Esa voluntad de los nicaragüenses se manifestó mayoritariamente el 25 de febrero de 1990. Doña Violeta le ganó la elección presidencial a Daniel Ortega con el 54.74 por ciento de los votos, contra el 40.82 por ciento que obtuvo el dictador. En cuanto a diputados la UNO eligió 51 y el FSLN únicamente 39.
Aunque se resista, Daniel Ortega tiene que aceptar una reforma creíble del sistema electoral, para que haya elecciones libres y transparentes que abran el camino a la solución de la crisis, que fue provocada por él mismo y que sin duda se agravará impredeciblemente por las consecuencias de la pandemia del Covid-19.
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Al anunciar la Coalición Nacional sus promotores declararon que su propósito es crear el instrumento para enfrentar a la nueva dictadura de Ortega en un eventual proceso electoral, y derrotarla de la misma manera que fue derrotada por la UNO de 1990.
Dos años después de Abril no cesa la represión, pero tampoco la lucha cívica contra la dictadura que se mantiene en el poder haciendo daño a los nicaragüenses, inclusive a la mayoría de sus partidarios aunque estos no quieran enterarse.
Se trata en este caso de que investigaciones de las potencias democráticas indican que las autoridades de China comunista sabían de la aparición del nuevo coronavirus
El relato falaz de la dictadura, de que lo ocurrido en abril de 2018 y meses siguientes fue una intentona de golpe de Estado, nadie lo cree, por mucho que los funcionarios y sicarios del régimen lo repitan dentro y fuera de Nicaragua exhibiendo no solo su falsedad sino también su torpeza política.
Como hemos dicho muchas veces, Ortega no es un gobernante legítimo cuyo mandato haya emanado del voto libre de los ciudadanos. El régimen de Ortega es fruto del fraude, no solo electoral sino también constitucional.
Sin embargo Ortega no es un presidente legítimo, ni de origen ni de ejercicio. Y la Asamblea Nacional tampoco es un órgano legislativo que tenga legitimidad.
La dictadura califica aquellos acontecimientos históricos como una intentona de golpe de Estado, organizado y ejecutado por los obispos de la Iglesia católica, los empresarios privados, políticos opositores y estudiantes “revoltosos”.
