El mito de Lenín Cerna

Sangre fría. Rostro duro. Reservado. Inteligente. Siniestro. Sin escrúpulos. Inaccesible. Intrigant. Así describen sus adversarios a Reinaldo Gregorio Lenín Cerna Juárez. O simplemente, Lenín Cerna, el exjefe de la Seguridad del Estado en el primer gobierno sandinista.

“Cerna sigue haciendo daño a Nicaragua”

El conjuez liberal Félix Pedro Ocampo Obregón, considera como “deplorable” el hecho que el exjefe de la extinta Seguridad del Estado sandinista en la década de los ochenta, Lenín Cerna Juárez, coordine la justicia en el país.

“Mensaje para Murillo”

El nombramiento del coronel en retiro Lenín Cerna como “coordinador político” de jueces y magistrados de apelaciones de todo el país afectaría principalmente a Rosario Murillo, coinciden exguerrilleros sandinistas como Hugo Torres y Dora María Téllez, y el vicepresidente de la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional, Raúl Benito Herrera.

El comisario político Lenín

Los ciudadanos democráticos de Nicaragua han recibido con asombro, indignación y temor, la noticia de que el excoronel del Ejército Popular Sandinista (EPS) y antiguo jefe de la Dirección General de Seguridad del Estado (DGSE) en la primera dictadura sandinista, Lenín Cerna, ha sido nombrado y fue presentado como “coordinador político de jueces y magistrados de apelaciones en todo el país”.

Empeora acceso a la justicia

“Aquí lo que se está instalando de manera definitiva es, en primer lugar, la violación al acceso a la justicia de los nicaragüenses que es un derecho humano; y en segundo lugar, aquí se está instalando para siempre la inseguridad jurídica”. Así se expresó la presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Vilma Núñez, al referirse al “nombramiento” del exjefe de la extinta Seguridad del Estado sandinista, Lenín Cerna Juárez, como coordinador político de jueces y magistrados.

Independencia judicial anulada

La reaparición de Lenín Cerna —exjefe de la extinta Dirección General de la Seguridad del Estado (DGSE)— como coordinador político de jueces y magistrados en el poder judicial es calificada como el mayor atropello que el gobierno del presidente inconstitucional Daniel Ortega ha dado a la institucionalidad del país y a la independencia del poder judicial, según diferentes sectores.

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