Durante gran parte de la década de 2000, América Latina y el Caribe (ALC) pareció haberse distanciado finalmente del Fondo Monetario Internacional. Las crisis de deuda de la década de 1980 y los programas de ajuste estructural de la década de 1990 dejaron profundas cicatrices socioeconómicas en toda la región. El auge de las materias primas que siguió, junto con el ascenso de gobiernos progresistas y la acumulación de grandes reservas internacionales, significó que muchos países de ALC ya no necesitaran los préstamos del FMI, que cayeron a mínimos históricos a finales de la década de 2000. Pero esa era ha terminado.
Un informe reciente de la Asociación Internacional de Economía del Desarrollo (IDEAs) revela que el FMI se ha convertido nuevamente en un actor central en América Latina y el Caribe, con 17 de los 32 países de la región manteniendo actualmente una relación financiera con la institución. Si el acuerdo recientemente negociado por Bolivia se aprueba formalmente, y si Colombia sigue un camino similar ahora que el presidente Abelardo de la Espriella ha asumido el cargo, esa cifra podría ascender a 19.
Actualmente, la región concentra el 44 por ciento del financiamiento total del FMI. Si bien esta cifra está fuertemente influenciada por los acuerdos excepcionales de Argentina, los más importantes en la historia del Fondo, una proporción considerable de países de América Latina y el Caribe sigue sujeta a algún tipo de condicionalidad del FMI, ya sea a través de programas activos, requisitos previos de los mecanismos de crédito preventivo o una deuda pendiente significativa.
A pesar de la renovada presencia del FMI, la región no ha vuelto a caer en su histórica crisis. En cambio, los países de América Latina y el Caribe se encuentran en una situación que puede describirse como de «estancamiento frágil y dependiente», ya que el crecimiento económico se ha ralentizado progresivamente desde 2014, cayendo a menos del 2 por ciento en la última década. Mientras tanto, el endeudamiento externo ha aumentado significativamente en gran parte de la región, lo que ha llevado a muchos países de América Latina y el Caribe a adoptar políticas macroeconómicas conservadoras destinadas a preservar la confianza del mercado.
Los ejemplos más claros de esta orientación política conservadora son las economías, como Chile y México, que mantienen líneas de crédito flexibles (LCF) con el FMI. Estos mecanismos solo están disponibles para países considerados con marcos de política excepcionalmente sólidos y pueden ser incluso más restrictivos desde el punto de vista macroeconómico que los programas tradicionales del FMI. No es casualidad que Chile y México no se hayan situado entre las economías de mayor desempeño de la región durante la última década.
De hecho, muchos países de América Latina y el Caribe, no solo aquellos con límites de crédito fiscal, parecen haber interiorizado la disciplina política del FMI sin contar con programas activos de este organismo. Brasil es quizás el caso más llamativo: sus tasas de interés excepcionalmente altas y su postura fiscal cautelosa han sustentado la estabilidad, pero a expensas del crecimiento. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas ha advertido que la región experimentó recientemente una «segunda década perdida», evocando la crisis de deuda de la década de 1980.
Cuando la austeridad autoimpuesta ha resultado insuficiente, el FMI ha intervenido. La reciente expansión de la presencia del Fondo se desarrolló en dos fases. La primera tuvo lugar durante la pandemia, cuando 21 países de América Latina y el Caribe firmaron 25 acuerdos de financiación. La segunda comenzó tras la invasión rusa de Ucrania, cuando diez países suscribieron 14 acuerdos adicionales. Además, varios países del Caribe, como Barbados, Jamaica y Haití, han desarrollado relaciones recurrentes y a menudo prolongadas con el FMI debido a desastres naturales y crisis externas.
Argentina y Ecuador, que representan aproximadamente 68,000 millones de dólares de la deuda de América Latina y el Caribe con el FMI, que asciende a 74,000 millones de dólares, ilustran cómo las medidas de austeridad que suele prescribir el Fondo no solo debilitan las perspectivas de desarrollo a largo plazo, sino que a menudo no logran el objetivo declarado de estabilización financiera. En ambos países, los sucesivos programas de préstamos no han conseguido restablecer un acceso duradero a los mercados internacionales de capitales. Todo lo contrario: la magnitud de las reclamaciones del FMI tiene un efecto contraproducente, desalentando a otros prestamistas y dificultando, en lugar de facilitar, la recuperación del acceso a los mercados.
Para comprender la creciente presencia del FMI en América Latina y el Caribe, es necesario aplicar una perspectiva geopolítica. Históricamente, las prioridades de préstamo y el diseño de los programas del Fondo han reflejado los intereses de los países que dominan su estructura de gobernanza, sobre todo Estados Unidos. Hoy, esta realidad ha cobrado mayor relevancia, especialmente en América Latina y el Caribe. Desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, su administración ha buscado reafirmar el dominio estadounidense en el llamado Hemisferio Occidental.
El realineamiento geopolítico, combinado con la condicionalidad y la continua dependencia financiera, puede reforzarse mutuamente. Consideremos el caso de Venezuela, cuyas finanzas están bajo el control efectivo de Estados Unidos tras su intervención militar en enero para derrocar al presidente Nicolás Maduro, y que podría recuperar el acceso a sus derechos especiales de giro (el activo de reserva del FMI), que fueron congelados en 2019. El Escudo de las Américas, una iniciativa de seguridad regional liderada por Estados Unidos, es otra manifestación de esta estrategia, ya que la mayoría de los países que se han adherido mantienen algún tipo de relación con el FMI.
En este nuevo panorama geopolítico, la cuestión crucial no es solo si el FMI seguirá imponiendo condiciones políticas estrictas y orientadas a los acreedores a los países de América Latina y el Caribe, sino qué tipo de relación está surgiendo entre la región y el Fondo. ¿Es la intervención del FMI simplemente una respuesta técnica a las fragilidades macroeconómicas —sin duda sesgada hacia los intereses de las finanzas globales, pero aún aparentemente de naturaleza técnica— o estamos entrando en una nueva fase en la que la dependencia financiera y la alineación geopolítica se entrelazan cada vez más? Esta es una pregunta relevante, especialmente dado que los minerales estratégicos, los recursos energéticos, los corredores logísticos y la infraestructura esencial se han convertido en campos de batalla clave en un panorama geopolítico cada vez más fragmentado.
El autor es profesor de Economía del Desarrollo en la Universidad Nacional de San Martín y director regional de Investigación y Políticas para América Latina y el Caribe en International Development Economics Associates (IDEA).
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