El pasado martes 3 noviembre fue integrada la comisión ministerial o interministerial de la OEA sobre Nicaragua. La integran diez países de las Américas, entre ellos Estados Unidos (EE. UU.), que obviamente ejercerá su liderazgo. No solo por su poderío e influencia en el sistema interamericano, sino también y sobre todo porque es el que ha demostrado más interés en que termine la dictadura de Ortega y Murillo. Y que Nicaragua recupere el rumbo democrático que perdió hace precisamente 20 años.
La creación de esta comisión especial de la OEA fue acordada por la Reunión Extraordinaria de Consulta de Cancilleres del sistema interamericano, el pasado 2 de octubre. La creó con el declarado interés y propósito de contribuir al restablecimiento de la libertad, la democracia y el Estado de derecho en Nicaragua, utilizando recursos políticos y diplomáticos.
La comisión especial y extraordinaria de la OEA tiene un plazo de 90 días para ir a Nicaragua a dialogar con el régimen, convencerlo de que libere a todos los presos políticos, restablezca las libertades y derechos fundamentales, permita que regresen los exiliados con garantías y les restituya sus bienes jurídicos y materiales. Y que acepte la celebración de elecciones auténticas que abran la puerta a la reconstrucción democrática de Nicaragua.
De otra manera la comisión de la OEA deberá recomendar acciones colectivas concretas contra la dictadura de Nicaragua, enmarcadas en el derecho internacional. O sea, excluyendo el uso de la fuerza, lo cual, sin embargo, no le impediría a algún país en particular aplicar por su propia cuenta las medidas que estime necesarias.
La propuesta de la OEA es muy razonable y bien intencionada. Pero “de buenas intenciones está empedrado el camino del infierno”, como dice la frase popular atribuida al santo francés san Bernardo de Claraval (1090-1153).
En realidad, el plan de la OEA sobre Nicaragua significa prácticamente pedirle a Daniel Ortega y Rosario Murillo su rendición, que renuncien a sus pretensiones de perpetuarse en el poder mediante la sucesión familiar dinástica, o de cualquier otra manera, y que dejen el poder de manera voluntaria.
Pero la dictadura de Nicaragua es de las que no atienden razones, no dejan el poder por su propia voluntad, ni por renuncia ni mediante diálogos y negociaciones políticas. Lo dejan solo si son desalojadas por medio de la fuerza.
Daniel Ortega ya entregó el poder una vez. Lo hizo en 1990, como resultado de unas elecciones libres que fue forzado a aceptar. Las aceptó solo porque creía que las ganaría, y después de que las perdió entregó el poder (pero no del todo) obligado también por la presión internacional. Ese “grave error” (según la mentalidad totalitaria) Ortega no lo volverá a cometer. Ahora él y su consorte cumplen al pie de la letra la recomendación del tristemente célebre comandante Tomás Borge:
“Yo le decía a Daniel Ortega: hombre… podemos pagar cualquier precio, digan lo que digan, lo único que no podemos es perder el poder. Digan lo que digan, hagamos lo que tenemos que hacer, el precio más elevado sería perder el poder». Eso lo declaró Borge a Telesur en 2010, tres años después de que Ortega había podido recuperar el poder mediante otras elecciones y avanzaba firmemente en la instauración de la nueva dictadura.
De manera que la OEA puede tener muy buenas intenciones para Nicaragua, pero no puede convertirlas en realidad. A menos que recurriera a la fuerza, o que respaldara a quien tenga capacidad y decisión de hacerlo.
