Pasos de animal grande

Se sienten y se oyen pasos de animal grande en Nicaragua. Son muchos esos pasos, tantos que ya parecen un tropel. Sin embargo algunos son más significativos y ominosos que otros, como es el caso del Acuerdo Administrativo 005-2013 de Telcor, mediante el cual, el régimen orteguista se arroga la potestad de intervenir en el nombramiento de los gerentes y directores de informática y sistemas de seguridad de las empresas privadas de telecomunicaciones.

Otro paso de animal grande que se siente más que otros, es la Unidad de Análisis Financiero (UAF), creada supuestamente para combatir el lavado de dinero de origen criminal, cuyo director aseguró —en declaraciones publicadas en LA PRENSA del miércoles 3 de abril corriente— que en el ejercicio de sus funciones para él los intereses particulares de las personas están subordinados al interés de seguridad de la nación, o sea del Estado. Pero el Estado son ellos mismos, los orteguistas, como aseguró hace unos días el director de Telcor.

Las cámaras empresariales han denunciado y juristas constitucionalistas lo han demostrado, que el Acuerdo Administrativo de Telcor mediante el cual el Gobierno pretende entrometerse en el nombramiento de altos funcionarios de empresas privadas de telecomunicaciones, es flagrantemente inconstitucional, viola por lo menos ocho artículos de la Constitución de Nicaragua.

Igualmente violadora de la Constitución es la Ley de la UAF, que faculta a ese organismo estatal a declarar sospechosos de practicar lavado de dinero sucio, prácticamente a todos los ciudadanos, por lo cual fue impugnada por inconstitucionalidad pero los magistrados orteguistas rechazaron el recurso. ¡Cómo no!

En realidad, tanto la Ley de la UAF como el Acuerdo Administrativo 005-2013 de Telcor son instrumentos legales para institucionalizar el sistema de espionaje, intimidación y represión que es característico de toda dictadura. Como lo advirtió claramente el jurista y catedrático constitucionalista Gabriel Álvarez, en LA PRENSA del 5 de abril corriente: “La regulación jurídica (de Telcor) lo que está haciendo es inmiscuyéndose en un ámbito en el que, indirectamente, se puede estar espiando las comunicaciones de los ciudadanos”.

Sería una ingenuidad, cuando menos, creer que un régimen como el orteguista no tiene interés en espiar las comunicaciones de los ciudadanos. Ni en usar instrumentos institucionales como la UAF para intimidar a la ciudadanía y espiar y castigar a opositores y disidentes. Y que es respetuoso —el orteguismo— de las disposiciones constitucionales y normas de derechos humanos que protegen garantías individuales básicas como el derecho a la privacidad y la libertad de expresión y comunicación .

La Ley de la UAF, según la cual todos los ciudadanos son sospechosos de lavar dinero y por lo tanto sujetos de pesquisa y castigo; el Acuerdo Administrativo de Telcor para intervenir en el nombramiento de cargos claves de las empresas privadas de telecomunicación; y antes de eso, el anuncio en noviembre del año pasado de que el régimen de Daniel Ortega tendrá su propio satélite de comunicaciones comprado a una empresa de China comunista, entre muchos otros casos, no son hechos gubernamentales aislados y casuales. Son pasos de animal grande, del enorme animal que es la nueva dictadura que poco a poco se está imponiendo en Nicaragua.

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