El Ministerio Público (MP), a través de un comunicado, informó que este jueves se realizó la audiencia inicial en el caso contra la extinta Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH) y la autoridad judicial decidió remitir a juicio a Cristiana Chamorro Barrios y nueve personas más, de las cuales cinco fueron considerados «prófugos de la justicia».
También, el MP indicó que en la audiencia se decidió mantener la prisión preventiva a los acusados. Aunque la comunicación de esta institución no menciona quién es la jueza que decidió elevar a juicio esta causa, LA PRENSA conoció extraoficialmente que se trata de la juez, Karen Chavarría, titular del Juzgado Noveno Distrito Penal de Audiencia de Managua.
La audiencia inicial se realizó en las instalaciones de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), conocidas como el nuevo «Chipote» por decisión de la judicial, donde los policías no permitieron el ingreso de familiares de los procesados. Cristiana Chamorro Barrios, Pedro Joaquín Chamorro Barrios, Walter Gómez, Marcos Fletes y Pedro Vásquez, son los acusados que están enfrentando la acusación de manera presencial, mientras el resto de señalados tienen orden de arresto.
Irregularidades denunciadas
El pasado 24 de agosto se realizó una audiencia preliminar secreta en la que se ordenó prisión preventiva contra Cristiana Chamorro y siete extrabajadores de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH): Marcos Fletes, Walter Gómez, Emma López, Pedro Vásquez, Ana Elisa Martínez, Guillermo Medrano y María Lourdes Arróliga.
Además, en esa audiencia preliminar se amplió la acusación y se acusó al periodista Carlos Fernando Chamorro Barrios por los supuestos delitos de lavado de dinero, bienes y activos, apropiación y retención indebida y gestión abusiva. Y en el caso de Pedro Joaquín Chamorro es acusado de gestión abusiva y apropiación y retención indebida, y está bajo arresto desde el 26 de junio.
Los abogados defensores de los acusados, así como de los extrabajadores de la extinta FVBCH, denunciaron tras la ampliación de la acusación en contra de sus defendidos que el poder judicial al realizar audiencias secretas está incurriendo en acciones «inconstitucionales y violatorias» a lo que mandata la Constitución Política. Tampoco tuvieron acceso al acta de la audiencia preliminar, al expediente judicial y el régimen no permitió que los presos políticos tuvieran asistencia legal durante el período de detención judicial.
«En el sistema informático de los juzgados sigue sin aparecer información de los casos y no hay referencias algunas sobre audiencias de los casos. La audiencia que según el Ministerio Público se realizó el día 24 de agosto, además de secreta, es totalmente nula porque se ejecutó sin la participación de los abogados defensores nombrados por los acusados y sus familiares», han cuestionado los juristas sobre las nuevas irregularidades de este proceso.
Afectados por detención judicial
Cristiana Chamorro fue detenida en su vivienda por un contingente de oficiales de la Policía el pasado 2 de junio. Quedó incomunicada y asediada por uniformados. El régimen le decretó arresto domiciliar. Mientras que su hermano, Pedro Joaquín Chamorro fue detenido el pasado 25 de junio y trasladado a las celdas del Chipote, donde no se le permitió ser asistido por un abogado y fue hasta este martes que logró ver a un familiar.
Los procesados Walter Gómez y Marcos Fletes, extrabajadores de la FVBCH, fueron capturados por la Policía el pasado 28 de mayo y mantenidos incomunicados. Durante 95 días no fueron asistidos por un abogado y no pudieron ver a sus familiares, mientras que don Pedro Vásquez, conductor particular de Cristiana, fue apresado el pasado 15 de junio y pasó 78 días sin ver a un abogado y a su familia.
