Tanto el presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), magistrado Manuel Martínez, como el vicepresidente, magistrado Rafael Solís, emitieron opiniones contrarias a las del magistrado Sergio Cuarezma, quien considera que las nuevas políticas penales contemplan una política de persecución en contra del crimen, pero a partir del control político sobre las decisiones del Poder Judicial y sobre la independencia de los jueces y magistrados.
“Todos tenemos derecho a disentir, todos (los magistrados) somos iguales en esta Corte, pero la única diferencia es que yo soy el presidente y que puedo firmar por la Corte; es la única diferencia, de ahí todos somos iguales”, dijo Martínez, cuando se le consultó sobre la opinión del magistrado Cuarezma.
“Yo creo que (el acuerdo sobre la justicia penal) ya no va a ir, tanta bulla ha hecho que ya no va a ir; yo creo que asustaron a Ortega ustedes (LA PRENSA), de manera que si no va, no va. Si no se firma el acuerdo, no hay nada, si no se formaliza con una firma pública donde el presidente (Daniel Ortega) se comprometa a brindar seguridad ciudadana”, agregó Martínez.
Por su parte, el magistrado Solís indicó que su colega Cuarezma opina de manera errada sobre las nuevas políticas penales. “Él está equivocado, yo hablé con él, él tiene su criterio”, dijo Solís.
Sin embargo, el magistrado orteguista indicó que las nuevas políticas penales siempre van, que éstas son para combatir con mayor dureza el crimen y que el presidente Daniel Ortega debe formar parte de las mismas, por ser el jefe de la Policía y el Sistema Penitenciario Nacional (SPN), a través del Ministerio de Gobernación.
De acuerdo con Solís, el presidente Ortega no se va a inmiscuir en las funciones del Poder Judicial, porque el Ejecutivo sólo puede tener las atribuciones que le confiere la Constitución Política.
Solís indicó que las garantías de que el Poder Judicial es independiente se mantienen, y que con las nuevas políticas penales se pretende que se endurezcan las medidas judiciales para algunos delitos a cuyos presuntos autores actualmente se les puede dictar arresto domiciliar, beneficio que aprovechan para huir del país.
Según Solís, se necesita que en esos casos se pueda restringir un poco, ya que representan el 80 por ciento. “Eso hay que ver si se restringe un poco, la suspensión de las condenas, y ver que se haga una nueva Ley de Ejecución (de Sentencia y Vigilancia Penitenciaria)”, expresó el judicial.
Sin embargo, lo curioso de este argumento es que si es necesaria una nueva ley, ésa es prerrogativa del parlamento, y aunque siempre son importantes las consultas, para lograrlas no es necesario que el Presidente articule ningún nuevo cuerpo interinstitucional.
COMISIÓN DA ESTABILIDAD A NICARAGUA, DICE AGUILAR
El magistrado orteguista Marvin Aguilar retó al magistrado Sergio Cuarezma a que introduzca un recurso por inconstitucionalidad en el caso de la comisión interinstitucional del sistema penal de justicia (que encabeza Aguilar y que es donde se preparó el Acuerdo por la Justicia Penal).
En la edición de LA PRENSA de ayer Cuarezma aconsejó derogar los artículos 415 al 417 del Código Procesal Penal (CPP), creadores de la comisión interinstitucional, pero Aguilar respondió: “Que meta él el recurso de inconstitucionalidad, es sencillo, pero mientras esté en vigencia la ley, la comisión nacional tiene que funcionar y eso es lo que ha dado la estabilidad a Nicaragua, porque todas las instituciones cuando nos reunimos analizamos las debilidades que tenemos y las vamos superando”.
Aguilar dijo que esa comisión interinstitucional está constituida en el CPP por ley y mientras no haya sido declarada inconstitucional actúan en base a lo que dice el CPP.
“Como comisión nacional estamos interesados en primer lugar que Nicaragua siga gozando de esta estabilidad, de esta paz, de esta seguridad ciudadana en el país, que nosotros somos la excepción en Centroamérica, en Latinoamérica, que no tenemos los problemas de Guatemala, El Salvador, Colombia y México”, manifestó Aguilar.
Y aunque a su criterio el país goza de estabilidad jurídica y de seguridad ciudadana porque funciona el sistema de justicia penal, “necesitamos fortalecerla, porque corremos el riesgo de ser invadidos por el crimen organizado, estamos en medio de países productores de delito, si descuidamos la prevención, la persecución, el procesamiento, el juzgamiento y la reeducación, podemos correr el riesgo de que mañana nos invada el crimen organizado”, dijo el magistrado orteguista.
Según el CPP, es al presidente de la Corte Suprema de Justicia y al presidente de la Sala Penal a quienes les correspondería presidir esta comisión, pero Aguilar explicó que debido a que él ha estado a cargo desde que se comenzó a elaborar el CPP, el presidente del Poder Judicial le delegó todas sus funciones.
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