El jueves de la semana pasada, varios ciudadanos de Nueva Guinea, entre ellos mujeres, una de las cuales es menor de edad, denunciaron públicamente en Managua que miembros de la Policía los torturaron e hicieron víctimas de otros abusos físicos, incluyendo manoseos sexuales, cuando estuvieron presos por la represión policial contra las protestas por el fraude electoral que se cometió en ese municipio de Zelaya Central en las votaciones municipales del 4 de noviembre.
Ese mismo día, también en Managua, el funcionario salvadoreño Roberto Cuéllar, director ejecutivo del Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH) que tiene su sede en Costa Rica, expresó públicamente su reconocimiento personal y de la institución que representa, a la Policía de Nicaragua, por sus “enormes logros y extraordinario humanismo en el trabajo de la protección de la persona humana y en las comunidades”, que según él han convertido al cuerpo policial nicaragüense en un “semillero de Derechos Humanos”.
El IIDH, el cual se define a sí mismo como “una institución autónoma de carácter académico”, fue creado en 1980 mediante un convenio entre la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Gobierno de Costa Rica y está “dedicado a la investigación, la promoción y la educación en derechos humanos. Por esta razón —se asegura en la página web oficial del Instituto— está inhibido de conocer casos de violaciones a los derechos humanos ni realiza o respalda denuncias formales contra ningún Estado; tampoco le es posible pronunciarse sobre el grado de cumplimiento de un Estado de sus obligaciones internacionales en esta área”.
Nosotros no conocemos la trayectoria política del funcionario salvadoreño pero tampoco podemos poner en duda su integridad y buena fe, al valorar a la Policía de Nicaragua en relación con los derechos humanos de los nicaragüenses, valoración que sin duda se basa en los informes de la misma entidad policial. Sin embargo, si el IIDH es estrictamente académico y no es su función juzgar a los gobiernos y las entidades gubernamentales en el cumplimiento o incumplimiento de sus obligaciones con los derechos humanos, el señor Cuéllar no debió venir a reconocer oficialmente los supuestos logros de la Policía de Nicaragua en materia de derechos humanos, y precisamente cuando muchos ciudadanos nicaragüenses denuncian ser víctimas de graves abusos policiales.
De cualquier manera, antes de emitir su pronunciamiento Cuéllar debió reunirse con los organismos nicaragüenses defensores de los derechos humanos y revisar sus archivos, en los cuales están documentadas todas las denuncias de los atropellos policiales. El académico de derechos humanos debió entrevistarse con los familiares de los ciudadanos que después de las elecciones de 2011 fueron asesinados en El Carrizo por partidarios del Gobierno, entre ellos un jefe policial local; y debió hablar con la menor de edad que fue violada colectivamente por policías del cuerpo de protección oficial de la casa de habitación y gobierno de Daniel Ortega.
Las denuncias de violaciones policiales a los derechos humanos son contundentes y hasta ahora la Policía no ha podido refutarlas. Por lo tanto no merece los edulcorados elogios del director del IIDH, cuya obligación en todo caso es ponerse del lado de las víctimas, no de los victimarios.
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