Noelia Ramos, abogada especialista en inmigración, califica la etapa actual de la Administración de Donald Trump como «brutal» en temas de inmigración y advierte que las modificaciones y decisiones judiciales llenan de incertidumbre a nicaragüenses que buscan protección en Estados Unidos.
Ramos, quien inicialmente se dedicaba a la inmigración laboral y a la tramitación de visas profesionales, explicó que tuvo que modificar su práctica jurídica durante el primer mandato de Trump ante el aumento de los casos que requerían defensa en los tribunales migratorios.
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«Es brutal. Haces una estrategia el día lunes y el día viernes ya cambió todo. Una decisión ya ni siquiera es solo la Florida, puede afectar otro estado… Sentimos que es un ataque constante por todos los puntos», afirmó a LA PRENSA.
Ramos cuestionó la independencia de los jueces que presiden las cortes de inmigración y contrastó su posición institucional con la de los jueces federales.
«El juez de inmigración ante el cual nos presentamos no es imparcial. Es un empleado directo del Ejecutivo, de la administración Trump. Y cuando ese juez de inmigración recibe órdenes directas de arriba, literal es como cualquier empleado de gobierno que debe obedecer», expresó.
Añadió que «es triste verlo en los Estados Unidos porque esto lo miraba en Nicaragua, pero venirlo a ver aquí es impresionante, ver ahora cómo (los jueces) reciben órdenes a lo descarado, ya no hay un análisis», criticó la experta.
Nacionalidad española: un posible argumento contra solicitudes de asilo
Ramos opinó sobre la situación de los nicaragüenses que obtuvieron la nacionalidad española o que tienen la posibilidad de adquirirla mientras mantienen una solicitud de asilo pendiente en Estados Unidos.
La abogada considera que la Administración Trump podría utilizar la existencia de una segunda nacionalidad como argumento para cuestionar la necesidad de protección estadounidense. Sin embargo, advierte que la legislación exige examinar las circunstancias particulares de cada solicitante.
«Si algo está buscando esta administración es la excusa perfecta para poder negar los casos de asilo», sostuvo al ser consultada sobre si la nacionalidad española podría perjudicar esos expedientes.
En el caso de los nicaragüenses que fueron despojados de su nacionalidad por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo y posteriormente recibieron la ciudadanía española, Ramos considera que el análisis requiere especial atención.
«Estará por verse, porque también la ley pide que sea analizado caso por caso, el caso de nicaragüenses que le quitan la nacionalidad por un lado, que sabemos que no fue ni siquiera constitucional, por el otro lado viene otro país y les ofrece otra cosa, o sea, fue anormal que va a tener que llevar un análisis jurídico aquí en Estados Unidos más profundo», explicó.
Para Ramos la cuestión central es si España puede ofrecer protección efectiva a una persona que alega haber sido perseguida por razones políticas en Nicaragua: «No basta con sostener que existe un riesgo general: el solicitante tendrá que explicar por qué considera que las autoridades españolas no pueden protegerlo frente a las amenazas que denuncia», afirmó la abogada.
La especialista insistió en que la existencia de persecución política en Nicaragua no demuestra automáticamente que una persona estaría desprotegida en España. Según explicó, el solicitante tendría que presentar argumentos y pruebas que respondan a las preguntas de las autoridades estadounidenses sobre las posibilidades de recibir protección en el país europeo.
«Te voy a poner ejemplos reales. Hay pruebas de personas que estando en Costa Rica, presentando solicitudes de trámites migratorios y recibieron tres tiros. Pero alguien que está aquí en Estados Unidos, que nunca ha puesto un pie en España, es súper más difícil probarlo», afirmó.
La decisión de adquirir otra nacionalidad
Ramos aseguró que ya había advertido a sus clientes, nicaragüenses en condición de apatridia que solicitaron asilo en Estados Unidos, sobre las posibles consecuencias migratorias de adquirir la nacionalidad española.
«Yo les dije: ‘Yo no voy a tomar esa decisión por usted, pero sí te voy a decir cuál es el escenario que se debe o presentar al futuro’. Yo esto se lo canté a mis clientes… Todos dijeron que no», comentó.
Ramos recalcó que su recomendación no consiste en que todos los nicaragüenses rechacen otra nacionalidad, sino en que comprendan las posibles consecuencias para sus expedientes antes de tomar una decisión.
En ese sentido, la abogada plantea que los solicitantes deben analizar sus circunstancias particulares y consultar con un profesional que pueda evaluar los efectos jurídicos de adquirir otra ciudadanía. La nacionalidad española no implica, por sí sola, que todos los expedientes de asilo deban recibir la misma respuesta.
«Mala fe» en revisión de expedientes
La abogada Noelia Ramos también se refirió a la intención de la Administración Trump de revisar los casos de personas que ingresaron a Estados Unidos con estatus de refugiado durante el mandato de Joe Biden.
La Administración ha cuestionado la calidad de algunos procedimientos anteriores y ha señalado supuestas deficiencias en las entrevistas y verificaciones de antecedentes. También ha planteado que algunas personas podrían haber recibido protección sin cumplir los requisitos correspondientes, por lo que redujo el tiempo de impugnaciones a un plazo de 10 días.
Según Ramos, si las autoridades concluyen que las entrevistas o las evaluaciones realizadas durante el proceso inicial fueron insuficientes, podrían abrir revisiones de los expedientes.
«Si ese oficial que hizo ese trabajo no llenó todos los parámetros y este gobierno de Trump quiere hacer una auditoría, por supuesto que pueden encontrar deficiencias, y las están buscando, están actuando de mala fe», afirmó.
La abogada distinguió entre una revisión destinada a detectar casos que no debieron recibir protección y otra que pudiera afectar a personas que sí reúnen los requisitos, pero cuyos expedientes no contienen suficientes pruebas.
La especialista recomendó a quienes hayan conseguido nuevas pruebas desde que presentaron sus solicitudes que las incorporen a su documentación de respaldo, siempre mediante los procedimientos legales correspondientes.
«Si ahora hay personas a quienes tiene acceso hoy en día y no las tenía antes, pídale testimonios de soporte. Es momento de estar proactivos, tenerlo listo. Te llega una carta y te piden evidencia adicional, hasta es hora no vas a salir corriendo», recomendó.
Y agregó: «Ya hiciste la tarea y ya puedes perfectamente suplementarlo y darle fuerza al caso. Ahora, si ya hablamos de una entrevista, definitivamente qué más vale que contrate a un abogado, yo no me iría sola».
Recomienda reforzar casos
Ante la posibilidad de recibir una notificación, Ramos enumeró varias medidas que los refugiados deberían tomar para revisar sus antecedentes y prepararse para responder a las autoridades.
«Paso número 1, asegúrese que tiene una copia o que puede obtener una copia de todo lo que presentó o utilizó en la primera versión, es decir la primera vez. Porque también eso puede crear una verificación después de inconsistencias», aconsejó.
Como segundo paso, recomendó buscar asesoría legal cuando los recursos económicos lo permitan y, en caso contrario, comenzar a organizar las pruebas adicionales que puedan respaldar la solicitud.
«Si no tienes los fondos económicos, mínimo comienza a adicionar más evidencias de soporte, pero si tienes los medios económicos obtenga una opinión de un abogado que irá con ojo clínico buscando otras cosas que estamos acostumbrados a ver en las entrevistas. Cualquier inconsistencia se puede cachar a tiempo», dice.
La finalidad, explicó, es identificar y aclarar las contradicciones que puedan surgir entre la información presentada en diferentes momentos del proceso: «Obviamente no para que fabriques cosas, sino para que puedas tener una explicación razonable. Es poco el tiempo para poderlo mejorar y preparar», agregó.
En tercera instancia, la abogada también insistió en la importancia de mantener actualizada la dirección ante las autoridades migratorias para evitar que una notificación llegue a un domicilio anterior y que el afectado pierda la oportunidad de responder dentro del plazo correspondiente.
«Mucha gente tiene la mala costumbre de no actualizar su dirección. Usted sabe que esa es su obligación. Porque el gobierno dice que si no la actualizaste y ellos utilizaron la última dirección vas a perder una notificación que tiene una fecha límite que tenías que haber contestado algo».
Ramos insistió en que esta omisión puede tener consecuencias importantes, especialmente cuando el Gobierno envía comunicaciones que requieren una respuesta dentro de un plazo específico.
La recomendación de la abogada es que los refugiados no esperen a recibir una comunicación oficial para organizar sus documentos, comprobar la información de sus expedientes y buscar asesoría si detectan inconsistencias o tienen dudas sobre su situación migratoria.
Para los nicaragüenses que buscan protección en Estados Unidos, su advertencia tiene dos dimensiones: quienes mantienen solicitudes de asilo y contemplan adquirir otra nacionalidad deben evaluar previamente las posibles implicaciones legales; quienes ya ingresaron como refugiados durante la Administración Biden deberían conservar sus expedientes completos y prepararse para responder si las autoridades solicitan información adicional.
