Los candidatos a alcalde del Partido Liberal Independiente (PLI) que fueron favorecidos por el voto de los ciudadanos de sus municipios en Matiguás, Matagalpa y El Almendro, Río San Juan, dieron ayer una conferencia de prensa en Managua, donde demostraron que la voluntad popular había sido alterada una vez más por el fraudulento Consejo Supremo Electoral. Pero hicieron una denuncia todavía más inquietante, si es que eso es posible.
Tanto el candidato a alcalde por el PLI de Matiguás, Ricardo Castillo Urbina, “comandante Mozote”, como el candidato de El Almendro, Reynaldo Galeano Orozco, aseguraron que soldados del Ejército de Nicaragua habían colaborado con los fraudes en esos municipios.
“En el municipio votaron unos 300 miembros del Ejército, e incluso había civiles que solo les ponían la vestimenta militar para que fueran a votar. El Ejército se prestó a ese juego”, denunció Galeano Orozco.
El abuso que el Gobierno cometió con trabajadores del Estado, obligándolos a votar en sitios donde no les correspondía fue ampliamente denunciado el domingo 4 de noviembre, el caso más documentado fue el de los trabajadores del Sistema Penitenciario de Juigalpa, que fueron trasladados a votar al municipio de Cuapa, donde se produjo un enfrentamiento con ciudadanos que rechazaron la presencia de los empleados públicos que no tenían por qué votar ahí.
Aunque el manoseo del orteguismo a las diferentes instituciones del Estado y sus trabajadores es un vicio que el régimen ha convertido en un oscuro arte desde que regresó al poder, al menos el Ejército de Nicaragua se había mantenido fuera del alcance de este tipo de maniobras.
El Ejército, la institución más admirada por los nicaragüenses según las encuestas que se vienen realizando desde hace años, no ha logrado esa posición por casualidad. Lo ha hecho por su trabajo eficiente tanto en la lucha contra el narcotráfico como durante los fenómenos naturales que frecuentemente azotan a este país. Pero también porque desde 1995 ha sido una institución que respeta su ordenamiento jurídico y las sucesiones de sus altos mandos se han realizado con estricto orden, transparencia y respeto al procedimiento constitucional.
Es por eso que, aún cuando el manoseo por parte del régimen a una institución más podría parecer ya, ante los ojos de una población hastiada de abusos como un incidente trivial, la verdad es que es un hecho preocupante porque no solo se trata de la última institución estatal que se ha mantenido al margen del irrespeto a la ley que el orteguismo ha convertido en política de Estado, sino porque precisamente exponerla a este tipo de corrupción es abrir una caja de Pandora sobre todo cuando el Ejército debe enfrentar diariamente amenazas como el narcotráfico.
El Ejército de Nicaragua está en la obligación de aclarar estos señalamientos. Debe demostrar que sus tropas no fueron utilizadas para favorecer al partido gobernante. De no hacerlo su integridad e institucionalidad quedarán en entredicho.
Ver en la versión impresa las páginas: 10 A
