El abogado constitucionalista, Gabriel Álvarez, calificó de “una verdadera artimaña de ilegalidades y de inconstitucionalidades” la resolución del Consejo Supremo Electoral (CSE), que ordenó destituir a 28 diputados opositores, y consideró que con esto el régimen de Daniel Ortega se termina de convertir en un “gobierno totalitario”.
“El señor Daniel Ortega lo que está haciendo con esto es demoler los ripios que quedaban del Estado democrático y de derecho en Nicaragua, y con esto se erige en el único individuo donde descansan todas las manifestaciones de poder”, dijo Álvarez.
Asimismo destacó la violación al debido proceso y la tutela a la justicia efectiva, porque a los diputados no se les permitió el derecho a la defensa, que es un principio establecido en la Constitución Política.
RÉGIMEN TOTALITARIO
Álvarez también mencionó que se “rompió” el principio del pluralismo político, establecido en el artículo cinco de la Constitución Política, y se quebrantó la democracia representativa, por destituir a diputados electos por el voto popular.
Afirmó que “Nicaragua ha dejado de tener democracia” y se ha convertido en “régimen totalitario”.
Los diputados fueron destituidos por no reconocer la sentencia 299 de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que en junio le quitó la representación legal del Partido Liberal Independiente (PLI) a Eduardo Montealegre y se la otorgó a Pedro Reyes.
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Bajo el liderazgo de Montealegre, el PLI representaba la segunda fuerza política más votada en las últimas elecciones presidenciales (2011), logrando obtener 779 mil votos.
La destitución ordenada por el CSE la hizo efectiva este viernes la Asamblea Nacional, bajo el argumento de “prevenir el transfuguismo político”, porque los diputados que fueron destituidos “estaban en desacato” a las órdenes de Reyes, fue la explicación que dio la presidenta en funciones de la Junta Directiva de la Asamblea, Iris Montenegro.
Álvarez manifestó que no se puede defenestrar a los diputados por algo que no han cometido, debido a que nunca cambiaron su opción política o se pasaron a otro partido o bancada.
El régimen de Ortega ya había destituido en julio de 2013 a uno de sus diputados aliados, Agustín Jarquín Anaya, bajo el argumento de “transfuguismo político”, cuando esta sanción ni siquiera había sido establecida en la Constitución Política.
Jarquín manifestó que el “transfuguismo” fue establecido un año después, en 2014, con las reformas constitucionales, para ejercer un “control” sobre los diputados que quisieran cuestionar o rechazar las actuaciones del gobierno de Ortega, como lo hizo él y la diputada Xochilt Ocampo, también destituida sin explicación alguna en junio de 2013.
No obstante, Jarquín dijo que al Gobierno de Ortega se le olvidó reformar en la Constitución el artículo 2, que establece que “el poder soberano lo ejerce el pueblo por medio de sus representantes libremente elegidos por sufragio universal, igual, directo y secreto, sin que ninguna otra persona o reunión de personas pueda arrogarse esta representación”.
La expresidenta del CSE, Rosa Marina Zelaya, dijo que de ninguna manera un diputado debe ser obediente a un partido político o al presidente de un partido, cuando fue el pueblo de Nicaragua que lo eligió para trabajar en beneficio de todos los nicaragüenses en general, no solo a favor del partido que lo propuso.
