El migrante nicaragüense Héctor Luis Castillo Reyes, de 23 años, fue sentenciado a 41 meses de prisión en Utah, Estados Unidos, después de que las autoridades le encontraron aproximadamente 104,000 pastillas de fentanilo, con un peso total aproximado de 23 libras, informó el Departamento de Justicia de EE. UU.
Castillo habría cometido una infracción de tránsito en agosto de 2025 cuando le fue encontrado el fentanilo. La sentencia fue impuesta por la jueza Anna Marie Mclff Allen, del Tribunal de Distrito de los EE. UU., después de que el 20 de julio se declaró culpable de posesión de fentanilo con la «intención de distribuirlo».
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El Departamento de Justicia identificó a Castillo como un residente ilegal en Fresno, California.
Sentenciado a tres años de libertad condicional supervisada
Además de los 41 meses de cárcel, Castillo fue sentenciado a tres años de libertad condicional supervisada, y aunque salga libre, será entregado al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE) para los trámites de deportación.
Castillo fue detenido por un agente del sheriff del condado de San Juan, el 14 de agosto de 2025, por haber cometido una infracción de tránsito. Tras la retención, se inspeccionó el vehículo con un perro detector de drogas y encontró narcóticos ilegales.
«Durante el registro del vehículo, las autoridades recuperaron aproximadamente 104,000 pastillas azules de fentanilo M30 dentro de una caja de herramientas ubicada en la parte trasera del vehículo. Castillo Reyes admitió haber recogido la bolsa con las pastillas de fentanilo y haberlas transportado a cambio de dinero», sostiene el Departamento de Justicia.
«Eliminar este veneno de nuestras calles»
La fiscal federal del Distrito de Utah, Melissa Holyoak, declaró que el caso «pone de manifiesto la excelente coordinación entre nuestros socios estatales, federales y tribales para eliminar este veneno de nuestras calles».
A su vez, agradeció a las instituciones que participaron en el caso, desde la Administración para el Control de Droga (DEA), la Oficina Estatal de Investigación (SBI) del Departamento de Seguridad Pública de Utah, el ICE y la Oficina del Sheriff del Condado de San Juan.
También, el fiscal adjunto de los Estados Unidos, Joseph M. Hood, de la Fiscalía del Distrito de Utah, llevó el caso.
