Nicaragua tiene una vasta experiencia en crisis políticas y conflictos de poder. De hecho, desde que nació como país independiente, al finalizar la dominación colonial española en 1821, el único período más o menos largo de estabilidad y paz ha sido el de los llamados “treinta años conservadores”. Fue cuando tras casi cuatro décadas de sangrientas y destructivas guerras civiles, incluyendo la Guerra Nacional contra el filibusterismo estadounidense, la nación decidió vivir en paz y estabilidad política y los líderes políticos de entonces comprendieron que la receta para lograrlo, era la alternabilidad en el poder, desechar las tentaciones o el vicio de la reelección y gobernar con sentido de nación.
Aquellas tres décadas de estabilidad y paz se terminaron, precisamente cuando el presidente de turno volvió a probar la droga de la reelección y quiso seguir en el poder después de terminar su período. Las consecuencias nefastas de aquella recaída fueron tan graves y prolongadas, que más de 100 años después el país todavía las está sufriendo en forma dolorosa.
En realidad, lo que más sorprende a los estudiosos de la historia y de las cuitas de Nicaragua, es la incapacidad de los nicaragüenses —hablando en términos generales—, para aprender de su propia experiencia histórica y los errores del pasado a fin de no volver a cometerlos. La explicación radica en que los nicaragüenses no hemos podido crear una cultura verdaderamente democrática, basada en el culto a la libertad, el respeto mutuo, la tolerancia a las ideas ajenas, la independencia de la justicia y la alternancia en el ejercicio del poder, cuales son las condiciones indispensables para asegurar una convivencia pacífica duradera, el desarrollo económico y el progreso social.
También por falta de cultura democrática es que las “soluciones” que casi siempre se han aplicado a las recurrentes crisis políticas e institucionales del país, han sido los conflictos —que incuban conflictos posteriores—, o las componendas y pactos para la repartición del poder y sus pingües beneficios entre los caudillos y sus secuaces de las cúpulas partidistas.
Por excepción, algunas veces se ha intentado poner fin a la penosa historia de crisis, conflictos y pactos prebendarios, con acuerdos de nación inspirados en los principios y valores de la libertad, la democracia, la justicia y el progreso social. Sin embargo esos esfuerzos siempre fracasaron o cuando en alguna ocasión hubo algún éxito, sus buenos resultados fueron efímeros.
Ahora, ante la nueva y profunda crisis política que sufre el país, la nación se enfrenta otra vez a la ominosa y sombría perspectiva de un nuevo pacto de cúpulas, o de otro conflicto o estallido de violencia en cualquier forma. Todavía no se ve cómo podría comenzar un conflicto violento, pero igual que ocurrió en el pasado inevitablemente volverá a estallar en esta ocasión, si no se encuentra a tiempo una salida cívica y pacífica genuinamente democrática.
Sin duda que Ortega ha procurado un nuevo pacto prebendario y la compra de más diputados corruptos de la oposición, para conseguir sus objetivos sin las conmociones de una crisis política. Es decir, una reforma constitucional que le permita la reelección presidencial, seguir controlando el Consejo Supremo Electoral para reelegirse mediante el fraude, y mantener su hegemonía sobre los demás poderes del Estado. Si el orteguismo ha asaltado los Poderes Judicial y Legislativo y ha pisoteado lo que quedaba de Estado de Derecho, es porque no ha podido conseguir el nuevo pacto ni comprar a más diputados de la oposición.
Aún así, los líderes orteguistas han dicho que “una salida a la crisis institucional, además de realizar la elección de los funcionarios a los cuales se les venció su período o está por vencer, podría ser la derogación del controversial segundo párrafo del artículo 201 de la Carta Magna de 1987”, según informó ayer LA PRENSA. O sea un nuevo pacto para que se acepte la reforma constitucional y se reconozca el predominio del FSLN en los poderes del Estado y el avance del proyecto de instauración de la nueva dictadura.
De manera que la oposición está ante el dilema de someterse al chantaje orteguista y aceptar el nuevo pacto, o mantenerse firme y llamar a la población para que respalde una solución decente de la crisis, basada en el respeto a la Constitución, a la independencia de los poderes del Estado, al Estado de Derecho, al principio de no reelección presidencial y la preservación de la democracia en Nicaragua.
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