Ayer la Asamblea Nacional de Venezuela otorgó al presidente Nicolás Maduro poderes especiales para decretar por un año leyes sin el control del poder legislativo.
La Asamblea solo pudo otorgar los poderes al presidente luego de un oscuro proceso contra una diputada opositora para arrebatarle el escaño y otorgárselo a su suplente que se sumó al oficialismo.
El argumento de Maduro es que necesita tener esas facultades para enfrentar la inflación galopante que ya llega al 54 por ciento, la más alta desde que el chavismo está en el poder, así como la escasez de bienes básicos.
Maduro culpa de la inflación y la escasez a “la burguesía usurera” que según él libra una “guerra económica” en contra del pueblo de Venezuela.
La solución del presidente socialista fue ordenar, manu militari, la reducción de precios de electrodomésticos, lo que incluso provocó saqueos en algunos comercios.
Ahora, con sus nuevos poderes, lo primero que Maduro hará será aprobar la Ley de Costos, Ganancias y Precios Justos, así como la Ley de Comercio Exterior. La idea es limitar las ganancias de los empresarios en todos los sectores económicos y “sancionar a los usureros”.
Pero el resultado de semejante política está a la vista: mayor escasez y mayor inflación ya que es el equivalente de pretender apagar un fuego rociándolo con gasolina.
Esta política de control del mercado ha fracasado en todos los países que han tenido la desgracia de sufrir regímenes que no respetan el libre mercado ni la propiedad privada.
La soberbia y la torpeza que caracterizan al sucesor del fallecido presidente Hugo Chávez —quien al menos tenía un carisma que “encantaba” a las “masas”— no le permiten darse cuenta que lo que ha provocado esta crisis son las políticas restrictivas con respecto a la compra de divisas, las nacionalizaciones irracionales de empresas privadas y en general el clima de desconfianza para la inversión que el chavismo ha implantado en Venezuela.
Para muestra un botón. Maduro pretende limitar las ganancias de los comerciantes argumentando que estos compran dólares baratos que les vende el Gobierno para importar los productos que venden a precios “exorbitantes”, pero la verdad es que el proceso para obtener dólares por la vía oficial es lento y engorroso. Esto obliga a los empresarios a recurrir al mercado negro, donde el precio del dólar es mucho mayor.
Ningún empresario importará productos o insumos con dólares caros para que luego el Estado lo obligue a vender a un precio que le causará pérdidas, así que cada vez habrá más escasez y mayor descontento popular.
Ya las encuestas dicen que el 65 por ciento de los venezolanos no cree que la causa de la crisis sea la “guerra económica” que denuncia el Gobierno. Con las elecciones municipales a menos de tres semanas no sería raro que los venezolanos propinen al chavismo la mayor derrota electoral de su historia.
Pero está por verse si los venezolanos propinan o no una derrota electoral al chavismo el 8 de diciembre. Lo que está más allá de cualquier duda es el fracaso de los regímenes del llamado “Socialismo del Siglo XXI.
Ahora, que los venezolanos están al nivel de los cubanos, enfrentando gran escasez y haciendo gigantescas filas para comprar productos básicos, está claro que ni siquiera un país tan rico como Venezuela puede resistir las políticas que fomentan el despilfarro y el odio hacia la empresa privada.
Lo que estamos viendo en Venezuela es el ocaso del Alba, o una prueba más que las políticas dirigistas solo llevan a la quiebra económica. El socialismo es un fracaso, llámese del siglo XX o del XXI.
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