Alba Luz Ramos Vanegas
El 24 de diciembre entró en vigencia la Ley No. 406, el Código Procesal Penal, que introduce al país como forma de juzgamiento el sistema acusatorio, oral y público, diseñado para resolver conflictos y realizar de manera eficiente y pronta la justicia penal.
Esta legislación, planteada como iniciativa por la Corte Suprema de Justicia y hecha ley por los otros poderes del Estado que participan en la creación legislativa, recoge la voluntad de las y los nicaragüenses de construir, consolidar y de hacer avanzar la democracia a través del respeto de la ley, de dar protección efectiva de los derechos y bienes de las personas, hace suya la demanda y la esperanza nacional de vivir en armonía, con seguridad, en paz y progreso, mediante la protección de las leyes.
Era y es imposible hablar, pensar o forjar una administración de justicia penal moderna y eficiente con el Código de Instrucción Criminal, pues los procedimientos en él establecidos violan principios constitucionales, sus normas y contenidos son propios del siglo XVIII, no permiten hacer realidad los requerimientos sociales de justicia, no son aplicables a los avances y las exigencias del siglo XXI, nos son útiles ni sirven al Estado y a la sociedad democrática que estamos forjando. Es incuestionable el papel esencial que en el desarrollo de una nación desempeña la administración de justicia, de allí la urgencia de salir del atraso en que nos encontrábamos. Era pues imprescindible el cambio legislativo para permitir que el Poder Judicial, a través de las resoluciones judiciales dictadas por los tribunales de justicia, se constituya en un efectivo mecanismo de defensa de la Constitución Política, de las instituciones republicanas y de los derechos de las y los ciudadanos.
El nuevo Código Procesal Penal introduce, desarrolla e impulsa los principios del debido proceso, recoge la doctrina contemporánea del derecho procesal penal, la experiencia de otros países y los mejores ideales y propósitos de nuestra Constitución Política, hace acopio de nuestra experiencia, y responde a la exigencia de mejorar el enfrentamiento al delito.
Los operadores del sector justicia tendremos en nuestra manos un instrumento moderno, técnico y ágil para proteger y restaurar la legalidad y generar confianza y credibilidad en la judicatura. Las y los abogados podrán defender mejor los intereses y derechos de sus clientes, mientras los procesados podrán contar con una defensa oportuna y serán procesados con el respeto irrestricto de sus garantías y derechos procesales y las víctimas podrán plantear y encontrar respuesta a sus pretensiones y legítimas reclamaciones de reparación de daños y perjuicios. La sociedad será legítimamente representada y defendida contra el delito a través del Ministerio Público.
Los magistrados y jueces, los fiscales y defensores públicos enfrentamos un gran reto. Habrán de vencerse numerosos obstáculos, indiferencias y peligros generados por los ritos y las formalidades del obsoleto Código de Instrucción Criminal. Habrá que abandonar formalismos y rutinas propias de la cultura inquisitiva. Habrá que trabajar arduamente con convicción y diligencia, con responsabilidad y visión, con creatividad e iniciativa en un medio en donde incluso contamos con pocos recursos económicos, pero con valiosos recursos humanos.
No todos los días una generación de abogadas y abogados tiene en sus manos la tarea de ser los primeros, los adalides, los impulsores de un nuevo procedimiento, llamado a hacer accesible la justicia, a simplificarla, a devolverle al Derecho su sentido de guía como coordinador de conductas y protector de las personas y de los bienes más trascendentes de una sociedad; ésta es una tarea de gran magnitud histórica y jurídica.
Un hecho de tanta importancia como la entrada en vigencia de la ley procesal penal requiere de todos nosotros: voluntad, compromiso, responsabilidad y vocación de servicio. Estas actitudes son las que nos corresponden como generación encargada de abrir la esperanza y la posibilidad de propiciar para los nicaragüenses una justicia pronta y oportuna.
La autora es abogada y Presidenta de la Corte Suprema de Justicia
