El año pasado 8.6 millones de dólares se destinaron para subsidiar el pago de la factura del servicio de energía eléctrica de los usuarios que viven en los asentamientos. Beneficio que en la más reciente reforma a la Ley 554, Ley de Estabilidad Energética, no se tocó pero está previsto que deje de otorgarse en 2020.
Un informe publicado en el sitio web del Instituto Nicaragüense de Energía (INE), detalla que en los últimos nueve años esta política de subsidio a los clientes de los asentamientos ha requerido el desembolso de 71.1 millones de dólares del Presupuesto General de la República.
Sin embargo, se desconoce la cantidad de hogares que recibieron el beneficio. Tampoco se sabe dónde están ubicados y cuántos son los asentamientos que han recibido el subsidio.
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Este beneficio a los usuarios del servicio eléctrico de los asentamientos se otorga desde 2008, ese año representó para el Estado un desembolso de 6.8 millones de dólares. Desde entonces anualmente el monto se ha venido incrementando, prácticamente al mismo ritmo que el subsidio a la tarifa social, que este mes será ajustada.
Se termina en 2020
El año pasado dicho beneficio le costó al Estado 8.7 millones de dólares, 1.9 millones de dólares más que en 2008 cuando comenzó a otorgarse.
En 2015, en la antepenúltima reforma a la Ley 554, Ley de Estabilidad Energética, se estableció que se continuaría subsidiando a los consumidores de los asentamientos humanos espontáneos y barrios económicamente vulnerables por un período de sesenta meses. Este plazo se cumple en 2020.
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“El subsidio a los asentamientos tiene una muerte fija, no es como el subsidio (a la tarifa social) que se reduce pero permanece. A los asentamientos les dicen que les van a dar un porcentaje y que luego va ir bajando y va a desaparecer en el 2020, por eso no lo tocaron (en la última reforma)”, explica el ingeniero eléctrico Fernando Bárcenas Molina.
Por su parte el economista Adolfo Acevedo señala que el subsidio a los asentamientos se asume para aliviar las pérdidas comerciales (robo de electricidad) que tiene la distribuidora de energía en este segmento de usuarios.
“En la mayoría de los asentamientos la gente está conectada ilegalmente y legalizar a ese sector es bien complicado porque hay que andar casa a casa y además hay que ver que el nacimiento de más asentamientos humanos provoca que estas pérdidas se mantengan”, explica Acevedo.
Este subsidio también debe revisarse
El economista asegura que tato el subsidio a este sector como el de la tarifa social debe revisarse, pero antes debe haber una reforma en todo el sector eléctrico.
“Yo estoy de acuerdo con el ingeniero Bárcenas, se debe transparentar todo el tema del sector eléctrico, en el sector tenemos un problema de tarifas excesivamente altas, contratos que se han establecido sin licitación, de manera directa, con una política de promover la energía renovable en gran medida no despachable, que requiere de tener de respaldo una fuerte capacidad térmica instalada y mantener esa energía como respaldo implica el pago a través de los contratos de compra de potencia y eso son los factores que inciden en que el precio de la energía sea cara en Nicaragua”, asegura Acevedo.
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El economista considera que sin una reforma profunda al sistema eléctrico se elimina el subsidio a los asentamientos en 2020, muchos de los clientes que actualmente reciben el beneficio no podrán pagar el costo real de la energía.
“Los subsidios están diseñados para compensar a los sectores de menor ingreso, sectores que no podrían pagar el costo de la tarifa, porque hay que tomar en cuenta que Nicaragua es un país pobre y tiene el costo de la energía de un país desarrollado”, dice Acevedo.
Asentamientos sin medidores
Aunque el informe del INE no detalla cuántos asentamientos reciben este subsidio, se calcula que son más de trescientos los que son beneficiados con esta política. Aunque hay que tomar en cuenta que cada año surgen nuevos barrios vulnerables, cuyos habitantes se conectan ilegalmente a la red de suministro eléctrico.
A los clientes que viven en los asentamientos se les cobra una tarifa con base en el consumo estimado, por lo que muchos de esos clientes han solicitado a la empresa distribuidora de energía que se les coloque su medidor.
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En los asentamientos normalmente solo se conecta al cliente a la red y en la pared de la casa se pega un cartel con el número NIS asignado, pero sin medidor. Aunque el compromiso es que con el paso del tiempo se le coloca el medidor.
En los últimos años la normalización del servicio en los asentamientos ha estado a cargo de la Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica (Enatrel), que a través de licitaciones públicas ha contratado a la Empresa Servicios Profesionales Eléctricos, SA (Sepsa) para que realice las obras.
En la tarifa social
El informe publicado por el Instituto Nicaragüense de Energía (INE) detalla también que desde 2005 y hasta 2017 el Estado ha gastado 467.72 millones de dólares en su política de subsidio eléctrico a la tarifa residencial.
Hasta el año pasado, el costo por mantener esta política había escalado a 64.4 millones de dólares, es decir 6,315 por ciento más que en 2005 cuando apenas costó un millón de dólares, y el número de clientes se ubicó en 812,993, lo que implicó un aumento de 87 por ciento con respecto al año de referencia.
A través de esta política de subvención eléctrica, los consumidores de hasta 150 kilovatios de energía mensual solo pagaban el 47.2 por ciento de su factura, el resto era asumido por el Estado.
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Pero el Gobierno anunció este año un ajuste en el programa de subsidio eléctrico, que implicará, entre otras medidas, una reducción gradual durante los próximos cinco años, del porcentaje de la tarifa social que hasta ahora cubría el subsidio.
Aun falta la mitad
El presidente de la Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica (Enatrel), Salvador Mansell, anunció que solo el año pasado se había logrado la normalización del servicio eléctrico en más de doscientos asentamientos. Con estos se elevaría a 320 el número de asentamientos que ya tienen legalizado el servicio. Es decir la mitad de los 648 que existen a nivel nacional. Y este año con la aprobación de un préstamo de 86.5 millones de dólares otorgado por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) se pretende normalizar el servicio eléctrico en otros 109 asentamientos urbanos.