Por Luis Sánchez Sancho
El abuso del gobierno orteguista que prácticamente ha suprimido los fines de semana el servicio público de transporte colectivo, para utilizar los buses en las movilizaciones políticas en respaldo de la inconstitucional candidatura de Daniel Ortega a otra reelección presidencial, es tan grosero e indignante que hasta su mismo vicepresidente no ha tenido más remedio que criticarlo.
En realidad, es terrible el sufrimiento de la gran cantidad de personas que se aglomeran en las paradas de buses, esperando las unidades de transporte que nunca llegan. Muchos son también los que se ven obligados a pagar onerosas carreras de taxis, o a viajar como reses en camiones y camionetas sobrecargadas. Y no son pocos los nicaragüenses que soportan los atascos provocados por las caravanas vehiculares del FSLN. Todo eso para satisfacer el ego de Daniel Ortega, quien gusta darse baños de multitudes de sus seguidores, obligados en su mayoría, sin reparar en el daño que causa a la población ni importarle el resentimiento y repudio que provoca entre sus incontables víctimas directas y colaterales.
El caso es que Daniel Ortega no gobierna para todos los nicaragüenses. Él ejerce el poder solo en beneficio de sus partidarios, y aún así, muchos de sus mismos simpatizantes son perjudicados con sus políticas gubernamentales abusivas, excluyentes y sectarias. Además, el abuso que comete Ortega al secuestrar el transporte colectivo de la población, es otro atropello a la Constitución Política de la República que en su artículo 131 establece que “la función pública se debe ejercer a favor de los intereses del pueblo”. Lo cual se entiende que se debe ejercer a favor de todo el pueblo nicaragüense, no solo de la parte que respalda al gobernante de turno.
Con toda razón, los historiadores independientes y analistas políticos democráticos aseguran que el orteguismo se parece cada vez más al somocismo. Cabe recordar al respecto, que precisamente porque el somocismo era un gobierno autoritario, sectario y excluyente, de sus mismas entrañas surgió en 1968 el disidente Movimiento Liberal Constitucionalista (MLC), fundado por el doctor Ramiro Sacasa Guerrero bajo la divisa “por una Nicaragua para todos”. Convertido después el MLC en Partido Liberal Constitucionalista y caído en manos de líderes completamente diferentes al doctor Sacasa Guerrero, subió al poder en 1996 pero no cumplió la divisa y el legado de su prestigioso fundador.
Ahora, el candidato presidencial de la alianza PLI, don Fabio Gadea Mantilla, se ha comprometido a que hará “un gobierno para todos” en el caso de triunfar en las elecciones del 6 de noviembre y si Ortega respeta el voto popular. El compromiso de Gadea es una reivindicación de la decencia gubernamental, pues lo menos que puede y debe hacer un gobernante es gobernar para todos, como mandan las reglas básicas de la doctrina y el sistema de la democracia, no solo para los que votaron por él.
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