Hay momentos en la historia de las instituciones en los que una crisis obliga a recordar para qué fueron creadas. La próxima Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores de la Organización de los Estados Americanos (OEA) es uno de ellos. Frente al acelerado desmantelamiento democrático en la región la inacción no solo afecta a los países en crisis; sino que amenaza con invalidar el propio derecho interamericano.
Mas allá de lo que ocurra el 2 de octubre, hay una pregunta que todo el continente debería plantearse: ¿Qué OEA queremos? La respuesta no está en el ámbito político, sino en el derecho, en la historia institucional del sistema interamericano y en los compromisos que los propios Estados han asumido soberanamente dentro de este foro.
En esa historia hay un antecedente que resulta difícil ignorar. En 1995, durante la Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas en Williamsburg, Virginia, el entonces viceministro de Relaciones Exteriores de Nicaragua, el doctor José Bernard Pallais, presentó un planteamiento que se convirtió en un referente internacional, al definir la necesidad de construir un nuevo modelo que comprenda la seguridad como un fenómeno inseparable de la democracia, los derechos humanos, el desarrollo y la cooperación.
Treinta años después, esa propuesta adquiere una inesperada actualidad. La cuestión central ante el sistema interamericano es precisamente esta: ¿Pueden la democracia, los derechos humanos, la estabilidad y la seguridad continuar abordándose como asuntos independientes?
Durante gran parte del siglo XX, la seguridad hemisférica se entendió bajo la lógica de las amenazas militares, conflictos armados y defensa territorial. Sin embargo, esa concepción evolucionó progresivamente a través de un andamiaje jurídico de avanzada: la Resolución AG/RES. 1080 de 1991, que crea un mecanismo colectivo para responder ante hechos que interrumpen el proceso político institucional democrático o el legítimo ejercicio del poder; la Carta Democrática Interamericana consagra que la democracia no se agota en el acto electoral, sino que comprende la vigencia de los derechos humanos y las libertades fundamentales, el Estado de derecho, el pluralismo político y la separación e independencia de los poderes, es decir, que la democracia como límite al poder, es una condición indispensable para la seguridad y el desarrollo de la región; así como la Declaración de Bridgetown de 2002 y la Declaración sobre Seguridad en las Américas de 2003. En conjunto, estos instrumentos establecieron una doctrina clara: la seguridad es multidimensional, y no hay seguridad regional sin sus componentes esenciales institucionalidad democrática y el respeto de los derechos humanos.
Esto no significa que cualquier tensión política requiera una intervención continental, pero tampoco implica que el desmantelamiento institucional de la democracia y la violación sistemática de los derechos humanos sea un “asunto estrictamente interno” cuando sus efectos expansivos trascienden las fronteras. Ahí radica el fondo de la discusión sobre Nicaragua ante la OEA: una crisis deja de ser doméstica cuando existe un compromiso colectivo regional de defensa de los valores democráticos y de la dignidad humana. Por ello, la acción colectiva no es un gesto de discrecionalidad política, sino una obligación jurídica derivada del propio derecho interamericano. La alteración del orden democrático es, por definición, una cuestión de interés y repercusión multilateral.
Los hechos hablan por sí solos. El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) ha constatado la persistencia de graves violaciones de derechos humanos, concluyendo que en el país se han cometido crímenes de lesa humanidad y advirtió, además, como la privación arbitraria de la nacionalidad, desapariciones forzadas, y las muertes bajo custodia, el despojo de bienes y la persecución política y religiosa se han extendido más allá de la frontera nicaragüense; a esto debemos agregar, la crueldad del régimen ilegítimo de Ortega y Murillo, al convertir en “apátridas de facto” a miles de ciudadanos, trasladando arbitrariamente el impacto de su represión a otros países para que enfrenten este problema.
En la misma línea, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha documentado actos de vigilancia, hostigamiento, amenazas, violencia y asesinatos contra nicaragüenses en el extranjero, así como el uso abusivo de mecanismos de cooperación internacional con fines de persecución política. En agosto, la Comisión advirtió que la represión transnacional y la migración forzada generan “serios desafíos de seguridad para la región”, e instó a los Estados miembros a activar los mecanismos de la Carta de la OEA, la Carta Democrática Interamericana y los instrumentos jurídicos pertinentes. El otorgamiento de medidas cautelares a diez nicaragüenses exiliados en Costa Rica, a solo días de la Reunión de Consulta confirman la gravedad y urgencia de la situación que vivimos los nicaragüenses dentro y fuera del territorio.
Es verdad que la soberanía estatal y la no intervención son pilares del orden internacional. Sin embargo, la soberanía no es un cheque en blanco, los Estados americanos han asumido soberanamente obligaciones comunes en materia democrática. Evaluar colectivamente una situación que vulnera abiertamente esos compromisos no constituye una injerencia indebida en los asuntos internos de otro Estado, sino una obligación legitima del control multilateral para garantizar la seguridad en el hemisferio.
El reto fundamental es no convertir el respeto a la soberanía en un acto de complicidad. La OEA debe “actuar” más allá de las condenas frente a una situación calificada por los mismos Estados miembros como “urgente y de interés común”.
El marco normativo para abordar la grave situación de Nicaragua ya existe. No hay que crear nada: la Carta de la OEA, la Resolución 1080, la Carta Democrática Interamericana, la Declaración de Bridgetown y la Declaración sobre Seguridad en las Américas, entre otros precedentes respaldan el principio de seguridad multidimensional, que es una elaboración del sistema interamericano, y le obliga a actuar colectivamente en el caso de Nicaragua.
Así pues, la pregunta de fondo sigue siendo: ¿Qué tipo de organización queremos? No necesitamos una OEA que actúe por encima o al margen del derecho, pero tampoco una que se escude en él para eludir sus responsabilidades. Requerimos una OEA que recurra al derecho como un instrumento vivo para activar la acción colectiva; una multilateralidad dispuesta a ejercer una presión firme y efectiva para promover las condiciones que den lugar al inicio de una verdadera transición democrática en Nicaragua. Necesitamos un organismo capaz de neutralizar la impunidad, desautorizar las reformas constitucionales autoritarias del régimen ilegítimo de Ortega y Murillo (2025/2026) y proteger los Estados vecinos de la embestida represiva transfronteriza. Una OEA que comprenda que el desmantelamiento de la institucionalidad democrática y las sistemáticas violaciones de derechos humanos no son asuntos accesorios, sino premisas fundamentales de la seguridad de la región.
La fortaleza de una institución internacional no se mide por la cantidad de normas que acumula, sino por su capacidad y valentía para aplicar esas normas cuando más se necesitan. Hay más de seis millones de vidas atrapadas bajo la crueldad de un régimen que pretende permanecer en el poder, eliminando el derecho soberano que tenemos los ciudadanos a elegir libremente a sus gobernantes. Demostrar que el marco jurídico interamericano es eficaz para restablecer la democracia representativa, derechos humanos y la seguridad de nuestros pueblos, es el mandato que la OEA tiene hoy frente al caso de Nicaragua.
La autora es doctora en Derecho por la Universidad de Alcalá (España) y jurista nicaragüense forzada al exilio.
