Luis E. Breuer*
El Fondo Monetario Internacional aprobó a inicios de diciembre un programa de tres años de apoyo concesional para Nicaragua bajo la Facilidad Reforzada de Crecimiento y Reducción de la Pobreza. Como fuera reconocido en Nicaragua y en el exterior, éste es un logro histórico para un país que ha visto a su economía deteriorada en los últimos años por golpes externos, desastres naturales, el enorme peso de su deuda pública, y —a veces— un débil manejo económico.
Los lectores se preguntarán: ¿Qué hace este programa por nosotros? ¿Qué certeza existe de que tendrá éxito? ¿Por qué el Fondo lo está apoyando?
Trataré de contestar estas interrogantes desde el punto de vista de un observador que acaba de unirse a la representación del Fondo en Nicaragua, luego de haber trabajado en varios países de América Latina, dentro y fuera de esta institución.
Cualquier estudiante de la historia económica de Nicaragua difícilmente podría evitar impresionarse por la fortaleza y el tremendo potencial de esta nación. La manera que ha enfrentado —y sorteado— las profundas crisis de su pasado reciente, incluyendo el terremoto del 72, diez años de guerra civil, y la enorme destrucción dejada por el huracán Mitch, es un testimonio contundente de la firmeza y la gran resistencia de su gente. El potencial económico también ha sido demostrado en repetidas ocasiones, como cuando lideró la economía centroamericana hace unas décadas, y nuevamente en los años noventa cuando registró una fuerte recuperación económica producto de la aplicación de políticas de mercado durante la transición pacífica a la democracia.
Sin embargo, los últimos años han visto un retroceso económico. El crecimiento se ha reducido de más del 5 por ciento anual, a finales de los noventa, a un virtual estancamiento en el 2002. Si bien el entorno externo adverso tuvo un papel en esto (particularmente la caída de los precios del café), la principal causa del deterioro fueron los problemas internos. Éstos incluyeron la pérdida del control fiscal y monetario en el año 2001, durante las elecciones presidenciales; la crisis en varios bancos en el 2000 y 2001; los problemas persistentes de gobernabilidad y corrupción; y la consecuente interrupción del apoyo de los donantes internacionales.
El nuevo gobierno que asumió a principios del 2002 se movió rápidamente para encarar estos problemas, y reposicionar la política económica en un rumbo de crecimiento rápido y sostenible. En particular, se tomaron medidas durante el año para reducir el enorme déficit fiscal, imponer disciplina y control en el sistema financiero, y combatir la corrupción que, me dicen, se había constituido en un elemento corrosivo en el país.
En este esfuerzo de rectificar la dirección de las políticas, el gobierno ha recibido el apoyo de muchos elementos de la sociedad, incluyendo miembros de la Asamblea Nacional (cuando aprobaron la reducción del presupuesto y la reforma tributaria), la prensa, analistas políticos y económicos, y el público en general. No obstante, tal como me lo comentara recientemente el ministro de Hacienda, Eduardo Montealegre, el gobierno está consciente de que no será una tarea fácil. El establecimiento de las condiciones para el crecimiento sostenido y la reducción de la pobreza tomará muchos años de ardua labor, intensas luchas contra el gasto improductivo, batallas contra aquéllos que tienen interés en la manera tradicional de hacer las cosas, y mucho apoyo de los amigos de Nicaragua en el exterior.
En el Fondo hemos analizado cuidadosamente el programa económico del Gobierno y lo que se ha logrado hasta la fecha. La comunidad internacional, que supervisa el trabajo del Fondo, nos ha solicitado que apoyemos las actuales reformas y que nos mantengamos atentos debido a las vulnerabilidades económicas de Nicaragua y sus oportunidades de cambio.
Lo que hemos visto es un programa económico que correctamente apunta a restaurar la disciplina fiscal y a mejorar la equidad social; a prevenir un nuevo desliz hacia malas prácticas bancarias; a combatir la corrupción en donde sea que ocurra; y a construir instituciones públicas fuertes que contribuyan a fortalecer la seguridad jurídica, la inversión privada y la creación de empleo, incluyendo el Poder Judicial y el servicio civil.
El Fondo también reconoce la clara orientación del programa hacia el mejoramiento de la justicia social mediante el aumento programado del gasto público en los programas que reducen pobreza; la ampliación de la base tributaria y el fortalecimiento de la administración tributaria; y el énfasis en la buena gobernabilidad y en la lucha contra la corrupción.
Por estos motivos, vemos que existe un programa económico sólido. Pero, eso no es suficiente. La experiencia vivida en muchos países nos ha enseñado que se requieren dos ingredientes adicionales para que un programa sea exitoso:
1.- Suficiente financiamiento; y, 2.- Liderazgo y compromiso local, incluyendo de la Asamblea Nacional y de otras partes de la estructura política.
Respecto al financiamiento, el gobierno —con el apoyo activo del Fondo— ha solicitado a la comunidad de donantes la asistencia que Nicaragua requiere tanto en el corto como en el largo plazo. Estamos proyectando que, con base al programa económico apoyado por el Fondo, Nicaragua recibirá unos US$100 millones de créditos concesionales de apoyo a balanza de pagos durante el primer año. Tan importante es que este programa —si se ejecuta adecuadamente— será la base para que Nicaragua obtenga una importante condonación de su deuda externa, bajo el programa reforzado HIPC (lo que reducirá el valor presente de su deuda en más del 70 por ciento).
Finalmente, también nos hemos preguntado, ¿qué tan comprometida está Nicaragua con la ambiciosa agenda de reformas contenidas en el programa del gobierno? Es aquí, sin dudas, donde vemos al principal reto: Si bien fue difícil acordar este programa, su ejecución y protección de sus elementos clave contra eventos imprevistos, las presiones de grupos de interés, y un consenso político débil, lo harán mucho más.
Al aprobar el programa económico de Nicaragua, el Fondo ha enviado una señal muy clara de que apoya decididamente la agenda de reformas del gobierno y, con base a lo que ya se ha logrado en el 2002, considera que existe una buena probabilidad de que el programa sea ejecutado satisfactoriamente.
Al mismo tiempo, estamos conscientes de que la difícil situación económica y social, las presiones de los grupos de interés, y las divisiones políticas constituyen desafíos importantes. Para sobreponerse a esos riesgos, Nicaragua debe ampliar el apoyo al programa a lo largo del espectro político. Es urgente entonces —y lo digo respetuosamente— que todas las partes involucradas en el proceso político le den una oportunidad al programa, que pongan a un lado aquellos elementos específicos que muchas veces perjudican los intereses nacionales, y que concentren sus esfuerzos en aras de un futuro más justo y más próspero para los nicaragüenses.
* El autor es Representante Residente del FMI en Nicaragua.
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