Este jueves 5 de noviembre se han cumplido 20 años de las elecciones que ganó Daniel Ortega y le permitieron recuperar el poder. El que había perdido en las elecciones de 1990, cuando fue derrotado ampliamente por doña Violeta Barrios de Chamorro y la Unión Nacional Opositora (UNO).
Ambas elecciones, la de 1990 y la de 2006, fueron históricas. La de 1990 porque puso fin a la primera dictadura sandinista, gracias a la unidad de las fuerzas principales de la oposición democrática y al apoyo democrático internacional. Y la de 2006 porque un pacto del FSLN con el Partido Liberal Constitucionalista (PLC) para repartirse los principales cargos del poder e inmunizar la corrupción, desmoralizó y dividió a la ciudadanía democrática que seguía a los dos principales partidos liberales. Y le allanó el camino a Daniel Ortega para recuperar el poder y restaurar la dictadura.
Seguramente a eso se refería la presidenta de Costa Rica, doña Laura Fernández, cuando el 12 de junio pasado dijo que los nicaragüenses “tienen el gobierno que han elegido tener”. Pues fue en una elección básicamente libre y competitiva, la última habida en Nicaragua, en que Daniel Ortega ganó el derecho de volver a gobernar. Pero no de restablecer la dictadura. Esto lo hizo arteramente, combinando maniobras políticas espurias con la claudicación de las fuerzas políticas liberales.
De manera que tanto las elecciones del 5 de noviembre de 2006, como antes las del 25 de febrero de 1990, fueron históricas, aunque por razones contrarias. Ambas elecciones son parte de la memoria histórica, que significa “el esfuerzo consciente, individual o colectivo, de una sociedad por rescatar, valorar y transmitir los acontecimientos de su pasado”.
A diferencia de la historia académica —que reconstruye los hechos de manera empírica y neutral—, la memoria histórica tiene una carga fuertemente ética, social y afectiva. Y no puede ser de otra forma, porque el propósito de la memoria histórica es dar voz a los protagonistas, dignificar a las víctimas, procurar justicia y reparación, no permitir la indiferencia ni el olvido y sobre todo que no haya repetición.
Pero la memoria histórica no solo es para preservar el recuerdo de las tragedias políticas humanas, como la represión sangrienta de 2018 perpetrada por la dictadura contra la población inerme y pacífica. Ni es únicamente la demolición de las instituciones democráticas y la imposición por la fuerza de una dictadura rústica y brutal, familiar y dinástica, con pretensiones de perpetración.
También hechos políticos no armados ni violentos, pero terribles por sus consecuencias devastadoras, como las elecciones del 5 de noviembre de 2006 y sus antecedentes directos, tienen que ser parte de la memoria histórica. Para que algo como eso no vuelva a ocurrir, pero también para que los culpables y cómplices del regreso de la dictadura puedan ser sometidos a la justicia.
Porque despojar a la gente de su libertad, de sus derechos fundamentales, de sus bienes, de su nacionalidad, de su dignidad humana, es también un crimen de lesa humanidad.
