, Paul Cook, Albio Sires, Mario Díaz-Balart, Debbie Wasserman Schultz, Carlos Curbelo, Michael Conaway, Ann Warner, Robin Kelly, Steve Chabot y Tedd Budd.
“Le solicitamos que determine si los ciudadanos nicaragüenses Sonia Castro, Laureano Ortega Murillo, Juan Carlos Ortega Murillo y Gustavo Porras cumplen los criterios para rendir cuentas bajo la Ley Global Magnitsky”, dice la carta en la que argumentan con detalles las causas por las que cada uno de los mencionados debe ser sujeto de investigación e incluido en la lista de corruptos a nivel mundial.
“Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo, han duplicado sus esfuerzos por permanecer en el poder y han incrementado la violenta represión contra el pueblo nicaragüense. Desde que las protestas comenzaron a mediados de abril, casi cuatrocientas personas han sido asesinadas y más de dos mil personas han resultado heridas”, dice uno de los párrafos de la misiva.
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Esta es la tercera solicitud de sanciones realizada por legisladores estadounidenses, dos propuestas anteriores fueron aprobadas por la Administración Trump. Es así que el Departamento del Tesoro designó sanciones con la Ley Global Magnitsky a cuatro funcionarios del entorno de Daniel Ortega, ellos son: Francisco Díaz, jefe de la Policía Nacional, y consuegro del mandatario; Francisco López, vicepresidente de Albanisa; Fidel Moreno, secretario general de la alcaldía de Managua, y Roberto Rivas, expresidente del Consejo Supremo Electoral (CSE). Las sanciones de los tres primeros fueron aprobadas el pasado 5 de julio, y en el caso de Rivas Reyes, el 20 de diciembre de 2017.
Laureano, posible sucesor de Daniel Ortega
Los 14 legisladores proponen al asesor de inversiones ProNicaragua, Laureano Ortega Murillo —a quien se refieren como posible sucesor de Daniel Ortega—, por actos de corrupción, por su flagrante violación a los derechos humanos, y por el abuso de los recursos de Nicaragua.
En la misiva destacan la participación del hijo de la pareja presidencial, en el proyecto para la construcción del canal interoceánico con el empresario chino Wang Jing, al que llaman “proyecto ampliamente corrupto y fallido”.
Igualmente, hacen referencia a investigaciones realizadas por el Diario LA PRENSA sobre la Planta de Vacunas Mechnikov, un fracasado proyecto financiado en gran parte con fondos del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS); la costosa fiesta rusa realizada por el director de Mechnikov a Laureano Ortega, cuyo costo superó los cincuenta mil dólares; y sobre el alto nivel de vida que ostenta el hijo de la pareja presidencial, pese a que asegura trabaja “gratis” en el gobierno de sus padres.
Juan Carlos Ortega Murillo es propuesto por el uso inapropiado de fondos (públicos) y su rol al silenciar los medios independientes.
Porras por dirigir a los paramilitares
Gustavo Porras es señalado por los legisladores de dirigir y movilizar (paramilitares para cometer) actos contra manifestantes pacíficos.
Sonia Castro, ministra de Salud, es propuesta para sanciones según la carta, por prohibir la atención médica a los heridos, traslado de armas en las ambulancias de ese ministerio, despedir a médicos que no acataron la orden de no atender a los heridos durante las protestas, y de amenazar a estudiantes.
“La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha recibido amplia información sobre la negación de atención médica y la obstrucción de la ayuda humanitaria a los manifestantes. Informes recientes indican que a los manifestantes se les ha negado atención médica”, dice la carta que ejemplifica el caso de Álvaro Conrado, el adolescente que falleció desangrado ante la negativa del Hospital Cruz Azul de atenderlo, siguiendo las instrucciones de Castro.
La presidenta emérita del Comité de Relaciones Exteriores del Congreso, Ileana Ros-Lehtinen dijo que “ninguna persona, independientemente de la posición que ocupe, tiene derecho de abusar de las libertades de los demás. Es por eso que mis colegas y yo estamos instando a la Administración a investigar las acciones infames de (estos) cuatro individuos”.
Más sanciones
La presidenta emérita del Comité de Relaciones Exteriores del Congreso, Ileana Ros-Lehtinen, dijo confiar que el Senado va a actuar pronto para aprobar el Nica Act para “quitarle fondos a Ortega que pueden ser utilizados para reprimir y abusar de los derechos del pueblo de Nicaragua. La estrategia de los Estados Unidos debe servir para poner presión al régimen para que la democracia, paz y prosperidad regresen a Nicaragua”. Además la congresista dijo que próximamente presentará una nueva iniciativa de Ley de Sanciones similar a la presentada en la Cámara Alta por el senador Bob Menéndez, que pide la aplicación de sanciones contra miembros del Gobierno de Daniel Ortega “responsables de la muerte de personas que participaron en las protestas”.