La organización para la Defensa al Consumidor considera que el nuevo Código Procesal Civil de Nicaragua es más equitativo en cuanto al procedimiento de la venta forzosa de un bien inmueble hipotecado ante un banco o financiera, pues tutela el derecho de ambas partes, contrario a lo que sucede ahora.
“Ahora estamos como tigre suelto con burro amarrado, donde solo el banco gana y el consumidor queda desprotegido. Los banqueros que por años se han adjudicado propiedades a precios irrisorios en detrimento del usuario de crédito”, dijo Ricardo Osejo, miembro de esta organización.
La reacción de Osejo obedece a la posibilidad de que la Asociación de Bancos Privados de Nicaragua presente una solicitud de reforma al nuevo Código Procesal Civil antes de que entre en vigencia el próximo 8 de abril del 2017, referente a los juicios hipotecarios.
Consumidores de préstamos peligran perder viviendas
Según Osejo, actualmente están atendiendo 500 casos donde los consumidores están de manos atadas en procesos de ventas forzosas a solicitud de los bancos y estos no aceptan ninguna negociación de pago porque quieren quedarse con las propiedades que cuestan más que el saldo que los consumidores deben de su crédito.
“Los bancos no ganan por intereses, los bancos ganan por las propiedades que se adjudican a precios inferiores al precio real, a vista y paciencia de los jueces civiles que se lo permiten, por eso consideramos que el nuevo Código de Procedimiento Civil debe quedar a como está”, reaccionó Osejo.
La nueva normativa procesal civil manda en su artículo 752 la actualización del valor del inmueble hipotecado ante el banco en préstamos hipotecarios, para poder venderlo cuando el deudor cae en mora por falta de pago. También establece la posibilidad de que el deudor y el acreedor acuerden la forma de enajenación del bien y el pago del crédito.
Los usuarios con problemas de venta forzosa son de Estelí, Masaya y Managua. Generalmente son préstamos para desarrollar pequeños negocios familiares.
Entre U$ 2,000 y 25 mil dólares son los montos de los saldos en mora de los usuarios de créditos atendidos por la Organización para la Defensa de los Consumidores, que pueden perder su casa por préstamos hipotecarios.
