Un funcionario costarricense asegura que precaristas nicaragüenses invaden fincas ubicadas en la zona norte de Costa Rica, exactamente en San Carlos. El hecho ocurre a unos 42 kilómetros de la zona fronteriza de Crucitas, donde se desarrollan actividades de minería ilegal.
Una de las zonas afectadas con invasiones es Banderas de Pocosol, territorio de San Carlos. Según Juan Pablo Rodríguez —regidor independiente de ese cantón, cuyo cargo equivale a un alcalde— hay varias comunidades en riesgo.
En un comunicado, Rodríguez estima que actualmente hay unas 36 fincas invadidas: «Hemos podido cuantificar más o menos 2,820 hectáreas invadidas… los propietarios están en los trámites de desalojo para recuperar sus fincas… son más o menos 36 fincas las que se encuentran en este momento con invasiones dentro de los distritos de Cutris y Pocosol», explicó.
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El regidor advirtió además que una estructura organizada tendría identificadas otras 150 propiedades para promover nuevas ocupaciones. Entre las comunidades mencionadas en las denuncias figuran Banderas de Pocosol, Moravia y Coopevega de Cutris.
«Como si el desafío de la minería ilegal en la frontera con Nicaragua no fuera suficiente, una estructura delictiva organizada lidera la usurpación planificada de tierras en la zona norte», denunció Rodríguez.
Según su versión, el grupo identificaría propiedades que supuestamente se encuentran en condición de precario y utilizaría principalmente a ciudadanos nicaragüenses para promover las ocupaciones: “La logística de este grupo incluye el apoyo de baquianos locales para el despliegue y ubicación de las propiedades, algunas ubicadas en terrenos de difícil acceso y, sin duda, la participación de profesionales en Derecho que realizan estudios registrales”, explica.
Alerta en la frontera
Propietarios de terrenos en comunidades fronterizas entre Costa Rica y Nicaragua aseguran que han recibido amenazas y presiones para entregar sus tierras. Un equipo de prensa del medio costarricense Central Noticias se trasladó hasta la comunidad de Banderas de Pocosol, ubicada a unos 42 kilómetros de Crucitas.
«Esa gente quiere entrar a la fuerza, con amenazas», denunció Allan Díaz en ese noticiero, y agregó: «Me dijeron que si me unía al grupo me iban a dar el sector de las casas y un terreno más adentro», relató Díaz a Central Noticias.
El propietario aseguró que al menos diez personas ingresaron a su finca y levantaron champas, alegando que la propiedad tenía tres hipotecas.
«Tenían el argumento de que supuestamente esta finca tenía tres hipotecas y que la iba a rematar el banco, que ellos tenían una orden ‘de arriba’ que podían invadir esta propiedad», relató preocupado.
Las amenazas, afirmó, alteraron la vida de su familia. Por temor a una posible agresión, tuvo que sacar a sus dos hijos menores de edad de la finca donde vivían. Ahora, incluso el paso de vehículos durante la noche les genera temor.
Preocupa la seguridad en la frontera con Nicaragua
Las invasiones de terrenos se producen en una región que enfrenta otros problemas de seguridad, entre ellos la extracción ilegal de oro en Crucitas, denuncias de robo de ganado y la posible operación de estructuras criminales.
Los denunciantes consideran que las ocupaciones de fincas podrían facilitar el acceso a territorios donde se desarrolla la minería ilegal y ofrecer rutas de movilidad y escape por la cercanía con el río San Juan, en la frontera con Nicaragua.
El regidor Juan Pablo Rodríguez pidió al gobierno costarricense reforzar las investigaciones y destinar recursos de inteligencia para identificar a quienes estarían detrás de las ocupaciones. Señaló que las autoridades enfrentan limitaciones de recursos para atender la situación en las comunidades rurales.
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«Creemos que faltan recursos. Nos han indicado que en este momento el recurso que está en las zonas urbanas tendría que movilizarse a estas zonas rurales y, como decimos acá en el campo, es quitar un santo para vestir otro. Es un tema que ellos tienen que resolver, un tema administrativo», expresó Rodríguez.
El funcionario mencionó la necesidad de contar con más vehículos, tecnología y drones para mejorar la vigilancia y la capacidad de respuesta en estas comunidades. Las autoridades locales solicitaron la presencia del Ministerio de Seguridad Pública, del Organismo de Investigación Judicial y hasta la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional.
