El jueves de esta semana se realizó en Quito, capital de Ecuador, una reunión de cancilleres de los países miembros de la Unión de Naciones de América del Sur (Unasur), para examinar el conflicto planteado entre Colombia y Venezuela y tratar de abrirle una salida negociada y diplomática. Pero tal como se esperaba, no hubo ningún resultado positivo.
La Unasur es una agrupación de 12 países suramericanos que fue creada el 23 de mayo de 2008, en Brasil. Allí aprobaron el Tratado Constitutivo de Unasur, en cuyo preámbulo se plantea el decálogo de sus grandes “principios rectores”: 1. Irrestricto respeto a la soberanía. 2. Integridad e inviolabilidad territorial de los Estados. 3. Autodeterminación de los pueblos. 4. Solidaridad. 5. Cooperación. 6. Paz. 7. Democracia. 8. Participación ciudadana y pluralismo. 9. Derechos Humanos universales, indivisibles e interdependientes. 10. Reducción de las asimetrías y armonía con la naturaleza para un desarrollo sostenible.
De hecho la Unasur es una más de las muchas siglas que se han creado durante los últimos cincuenta años, para tratar de impulsar la integración suramericana y latinoamericana en general: la ALALC (Asociación Latinoamericana de Libre Comercio), que existió de 1960 a 1980; la Aladi (Asociación Latinoamericana de Integración), constituida el 12 de agosto de 1980 para sustituir a la anterior; el Selac (Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe), que se constituyó el 17 de octubre de 1975; la Comunidad Andina de Naciones (CAN), que como su nombre lo indica la forman los países suramericanos que tienen parte en la cordillera de los Andes y fue constituida el 26 de mayo de 1969; el Mercosur (Mercado Común del Sur), fundado el 26 de marzo de 1991; el ALCA (Área de Libre Comercio de las Américas), creado en Miami en diciembre de 2004 a propuesta de Estados Unidos de Norteamérica, pero prácticamente desaparecido desde la Cuarta Cumbre de las Américas, celebrada en Mar del Plata, Argentina, en noviembre de 2005; la Comunidad del Caribe o Caricom, que agrupa a los estados caribeños y fue fundada el 4 de julio de 1973; y el Alba (Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América), que fue creado por Cuba y Venezuela el 14 de diciembre de 2004 y es un proyecto de orientación comunista (o “socialista del siglo XXI”) para la integración latinoamericana y caribeña, hegemonizado por Venezuela y el comandante Hugo Chávez y financiado con los cuantiosos recursos que genera la riqueza petrolera venezolana.
De acuerdo con los principios de la Unasur, ésta es en realidad un escenario apropiado para buscar soluciones diplomáticas y pacíficas a conflictos como el que afecta actualmente a Colombia y Venezuela. Pero no fue con ese sano propósito que el Gobierno de Venezuela solicitó la reunión de Unasur del jueves pasado. Lo que pretendía Hugo Chávez era revertir el contundente golpe que sufrió el jueves 22 de julio, con la denuncia que presentó Colombia ante el Consejo Permanente de la OEA, de la utilización del territorio venezolano como retaguardia y base de operaciones de las FARC y del Ejército de Liberación Nacional (ELN) contra el Estado y el pueblo colombiano. Sin embargo era imposible que el gobierno de Chávez pudiera desvirtuar las pruebas colombianas, de modo que la reunión de Unasur sirvió únicamente para el desahogo.
Pero es preferible que el presidente Chávez vaya a la Unasur y a cualquier otro organismo internacional, a tratar de desvirtuar las denuncias contundentes del Gobierno colombiano, en vez de romper relaciones con Colombia y amenazarla con la guerra. De todas maneras, es imposible que el beligerante gobernante venezolano pueda convencer a alguien de que las denuncias de Colombia sobre la agresión que sufre desde territorio venezolano, representan una amenaza militar contra Venezuela.
La solución de este conflicto pasa necesariamente porque el gobierno de Hugo Chávez cumpla su obligación de impedir que el territorio venezolano siga siendo utilizado por las FARC y el ELN, como retaguardia estratégica y base de operaciones terroristas contra Colombia. Basta con que el Gobierno de Venezuela respete los principios de la misma Unasur. Es decir, que garantice el irrestricto respeto a la soberanía, la integridad y la inviolabilidad territorial de Colombia, cuyo pueblo y gobierno son víctimas de las agresiones armadas de las FARC y el ELN desde el territorio venezolano, contando al parecer con la colaboración necesaria (como se le llama ahora a la complicidad) del gobierno del coronel Hugo Chávez.
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