Martha Vásquez, Ramón H. Potosme y Gloria Picón Duarte
La reaparición de Lenín Cerna —exjefe de la extinta Dirección General de la Seguridad del Estado (DGSE)— como coordinador político de jueces y magistrados en el poder judicial es calificada como el mayor atropello que el gobierno del presidente inconstitucional Daniel Ortega ha dado a la institucionalidad del país y a la independencia del poder judicial, según diferentes sectores.
“Lo grave de esto es que están atropellando la independencia del poder judicial. No existe la figura de coordinador político en la Constitución y en la Ley Orgánica del Poder Judicial, por tanto, es una intromisión clara y evidente de la conjunción Estado-partido”, expresó Vilma Núñez, expresidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh).
Mientras tanto, la magistrada de facto Alba Luz Ramos, presidenta de la CSJ, negó que la presencia de Cerna y Bayardo Arce (asesor económico presidencial) en las actividades de León y Masaya fuera oficial y que más cree es un asunto personal de los magistrados (de facto) Juana Méndez y Armengol Cuadra, al invitarlos.
Por su parte, Edmundo Jarquín, en su columna El Pulso de la Semana, señaló que el nombramiento de Cerna es inconstitucional y que busca la conformidad de la ciudadanía ante el autoritarismo. “Siempre se ha conocido del control político que Ortega ejerce en el poder judicial, pero que se admita abiertamente es cinismo”.
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Aunque, extraoficialmente, se conoce que Arce anda entregando el puesto de coordinador político del poder judicial a Cerna.
“No fui ni atiendo León, pero a mí me parece que es una cuestión muy personal de la Juanita y Armengol porque eso no es verdad, no es nada oficial. O sea, a mí nadie me ha comunicado que el coronel Cerna va a atender el poder judicial”, dijo Ramos.
“Con el nombramiento de Cerna como coordinador político de jueces y magistrados en el poder judicial lo que está haciendo Ortega es recuperando poder con sus hombres más leales, en la disputa interna que existe en el partido Frente Sandinista”, dijo una fuente sindical del poder judicial.
“Además, el puesto de Cerna le permite nombrar jueces, magistrados e influir en sentencias”, dijo la fuente.
Núñez agregó que con este acto se está violando el artículo 165 de la Constitución que dice: “Los magistrados y jueces en su actividad judicial son independientes y solo deben obediencia a la Constitución y a la Ley (…)”.
“Con esto me parece que este gobierno está subiendo la parada en su represión y fortaleciendo su carácter dictatorial”, agregó Núñez.
También agregó que es “una intromisión política abierta a la independencia del poder judicial, que mete miedo y empeora la imagen del poder judicial”.
MENSAJE INTIMIDATORIO
Por su parte, la diputada Licet Montenegro, de la Bancada Democrática Nicaragüense (BDN), considera que el nombramiento de Cerna puede ser una estrategia. “Ese nombramiento es política del oficialismo para operar y amedrentar desde ese poder del Estado a los y las nicaragüenses, como lo hacía en sus tiempones”, dijo Montenegro.
Montenegro también calificó el nombramiento como un error político del Frente Sandinista, pues va degenerando al poder judicial y terminando con la credibilidad que los ciudadanos pueden tener.
Núñez coincidió con Montenegro y dice que el mensaje es intimidatorio para la población porque dejan claro que el poder judicial es un instrumento político para reprimir a quienes no están con ellos y favorecer a quienes quieran. Además, para dejar en impunidad casos tan evidentes como el caso del robo y atropello a los jóvenes del OcupaINSS.
La legisladora agregó que ese cargo de coordinador político no está contemplado en la Ley de carrera judicial y que en todo caso deben explicar si Cerna es abogado.
Al respecto la magistrada de facto Ramos insistió que no hay violación a la Ley Orgánica del Poder Judicial porque Cerna no está en ningún cargo en el poder judicial.
Para la exguerrillera Dora María Téllez el nombramiento de Cerna tiene que ver con una estrategia de ocupación de propiedades privadas de parte de la familia Ortega Murillo.
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