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Galería | La insurrección de abril 2018

Todo empezó con una manifestación pacífica en Camino de Oriente. La Policía y las turbas paramilitares reprimieron, atacaron, lesionaron, detuvieron y mataron a protestantes. Comisiones de Derechos Humanos denuncian más de 60 muertos y unos 15 desaparecidos. El pueblo lo dice claro: fue el Gobierno

En cuestión de días, algunos barrios y universidades se convirtieron en campos de guerra. Manifestantes han sido atacados, reprimidos, golpeados y asesinados por los antimotines y las turbas sandinistas. Las manifestaciones empezaron el 18 de abril en Camino de Oriente, cuando un grupo de ciudadanos, jóvenes en su mayoría, protestaron por las reformas hechas al INSS unos días antes. El Gobierno envió a las turbas motorizadas y a la Juventud Sandinista, que vapulearon a los manifestantes a la vista de la Policía Nacional. Más de una semana después, se habla de muertos, heridos y desaparecidos. Ya no es por el INSS, dicen, ahora piden la renuncia de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

Todo comenzó el miércoles 18 de abril de 2018. Después que el Gobierno anunciara las reformas al INSS un grupo de ciudadanos, la mayoría jóvenes, decidieron concentrarse en Camino de Oriente para protestar. Sin embargo, unos minutos después que comenzaron a llegar las personas al lugar, motorizados de las turbas del Gobierno y miembros de la Juventud Sandinista atacaron a manifestantes, periodistas e incluso algunos establecimientos comerciales, todo en presencia de la Policía Nacional. Esa misma noche los manifestantes decidieron refugiarse en la Universidad Centroamericana (UCA), donde las turbas lograron ingresar y siguieron agrediendo a los jóvenes. LAPRENSA/Wilmer Lopez

El 20 de abril, después de que algunas empresas salieran a las calles para protestar, el Cosep convocó a una marcha para el lunes 23 de abril. La marcha recorrería solo el área de Metrocentro, Tiscapa y el Estadio Nacional, pero los manifestantes de todos los sectores decidieron que la marcha debía dirigirse hacia la Upoli, recinto que se caracterizó por estar en pie de lucha durante todos los días de protesta. Y donde además, hubo mayor represión policial. En la marcha participaron centenares de miles de personas.
LA PRENSA / Carlos Valle.

En medio de la nube de polvo que levanta el árbol de lata derribado, la multitud corre, salta y se dirige hacia la gigantesca estructura caída para saltar sobre ella. La patean, le arrancan pedazos, bujías y celebran que después de horas golpeándola y quemándola por fin cayó. La algarabía es similar a la de quienes derribaron el monumento ecuestre a Anastasio Somoza García, el 17 de julio de 1979. El primer “árbol de la vida” se derribó el 20 de abril, cerca de la Catedral. Hasta el cierre de esta edición por lo menos ocho “árboles de la vida” han sido derrumbado en los últimos días de protestas de los ciudadanos autoconvocados. Lo han hecho con motosierras, a punta de golpes, quemándolos o con una sierra de mano. “Tiene que ver con derribar el simbolismo del poder”, dijo a LA PRENSA en días anteriores la excomandante Dora María Téllez. LA PRENSA/ Óscar Navarrete.

El jueves 19 de abril los ciudadanos salieron a las calles para protestar contra las reformas al INSS. Las turbas, la Juventud Sandinista y los antimotines reprimieron las manifestaciones. Estudiantes de la UNI, UNA y Upoli se unieron a las protestas y armados de morteros y piedras se enfrentaron a los ataques de los antimotines, que incluyeron balas de goma y gases lacrimógenos. Para esta fecha se confirmaron tres muertes: Darwin Manuel Urbina, trabajador de un supermercado que pasaba por la Upoli durante el enfrentamiento; el policía Jilton Rafael Manzanares y Richard Edmundo Pavón Bermúdez, activista sandinista de Tipitapa. Ese día Monimbó se unió a la protesta y se enfrentó por más de seis horas consecutivas con antimotines. El barrio, que es históricamente sandinista, por primera vez desde 1979 levantó barricadas para defenderse de la Policía. LAPRENSA/ Roberto Fonseca.

La Upoli se convirtió en un campo de batalla desde que las universidades se unieron a las protestas por las reformas al INSS. Los estudiantes instalaron centros de atención médica dentro de la universidad y sobreviven con la comida que les dan los vecinos y las donaciones que reciben de los ciudadanos. Es una ciudadela de resistencia policial. En los alrededores, estudiantes y vecinos levantaron barricadas para protegerse e impedir el paso de la Policía Nacional. En la Upoli murió la primera víctima de los enfrentamientos, el jueves 19 de abril. LA PRENSA/ EFE

Desde la mañana del viernes 20 de abril, decenas de jóvenes empezaron a recolectar víveres en la Catedral de Managua para los heridos y estudiantes que se habían tomado las universidades. En la tarde, la Policía Nacional y la Juventud Sandinista llegaron a la Catedral para intimidar y asediar a los jóvenes que se encontraban adentro. Les cortaron la energía por un momento y después de las 7:00 de la noche algunos jóvenes empezaron a salir con familiares que llegaron a buscarlos. Algunos rehenes conseguían irse y otros más bien eran apresados.

El domingo 22 de abril cientos de personas saquearon negocios en algunos barrios de Managua. Llevaron electrodomésticos, ropa, comida, motos, etc. Uno de los negocios más afectados fue el Palí. Los saqueos fueron orquestados por el Gobierno para que la población y empresas culparan a los jóvenes manifestantes. Monseñor Báez desmintió que los estudiantes tuvieran la culpa a través de su cuenta de Twitter. Más tarde, los mismos vecinos salieron de sus casas para cuidar los negocios y que nadie culpara a los manifestantes. LA PRENSA / Carlos Valle.

El viernes 20 de abril el Centro Universitario de la Universidad Nacional (CUUN) UNAN-León y una patrulla fueron quemados por supuestos manifestantes contra las reformas del INSS. También la Radio Darío fue quemada y su propietario, Aníbal Toruño, acusó del hecho a turbas sandinistas lideradas por el diputado Filiberto Rodríguez. Los protestantes levantaron barricadas en las calles para defenderse de los antimotines y las fuerzas de choque enviadas por el Gobierno.
LA PRENSA / Eddy López

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