El Gobierno del presidente Donald Trump redujo de 30 a 10 días el plazo que tienen los refugiados para impugnar la terminación de su estatus migratorio en Estados Unidos, una medida que podría aumentar la incertidumbre para quienes buscaron protección internacional tras huir de la persecución, la violencia o las amenazas en sus países de origen.
La nueva política, que entrará en vigor este miércoles 14 de octubre, forma parte de una serie de cambios impulsados por la administración Trump para restringir y transformar el programa estadounidense de reasentamiento de refugiados.
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Aunque la disposición no especifica cuántas personas podrían resultar afectadas, el documento se refiere particularmente a refugiados admitidos durante el mandato del expresidente Joe Biden, es decir, entre enero de 2021 y enero de 2025, cuyos casos están siendo revisados, bajo el argumento de que no se aplicaron procesos rigurosos de verificación.
«Las directrices operativas implementadas durante ese período permitieron a los funcionarios omitir líneas de indagación habituales, sacrificando la calidad y la eficacia de las entrevistas a los refugiados, un componente fundamental del proceso de evaluación de las solicitudes de refugio», expone el documento.
El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) sostiene que reducir el tiempo para responder a una notificación sobre la posible cancelación del estatus de refugiado le permite actuar con mayor rapidez cuando detecta irregularidades o riesgos de seguridad.
Como ejemplo, citó investigaciones de la Dirección de Detección de Fraude y Seguridad Nacional (FDNS) que identificaron a refugiados vinculados con grupos armados y una persona implicada en violaciones de derechos humanos.
Preocupación para refugiados
Para los nicaragüenses que encontraron protección en Estados Unidos después de salir de Nicaragua por motivos políticos, religiosos o de seguridad, el cambio representa un motivo de preocupación, especialmente si sus expedientes quedan sujetos a una revisión que pueda poner en riesgo su estatus.
Miles de nicaragüenses salieron de Nicaragua desde la represión de las protestas de 2018 y el endurecimiento de las medidas contra opositores, periodistas, defensores de derechos humanos y miembros de organizaciones religiosas.
Si las autoridades estadounidenses deciden terminar el estatus de un refugiado bajo el procedimiento contemplado en la nueva política, el plazo reducido a solo 10 días podría dificultar la preparación de una respuesta legal, especialmente para quienes necesitan conseguir representación jurídica, reunir documentos o solicitar expedientes desde el extranjero.
Organizaciones critican medida
La organización Global Refugee cuestionó la reducción del tiempo disponible para impugnar estas decisiones.
“Estas familias hicieron todo lo que se les pidió”, manifestó Krish O’Mara Vignarajah, presidenta de la organización, al defender los procedimientos de selección y verificación a los que se someten los refugiados antes de ser admitidos en Estados Unidos.
Según el documento que entra en vigencia en las próximas horas, quienes no logren impugnar la cancelación de su refugio serán deportados a la brevedad.
Estas advertencias adquieren especial relevancia en el caso de los nicaragüenses que sostienen que regresar al país podría exponerlos a represalias y les garantizaría la cárcel.
La nueva disposición se suma a los cambios introducidos por Trump desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025. Su administración suspendió inicialmente el programa de admisión de refugiados y posteriormente lo reabrió de forma limitada, con prioridad para determinados grupos, entre ellos sudafricanos blancos.
En septiembre de 2026, el Gobierno anunció planes para establecer un límite de 17,500 admisiones de refugiados durante el año fiscal 2027, una cifra muy inferior al objetivo de 125,000 admisiones que había fijado la administración Biden para su último año de mandato.
