Por lo menos hay dos razones fundamentales para que el Presidente de la República vete la Ley del Presupuesto de 2003. Una de ellas es que los diputados cercenaron el rubro de pago de la deuda interna, lo que no sólo es una obligación legal y moral del Estado sino también un compromiso con los organismos financieros internacionales, que al no cumplirse pone en grave peligro los acuerdos recién establecidos; y la otras es la de que la Asamblea Nacional dejó a la Cancillería sin recursos para financiar los juicios que lleva Nicaragua en la Corte Internacional de Justicia, de La Haya, contra Honduras y Colombia.
Según el ministro de Exteriores, Norman Caldera, la situación de la Cancillería será catastrófica el próximo año por el recorte presupuestario que los diputados hicieron a esta cartera ministerial. “El juicio con Colombia y Honduras está totalmente en cero”, expresó dramáticamente el canciller Caldera. Y dijo que eso ocurrió por “un error” de los diputados, que no saben que el rubro “papelería” contiene gastos importantes de comunicaciones y servicios de los consulados y embajadas de Nicaragua en el exterior.
Pero resulta muy difícil creer que los diputados desconozcan la nomenclatura presupuestaria e ignoren la importancia estratégica de las relaciones internacionales, sobre todo para un país como Nicaragua que depende de la cooperación externa; y no es posible que no entiendan que los juicios en el tribunal internacional deben ser financiados con recursos aprobados en el Presupuesto.
A este respecto es necesario que las autoridades correspondientes —incluyendo a la Cancillería— expliquen de manera pública, clara y satisfactoria, cuánto dinero se ha recaudado por concepto del llamado “impuesto patriótico” de 35 por ciento a las importaciones de Honduras y Colombia, que se impuso precisamente con el fin específico de financiar los costos de los juicios internacionales antes mencionados.
Como es bien sabido, en 1999, a raíz de que el gobierno de Honduras ratificó un tratado de límites marítimos con Colombia que perjudicó brutalmente los la soberanía territorial de Nicaragua, el gobierno del entonces presidente Arnoldo Alemán Lacayo decretó un impuesto extraordinario del 35 por ciento sobre el valor de las importaciones hondureñas y colombianas. Desde entonces se ha venido recaudando el beneficio de dicho impuesto pero se desconoce el monto de lo recaudado, a dónde ha ido a parar o en qué se gastó, y por qué ahora el Canciller reclama que no hay fondos para atender los juicios con Honduras y Colombia.
Por otro lado, la crisis presupuestaria en que los diputados han puesto al ministerio de Relaciones Exteriores por la disminuida asignación presupuestaria que le aprobaron para el próximo año, debería ser aprovechada para sanear al menos en parte la Cancillería, en el sentido de salir del personal innecesario que ha sido colocado allí sólo por razones prebendarias y políticas partidistas; y para racionalizar el funcionamiento de las embajadas en el exterior y aprovechar al máximo los recursos humanos verdaderamente capacitados para desempeñar satisfactoriamente el servicio diplomático.
En realidad, no hace mucho que la Cancillería dio a conocer el escalafón diplomático en el que sin dudas hay verdaderos profesionales del derecho internacional y del servicio exterior, pero también hay numerosas personas que fueron incluidas no con criterios técnicos ni de interés nacional, sino para favorecer con un cargo o con una dignidad protocolaria a ciertas personas protegidas por los políticos libero-sandinistas.
De manera que es necesario que el Presidente de la República vete la ley del Presupuesto de 2002, tanto para corregir la asignación correspondiente al pago de la deuda interna (que en su mayor parte se debe a las indemnizaciones de las propiedades confiscadas y expropiadas a sus legítimos dueños, y por las quiebras bancarias fraudulentas), como para atender correctamente las necesidades del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Pero también es indispensable que el Gobierno informe al público sobre el dinero recaudado durante los tres años de vigencia del “impuesto patriótico”, y que se limpie la Cancillería de las personas ineficientes que están allí sólo por recomendaciones políticas.
