Enviaron escrito al CSE, dominado por magistrados a fines a la dictadura y aunque no esperan una respuesta apegada a derecho, señalan que Ortega y Murillo son ilegítimos y autores de delitos de lesa humanidad, violaciones a derechos humanos y a las libertades individuales.
Los procesados fueron mantenidos bajo prisión preventiva y la audiencia se realizó en las instalaciones de la Dirección de Auxilio Judicial, conocidas como el nuevo Chipote. En el caso de Rivas es señalado de tener, usar, fabricar, traficar armas ilegales y conspirar.
Maynor Curtis considera que la Fiscalía no cuenta con suficientes elementos de convicción para probar los delitos que imputan a Cristiana Chamorro y resto de acusados, pero por tratarse de un proceso político descarta un fallo de inocencia.
Jueces los mantienen bajo prisión preventiva y deniegan solicitudes de los abogados defensores de los presos políticos.
La autoridad judicial mantuvo la prisión preventiva para los procesados y consideró elevar a juicio la causa en contra de la precandidata presidencial, su hermano Pedro Joaquín Chamorro y los extrabajadores de la FVBCH, Marcos Fletes y Walter Gómez, además de Pedro Vásquez, exconductor de Cristiana Chamorro
«(La fiscal) me preguntó que si en mi noticiero yo había pedido intervención militar, yo les dije que nunca he promovido el odio, la gente en Matagalpa sabe», relató la comunicadora al salir de la Fiscalía sobre el interrogatorio al que fue sometida.
