Hoy hace un año Nicaragua logró una victoria en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya al recuperar soberanía sobre 90,000 kilómetros cuadrados de mar territorial. El fallo, otorgado por un tribunal cuya integridad y profesionalismo están más allá de cualquier duda “hundió en el mar” como ha dicho el reconocido experto en derecho internacional, Mauricio Herdocia, las pretensiones de Colombia de mantener a Nicaragua enclaustrada en una pequeño espacio marítimo que terminaba en el meridiano 82, el límite que aquel país había impuesto al nuestro desde 1969, amparado en su poderío militar.
Pero la justicia cuando es verdadera no ve poder militar ni político ni económico sino que analiza y evalúa argumentos y se encarga de dar a cada quien lo suyo. Así ocurrió el 19 de noviembre de 2012 en La Haya y no debe ser diferente en ninguna corte que se precie de ser justa.
Sin embargo, el Gobierno de Colombia, en lugar de acatar el fallo ha optado por declararlo “inaplicable” argumentando que los límites territoriales de ese país están establecidos en su Constitución Política, y que La Haya —cuya jurisdicción el Estado de Colombia había reconocido de antemano— no los puede cambiar.
Los expertos consideran que esa reacción del Gobierno colombiano es “para consumo interno” ya que ese país está en un período preelectoral y haber “perdido” —desde su punto de vista— 90,000 kilómetros cuadrados de mar territorial es una factura que el presidente Santos teme el pueblo colombiano le pase en las urnas.
Sin embargo, va a ser difícil para cualquier Gobierno colombiano encontrar un buen momento para aceptar el fallo.
¿Qué debe hacer Nicaragua ante esta realidad? Como miembro civilizado del concierto de las naciones, Nicaragua debe esperar lo mejor —que la posición actual del Gobierno colombiano sea una pataleta electorera— pero prepararse para lo peor, o sea, que Colombia en realidad no aplique el fallo de La Haya y se niegue a negociar su implementación.
El Estado de Nicaragua tiene la posibilidad de llevar el caso ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, pero previo a eso debe asegurarse de al menos dos cosas:
1.- Que en este tema sigamos teniendo una política de Estado, como lo ha sido desde antes de 2001 cuando se introdujo la demanda. Esto significa que el actual gobierno debe mantener abierta la consulta con todos los expertos y excancilleres que han tenido relación con el caso desde que se comenzó a preparar la demanda, para así manejar una posición monolítica.
2.- Que la Cancillería debe adoptar una posición proactiva y salir a explicar el fallo a los países hermanos del continente americano y a los países amigos del mundo.
Una muestra clara de la fuerza del diálogo y la razón la vimos hace poco cuando Nicaragua y Panamá aclararon que la solicitud de Nicaragua ante la Comisión de Límites sobre Plataforma Continental para ampliar la misma más allá de las 200 millas náuticas no afecta a terceros países.
Nicaragua y los nicaragüenses, como país y nación amantes de la paz solo tienen el diálogo y la razón para resolver las diferencias. Separarnos de esos principios solo nos lleva al desastre, en el plano internacional y en el nacional también.
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