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SOLO PARA SUSCRIPTORES.En septiembre de 2024, Cristóbal Giovanny López salió de una celda de Nicaragua directo a un avión rumbo a Guatemala, con otros 134 presos políticos. Ninguno sabía si volvería a pisar su país, pero dos años después, López, conocido en TikTok como “Tropigamer”, cree que es posible.
A inicios de octubre anunció que regresaría de Estados Unidos, donde llegó gracias a Naciones Unidas, y grabaría su llegada al aeropuerto de Managua “de primerito”, para “rabia y cólera” de sus críticos.
Surgieron rumores de un “perdón” negociado por figuras cercanas al oficialismo, como el influencer José Ramón Quintanilla Cerda, JR, cercano a los hijos de Ortega y Murillo. Nada está confirmado más allá de los anhelos públicos del desterrado.
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A la suya le siguió otra súplica. Harry Valle, abogado penalista de Matagalpa y militante sandinista, se exilió en 2026 tras saber que tenía una orden de captura.
Desde TikTok pidió que si revisaban el caso de López revisaran también el suyo, con “un llamado respetuoso a las autoridades superiores”. Alegó que su único delito fue opinar como abogado y que no había cometido delito alguno, pero aun así, se declaró dispuesto a admitir las condiciones de su retorno y someterse a lo que dicten las autoridades.
Tanto López como Valle piden clemencia y se muestran dispuestos a no incomodar a cambio de volver. Antes que ellos, otros exiliados dieron esos mismos pasos y el añorado retorno se les convirtió en un infierno.
«Anónima y distante»
El periodista exiliado Emiliano Chamorro conoce uno de esos casos. En 2022, una señora integrante de una congregación religiosa viajó a Estados Unidos por dos semanas. Al preparar el regreso supo que no la dejarían entrar a Nicaragua y lo llamó para pedirle ayuda.
Pasó un mes cavilando qué hacer, oyendo consejos y opiniones, pero al final decidió correr el riesgo: voló a Honduras y se presentó por tierra en la frontera terrestre de Nicaragua.
Desde el puesto fronterizo rogó a policías y militares que le permitieran ingresar. Se disculpó por cualquier expresión que hubiera podido ofender a Daniel Ortega y Rosario Murillo. Firmó papeles, respondió interrogatorios, entregó maletas y documentos y rogó a Dios. Luego esperó durante horas sin saber si la respuesta sería un sí, un no, o una detención.
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Al final la dejaron pasar, pero con condiciones. Debía presentarse cada semana a firmar en la estación de Policía de su localidad. Tenía que apartarse de la congregación religiosa. Y debía, según la instrucción que recibió, “andar en capilla y con cuidado”.
Cumplió. Cambió de teléfono, borró sus redes y se despidió de sus amistades mediante un correo electrónico que luego desechó; dejó de asistir a sus actividades religiosas y redujo su vida pública a lo indispensable.
En palabras de Chamorro, “se volvió anónima y distante”.
Firma ante la Policía
La obligación de firmar en una delegación policial se ha convertido en una forma de control para los retornados, según los numerosos testimonios recogidos en San José, Costa Rica, por el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más.
A mitad de 2026 se tenían relatos de casi 200 personas, en 13 departamentos, obligadas a presentarse a diario en estaciones policiales.
En abril de 2026, LA PRENSA documentó testimonios similares de personas que tuvieron que pagar multas de miles de dólares a cambio del permiso de ingreso.
Quienes cumplieron la medida y les fue admitido el retorno, deben pedir permiso para salir de su municipio, son fotografiados en cada visita y a menudo seguidos al salir y volver a casa.
La tarifa del regreso
Desde 2024, cada vez más nicaragüenses que viajan al exterior se encuentran con el veto al intentar volver, aunque muchos no tengan un historial político. La notificación de impedimento de retorno les llega por correo de la aerolínea o en directo a la hora del prechequeo, sin explicación alguna.
LA PRENSA reconstruyó seis de esos casos en 2025, con testimonios de empresarios, funcionarios de empresas privadas y comerciantes que volvían de viajes de negocios, que fueron conminados a pagar a cambio de poder volver.
Tarifas desde 2,500 dólares hasta 10,000; una carta de perdón al régimen; firmaron una carta compromiso para reportar sus actividades y ganancias y hasta solicitaron admisión para integrarse al partido o actividades del Frente Sandinista.
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Joshwell Martínez, presidente de la Asociación Intercultural de Derechos Humanos (ASIDEHU), con sede en Costa Rica, ha documentado este mecanismo desde 2018 y admite que a 2026 que las condiciones siguen siendo las mismas.
Lo único que ha cambiado es la actitud de las víctimas: hoy prefieren guardar silencio, tratar de resolver sin escándalos y evitar denunciar sus casos para no agravar las condiciones de riesgo de sus familias en Nicaragua.
Según los testimonios que ha recogido, los montos van de dos mil a diez mil dólares para ciudadanos comunes, y han llegado a decenas de miles más en casos de empresarios. Al menos dos personas, según su organización, depositaron 2,000 dólares cada una en una cuenta del Ministerio del Interior.
Para Martínez no existen condiciones para un retorno seguro. Ni el pago ni la carta garantizan nada. Quien vuelve, dice, lo hace sin protección legal, a merced de una decisión que puede revertirse en cualquier momento.
Volver y caer preso
Kevin Josué Martínez Alemán tenía 17 años cuando se exilió en Costa Rica, el 31 de diciembre de 2022, tras recibir amenazas de policías. Había sido monaguillo del sacerdote encarcelado y falsamente acusado, Manuel Salvador García.
En septiembre de 2023, según testimonios de sus allegados, la propia Policía sandinista le hizo saber a sus familiares que podía volver del exilio. Volvió a Diriomo, Granada, para ver a su familia. El 21 de septiembre fue detenido en su casa y presionado para acusar a otras personas y delatar a refugiados en Costa Rica.
Días después lo liberaron y regresó arrepentido a Costa Rica, sin dar más detalles por temor a represalias contra los suyos.
Dictadura no olvida
Juan Carlos Baquedano estuvo 11 meses preso tras las protestas de 2018. Salió en 2019 y se exilió en México. En agosto de 2023 regresó para resolver un trámite personal y fue arrestado de nuevo en su vivienda. Pasó más de un año detenido.
En septiembre de 2024 lo desterraron a Guatemala y lo despojaron de su nacionalidad. Según Amnistía Internacional, vive sin acceso a sus bienes ni a su pensión de jubilado y con secuelas de las torturas que recibió.
No es el único. El conocido activista Yaser Morazán, influencer popular desde antes de 2018, volvió en abril de 2021 tras pasar años exiliado por Costa Rica y Estados Unidos.
Al llegar fue retenido tres horas en el Aeropuerto Augusto C. Sandino. Según Artículo 66, había cerrado sus redes y se había alejado de la política. Aun así, en febrero de 2025 fue detenido y desde entonces se desconoce su suerte.
Una moneda al aire
Algunos casos apenas disimulan el propósito. En 2019, Naciones Unidas documentó el de Ulises Rivas, un exiliado que había vuelto al país tras marcharse en 2018.
Tras su captura, la Fiscalía lo acusó de robar un sombrero y causar lesiones. Lo condenó y lo desterró años después junto a cientos de presos políticos más.
Ya es un patrón reconocido por defensores de derechos humanos del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más: a quien regresa no se le procesa por su activismo, sino por delitos comunes, que dan apariencia de legalidad a la persecución.
El caso más reciente ni siquiera fue voluntario. Jeffrey Isaac Jarquín, «el Nene», estuvo preso en La Modelo entre 2018 y 2019. Huyó a Estados Unidos y solicitó asilo. El 1 de octubre de 2026 fue deportado a Managua. Desde el aeropuerto lo trasladaron a la misma cárcel donde, según denunció antes, fue torturado cuando estuvo preso.
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Razones para volver
“A veces uno no piensa en los riesgos, es tanto el dolor y el shock (por regresar a casa), que no pensamos”, dice Salvadora Morales, ambientalista desterrada en 2025.
Ella también, como muchos desterrados más, tuvo que decidir. Cuando supo en Estados Unidos que tenía prohibido el ingreso, pensó en entrar por tierra, desde Costa Rica o a través de Honduras, clandestina. Imaginó una vida en silencio, con el perfil bajo y la boca cerrada, pero activistas de derechos humanos le advirtieron los riesgos si era descubierta: la cárcel y desaparición forzada, como mínimo.
Y decidió quedarse en el país que eligió para su exilio.
Otros fueron más allá: aguijoneados por el dolor y la desesperación, se arriesgaron a todo por entrar a despedirse de los suyos, de sus muertos o moribundos.
Un ejemplo de ello es el periodista Houston Castillo, exiliado en Costa Rica desde 2021. Allá recibió la noticia de la muerte de su madre y decidió, acompañado de su mejor amigo, arriesgarse a volver para despedirse del ser que más amaba.
«Fui a Nicaragua en agosto de 2022, el día 7, de manera improvisada. Mi mamá falleció un día antes y mi mejor amigo me aconsejó ir al funeral para despedirla. Crucé por un punto ciego por Peñas Blancas de madrugada. Llegué a mi pueblo a eso de las 7:00 a.m.», relata.
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Despedida dolorosa
«Me fui a ver a mi mamá al féretro y recuerdo que luego me encerré a un cuarto donde personas de mucha confianza entraron a darme el pésame. Cuando me dijeron la noticia de mi mamá, que falleció a sus 59 años, yo entré en una etapa de negación. Mi mejor amigo quizás por eso me dijo que tenía que ir para ayudarme con el proceso del duelo y afrontar eso», cuenta aun con tristeza.
«Tenía miedo de que me apresaran, pero a la vez me dije a mí mismo que la persona a quien más le importaba ya no estaba, así que daba igual si me pasaba algo. A la hora del sepelio, en la tarde, me monté en un carro hasta el cementerio. Recuerdo las miradas de la gente de mi pueblo sobre mí. Algunos estaban asustados de haberme visto ahí. Mi mamá era una profesora, llegaron profesores a despedirla, algunas tenían afinidades con el sandinismo. Solo me miraban sorprendidos», rememora Castillo.
Ese mismo día, luego del sepelio lo fueron a dejar a la frontera para cruzar de nuevo a Costa Rica. Luego le dijeron que no tenía ni una hora de haberse ido de manera silenciosa, cuando patrullas policiales llegaron a la comunidad a buscarlo y preguntar por él.
«Quizás por las circunstancias no medí el riesgo. El miedo estaba ahí pero se congeló por el duelo, o se mezcló con la rabia, el enojo, la frustración. A como te digo, me daba igual que me echaran preso, o me mataran. Aunque obviamente quería evitar causarle preocupación a mi familia. Hoy no me arrepiento de lo que hice. Fue una decisión acertada», reflexiona.
Brooklyn Rivera, el desenlace extremo
Ninguna historia de exiliados o desterrados que vuelve al país resume mejor el riesgo del regreso que la historia de Brooklyn Rivera.
En abril de 2023 viajó a Nueva York para participar en el Foro Permanente de la ONU para las Cuestiones Indígenas. El 24 de abril, al intentar volver, no le permitieron abordar el avión de regreso.
Rivera no se quedó afuera. A finales de mayo anunció que había entrado clandestinamente por la Mosquitia, el territorio miskito que Nicaragua comparte con Honduras. En un video grabado entonces dijo que volvía consciente del riesgo, por amor a su tierra y a su pueblo.
El 29 de septiembre de 2023, la Policía lo sacó de su casa en Bilwi en un operativo desmezurado. Desde entonces no volvió a saberse de él. Su familia no tuvo visitas, ni abogados, ni información de ningún tipo.
Catorce meses después, el 20 de noviembre de 2024, durante un examen de la ONU, la dictadura admitió que lo tenía bajo custodia, acusado de traición a la patria, menoscabo a la integridad nacional y conspiración.
La siguiente noticia llegó el 27 de mayo de 2026. El régimen difundió imágenes de Rivera en un hospital de Managua, conectado a un respirador y con graves signos de malnutrición.
Murió tres días después, el 30 de mayo, a los 73 años, tras más de 970 días de detención y desaparición forzada. El Ministerio de Salud atribuyó la muerte a complicaciones de una bacteria asociada al covid-19.
“No hay condiciones para volver”
Para José Denis Cruz, coordinador general de la Asociación Centroamericana para la Democracia y el Desarrollo (ACDD), la discusión sobre el retorno parte de un principio que no admite condiciones: todo nicaragüense tiene derecho a regresar a su país.
Y ese derecho, subraya, no debería estar sujeto a la voluntad de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, ni a que una persona se retracte de sus opiniones o pida perdón en público.
Desde esa premisa, su diagnóstico es claro. “Al día de hoy, no considero que existan condiciones que permitan hablar de un retorno seguro y con garantías para quienes han sido perseguidos, desterrados u obligados a salir al exilio”, afirma.
Lo que se observa, explica, es que en algunos casos el regreso aparece atado a acuerdos discrecionales con el régimen, a la autocensura o a la renuncia a ejercer ciertas libertades. “Eso no es una garantía de seguridad, sino más bien una forma de control”, dice.
Un país “que no les pertenece”
La codictadora Rosario Murillo, a quien se le debe enviar la carta de perdón después de pagar la multa en una cuenta de Banpro, supuestamente a nombre del Ministerio del Interior, según los testimonios recogidos, ha dejado clara la postura oficial del régimen sobre los exiliados: “Son imperdonables”, “los traidores”, “los vendepatrias y despatriados”, despotrica, jamás podrán volver a una tierra que, según ella, “no les pertenece”.
Ello incluye a los periodistas independientes.
La Fundación por la Libertad de Expresión y Democracia (FLED) publicó el 13 de octubre, en su informe del tercer trimestre de 2026, que al menos tres periodistas que habían regresado a Nicaragua en meses anteriores tuvieron que salir nuevamente.
Lo hicieron tras recibir amenazas, persecución y advertencias que también alcanzaron a sus familiares.
El mismo informe documenta otro fenómeno. Al menos dos periodistas en el exilio recibieron propuestas de personas vinculadas al régimen para regresar, con facilidades para el retorno y apoyo económico.
A cambio, debían dejar de informar sobre Nicaragua y abstenerse de publicar críticas en sus redes sociales. Es el mismo precio pagado por la mujer de la congregación en la frontera hondureña, ahora desaparecida en el anonimato.
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A riesgo de cada uno
José Denis Cruz, exiliado nicaragüenses en España, no se coloca en el lugar de quien juzga a los exiliados que quieren volver a su patria.
La organización que representa reconoce el desgaste humano, económico y emocional que supone el exilio: personas que llevan años lejos de sus familias, sin poder volver a sus casas, con dificultades para trabajar y rehacer su vida.
Un reciente estudio elaborado por su organización revela cómo decenas de nicaragüenses en Costa Rica, España, Estados Unidos y dos países más, han hecho gestiones consulares para sostener sus nacionalidades nicaragüenses con la esperanza, en el fondo, de volver.
Pero no han podido recuperar nada de sus identidades de parte de la dictadura.
“Cada persona conoce sus circunstancias y sus límites”, señala. Pero advierte contra una lectura equivocada: una decisión individual no equivale a una mejora de las condiciones políticas ni de derechos humanos en Nicaragua.
El periodismo es, a su juicio, un ejemplo de ello. Cruz remite a los datos de la Fundación por la Libertad de Expresión y Democracia (FLED), que califica de preocupantes, y recuerda que el hecho de que algunos periodistas permanezcan en el país no significa que estén a salvo.
Su conclusión apunta a lo que, según él, tendría que existir antes de hablar de un regreso real: garantías de no represalia, libertad de expresión, restitución de derechos, instituciones independientes y respeto a las libertades fundamentales.
Solo así, dice, el retorno podría ser voluntario, seguro y digno. “Mientras eso no exista, cualquier retorno es inseguro”.
El periodista Houston Castillo lo resume con una profunda reflexión: «Yo creo que las circunstancias individuales marcan una pauta en esto del retorno».
«Conozco personas que han regresado, pero estuvieron dispuestos a callar, a desaparecer todo su perfil, sus redes sociales, amigos, contactos… con tal de estar allá, quizás por sus familiares queridos que están enfermos u otra razón. Es complejo decir: ‘Este tomó una decisión equivocada o quiere vivir bajo el yugo de una dictadura’. Cada uno tiene sus razones para decidir volver o sufrir el exilio», confiesa Houston Castillo.
