En medio de la crisis económica que atraviesa Nicaragua, el Gobierno se empeña en derrochar el dinero de los nicaragüenses en marchas, contramarchas, caravanas y plantones cada semana.
Con la cuestionada reforma al Presupuesto General de la República, que aprobó la Asamblea Nacional, se benefició en gran medida a la Empresa Nicaragüense de Petróleos (Petronic) con un aumento de 459 millones de córdobas. Petronic, brazo del orteguismo, es de donde se abastecen los buses del transporte urbano colectivo; dichas unidades son las que utiliza el Gobierno para movilizar a sus fanáticos de los diferentes distritos de Managua y municipios cercanos.
A eso se debe sumar la logística en cada contramarcha; desde tarimas, sonidos y hasta carrozas, a través de las cuales supuestamente denuncian los crímenes cometidos por los “golpistas”.
Asimismo, otros fondos son destinados a viáticos para los simpatizantes del partido de gobierno; sin embargo, no todos gozan de este beneficio porque en el caso de los trabajadores del Estado están obligados a llegar por la amenaza que “pasarán lista”, y de no asistir, su puesto laboral estaría en riesgo.
Cada movilización implica no solo un desgaste económico, sino cansancio y hastío por parte de sus trabajadores, quienes no tienen excusa para no faltar a las contramarchas impuestas en cualquier momento.
Después de una década que el Frente Sandinista dominó las calles, la población autoconvocada se lanzó a la conquista de espacios para alzar su voz contra el régimen orteguista, cuyas manifestaciones se redujeron a la Avenida Bolívar.
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Azul y blanco
Con el estallido de abril, las calles volvieron al pueblo que las vistió del color de la bandera nacional, y poco a poco se fueron posicionando de espacios gobernados por el oficialismo, como la Plaza de las Victorias o la Rotonda Rubén Darío.
Pese a la represión e intimidación del Gobierno, la población no ha dejado las calles. Para el investigador Mario Sánchez, esas acciones políticas responden a varios propósitos, entre estos, crear un “choque” e incluso una acción intimidatoria contra los autoconvocados, ya que las marchas oficialistas se desarrollan bajo la custodia de fuertes despliegues policiales y con los recursos del Estado.
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Asedio a marchas
La última marcha azul y blanco fue el pasado sábado 18 de agosto, a propósito de los cuatro meses de protestas ciudadanas desde el 18 de abril. De último momento, la ruta se cambió para evitar que la manifestación autoconvocada se topara con la oficialista, en demanda de justicia por los 198 muertos que solo reconoce el Gobierno, bajo la campaña “que paguen por sus crímenes”. De acuerdo con el investigador Mario Sánchez, sus marchas también buscan generar confusión, es decir, no mostrarse como el responsable de las violaciones de derechos humanos.
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