Una de las situaciones más criticadas y lamentadas en los círculos democráticos del país, al final del año recién pasado, fue la pérdida o franco deterioro de la institucionalidad del Ejército de Nicaragua, ante el avance del proyecto dictatorial de Daniel Ortega.
Ortega está introduciendo cambios sustanciales en el Ejército, tanto por medio de la contrarreforma constitucional como a través de las reformas al Código Militar que están en trámite legislativo de la Asamblea Nacional. Como consecuencia de tales reformas el Ejército quedará subordinado a Daniel Ortega, pero no a título de presidente de la República, como es lo normal según la Constitución actual, sino de caudillo sandinista y dictador de Nicaragua.
Según los análisis de juristas constitucionalistas y representantes de partidos democráticos y de la sociedad civil, mediante los cambios en la legislación castrense Daniel Ortega podrá militarizar la administración pública cuando así lo quiera, quedará indefinido el período del comandante en jefe del Ejército —que hasta ahora ha sido limitado a cinco años— y se alterará el proceso de ascensos y renovación de mandos militares, el cual fue establecido en el Código Militar de 1994 para evitar inconformidades internas y prevenir ruidos de sables, por falta o lentitud de rotación en los cargos y por limitación de oportunidades para las promociones y ascensos en el cuerpo armado.
Pero lo que está haciendo Ortega con el Ejército no debería ser motivo de sorpresa. La profesionalización del Ejército, entendida no solo como la cualificación del oficio militar sino también como su despartidarización y despolitización (habida cuenta de los nefastos antecedentes históricos de la Guardia Nacional somocista y el Ejército Popular Sandinista (EPS) como fuerzas armadas ideologizadas, politizadas y partidistas), aunque con dificultades se desenvolvió normalmente durante los gobiernos democráticos. Y si hubiera continuado la construcción de la democracia, sin duda que el Ejército habría seguido avanzando hacia el objetivo de llegar a ser una fuerza armada como las de cualquier país democrático donde hay instituciones sólidas, duraderas y confiables.
Sin embargo, al frustrarse el desarrollo de la democracia por la restauración del poder autocrático de Daniel Ortega, era de esperarse que su estrategia para recuperar el control centralizado y dictatorial sobre todos los poderes e instituciones del Estado, en algún momento se extendería al Ejército. Y cabía esperar también, que los mandos militares que tuvieron su génesis en el Ejército Popular Sandinista (como Daniel Ortega se los recordó el 10 de enero de 2007), aceptaran el avance dictatorial sobre el Ejército con el pretexto de que constitucionalmente tienen que ser obedientes al presidente de la República, como lo han sido desde mediados de la década del noventa.
En realidad, durante el período democrático de 1990 a 2007 el Ejército fue respetuoso con los gobiernos civiles, salvo algunos conflictos puntuales en los períodos de doña Violeta y de Arnoldo Alemán. Pero el Ejército nunca se subordinó estrictamente al poder civil. Como una peculiaridad de la transición democrática de Nicaragua el Ejército devino en una institución autónoma sui géneris, lo cual sin embargo significó un avance muy importante en la relación civil-militar. Lo que ahora se está malogrando al pretender Ortega forzar al Ejército de Nicaragua a retroceder a la época del EPS, o algo parecido, y convertirlo en instrumento de su proyecto dictatorial.
Ver en la versión impresa las páginas: 10 A
