Faltan cuatro días para que los nicaragüenses a nivel nacional conmemoren el Día de los Fieles Difuntos, este próximo 2 de noviembre, sin embargo, a la fecha desconocen si podrán participar del rito de la santa misa en los cementerios.
La abogada y autora del informe Nicaragua: ¿una Iglesia perseguida?, Martha Patricia Molina, denunció en redes sociales que la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo «todavía no ha autorizado (a la Iglesia católica) celebrar misa en los cementerios públicos y privados».
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Molina, en declaraciones a LA PRENSA, dijo que en medio del contexto de persecución religiosa que se vive en el país probablemente «así como han permitido algunas procesiones van a autorizar las misas en los cementerios públicos y privados. Lo único que sé es que los sacerdotes están en espera a que autoricen las misas».
#Diadelosdifuntos https://t.co/OSnXRybWLE
— Martha Patricia Molina (@mpatricia_m) October 27, 2026
«No debería de pedirse autorización para expresar la fe en público»
A lectura de la investigadora, en el país y en ningún otro lugar «no debería de pedirse autorización para expresar la fe en público o en privado».
Por lo anterior, Molina sostiene que «espero que la dictadura permita la celebración de las misas en los cementerios el próximo Día de los Difuntos a como siempre se hizo en los gobiernos liberales».
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No obstante, reconoce que todo depende de la decisión del régimen orteguista. «La codictadora Rosario Murillo es la que tiene la última palabra y es la que decide qué reprime y qué no», dijo.
Este mes, la dictadura comenzó a permitir ciertas procesiones religiosas en las calles, mismas que en los últimos cuatro años no habían sido celebradas. La medida ocurrió en medio de la presión por Estados Unidos y los países del hemisferio, quienes el 2 de octubre aprobaron por unanimidad en la Organización de Estados Americanos (OEA) una resolución en la que urgen al régimen «revocar» reformas constitucionales de 2025 y 2026, y restablecer las libertades de expresión, asociación, religión y reunión pacífica.
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En ese momento, Molina indicó que al respecto le había consultado a sacerdotes que se encuentran en Nicaragua y que la respuesta recibida era que serían supervisadas y coorganizadas.
«Me han informado que todo sigue igual; uno de ellos me aseguró que policías llegaron a decirle que las prohibiciones se han suspendido y que ahora pueden realizarlas, pero las mismas deben ser ‘supervisadas y coorganizadas’ con la Alcaldía, Consejos del Poder Ciudadano (CPC), secretarios políticos; esto significa procesiones controladas y vigiladas por la dictadura», dijo.
La persecución religiosa que ejecuta la dictadura en Nicaragua, según datos recopilados por Molina, ha provocado el exilio de al menos 315 sacerdotes y religiosas; también la prohibición de ordenaciones diaconales y sacerdotales en Matagalpa, Jinotega, Siuna y Estelí.
