En las últimas semanas, con el pretexto de una supuesta demanda laboral ex prestadores de servicio a LA PRENSA en la distribución de suscripciones —cuyos contratos fueron cancelados para mejorar la atención a los suscriptores—, han atacado varias veces las instalaciones de este diario y bloqueado los portones para boicotear su circulación. Y del mismo modo han asediado la residencia del gerente general, de LA PRENSA, ingeniero Hugo Holmann Chamorro.
Esas personas, que son movilizadas por la Central Sandinista de Trabajadores, ofrecieron esta semana una conferencia de prensa en la sede de dicha organización laboral oficialista, en la cual amenazaron con seguir boicoteando a LA PRENSA mediante las acciones de fuerza que llaman “protestas”.
En realidad, la supuesta protesta laboral contra LA PRENSA es sólo un pretexto que esconde el propósito del régimen de Daniel Ortega, de atentar contra la libertad de información y agredir directamente a LA PRENSA, el Diario de los Nicaragüenses que desde su fundación el 2 de marzo de 1926 ha sido un baluarte de la lucha del pueblo por la libertad, la justicia y la democracia.
Cabe señalar que este tipo de agresiones contra la libertad de prensa no se perpetra sólo en Nicaragua, sino también en otros países que tienen gobernantes autoritarios. En Argentina, por ejemplo, con similar pretexto de una demanda laboral en varias ocasiones han sido bloqueadas las entradas y salidas del diario Clarín, para boicotear su circulación. Pero al menos en ese país la justicia es independiente, de manera que un juez ha prohibido que los manifestantes vuelvan a bloquear el acceso a la imprenta en la que se imprimen Clarín y otras publicaciones, y “ordenó al Ministerio de Seguridad que adopte las medidas necesarias para garantizar la circulación de las publicaciones”.
Es que el derecho a la información no debe ni puede ser sacrificado en aras de otros derechos. Las personas que se han dedicado a boicotear la circulación de LA PRENSA y atropellan la libertad de información, justifican sus acciones vandálicas con el pretexto de que ellos tienen derecho de protestar. Por supuesto que tienen ese derecho y nadie se los está negando. Pero el ejercicio del derecho de protestar no anula otros derechos fundamentales y mucho menos que justifique su atropello.
La libertad de información es indispensable, incondicional e inalienable, porque permite a los ciudadanos expresarse libremente, denunciar los abusos y arbitrariedades y hacer llegar sus demandas a los gobernantes. Es cierto que por lo general las protestas y manifestaciones públicas de cualquier clase molestan a muchas personas que son ajenas a ellas. Pero una cosa es dispensar las molestias que causan las protestas y manifestaciones, y otra muy diferente, es aceptar que se rebasen los límites de la ley y la libertad, que se atropelle el derecho ajeno, que se coarten las garantías humanas y sociales esenciales como son la libertad de expresión y el derecho a la información.
La Constitución Política de Nicaragua garantiza el derecho de todos los nicaragüenses a protestar, pero también prescribe que nadie tiene la facultad de violar la ley, de impedir a los demás el ejercicio de sus derechos ni de obstaculizar el cumplimiento de sus deberes.
Además, si fuera cierto que es por un motivo laboral la protesta de quienes en las últimas semanas han estado agrediendo a LA PRENSA, boicoteando su circulación y distribución a los suscriptores, lo correcto y normal es que esperen la resolución del juez que está tramitando el caso. Y en todo caso, no deberían atacar con explosivos las instalaciones de LA PRENSA, ni amenazar a las personas, ni agredir el hogar del gerente general de este Diario, ni boicotear la circulación del periódico, ni impedir el ejercicio del sagrado derecho a la libertad información.
El artículo 260 del Código Penal de Nicaragua tipifica el delito contra la libertad de emisión y difusión del pensamiento y el derecho a la información, y ordena castigarlo con una pena que debe ir de dos meses a dos años de arresto inconmutable y multa de cincuenta a veinticinco mil córdobas. En base de esto es que los agresores a LA PRENSA han sido denunciados en la correspondiente delegación policial, al menos para que la Policía los obligue a que si van a seguir protestando por lo que quieran, que no agredan las instalaciones del diario, ni impidan su circulación, ni asedien las residencias de sus funcionarios.
Eso es lo que esperamos y demandamos que garantice la Policía, en el caso de que los agresores contra LA PRENSA quieran cumplir su amenaza de seguir atacándola y boicoteándola.
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