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Jairo Lenin Centeno Ríos tenía el día libre cuando agentes migratorios estadounidenses lo detuvieron el 27 de julio pasado en Maryland. Había ido a la playa. Trabajaba en la construcción, tiene 34 años y lleva tres años y medio tratando de rehacer una vida que había comenzado de manera abrupta el 9 de febrero de 2023 cuando salió de una cárcel de Nicaragua y terminó, sin haberlo decidido, en Estados Unidos.
Centeno permanece ahora en un centro de detención migratoria en Georgia y tiene una audiencia judicial programada para el 21 de septiembre, según información proporcionada por su pareja. Su nombre aparece en la lista oficial de los 222 presos políticos que fueron expulsados de Nicaragua en febrero de 2023. Documentos de Naciones Unidas también lo identifican como preso político y mecánico de profesión.
Fue detenido por la Policía nicaragüense el 17 de octubre de 2020, después de haber sufrido una primera detención en 2018 y ser excarcelado en diciembre de 2019. Fue condenado a cinco años y seis meses de prisión por posesión de drogas, en un proceso denunciado por organizaciones opositoras como una criminalización por motivos políticos. Permaneció dos años y cuatro meses encarcelado hasta que fue incluido en el vuelo de los 222.
Caso Denis Palacios
Su caso se conoció esta semana. A las 6:00 de la mañana del miércoles 16 de septiembre, agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), detuvieron en Virginia a Denis Javier Palacios Hernández, de 38 años, cuando se dirigía a su trabajo en una empresa comercializadora de pollo. Palacios tenía permiso de trabajo y una solicitud de asilo pendiente, pero además cargaba con una orden de deportación emitida el 24 de agosto por un juez migratorio de Annandale, Virginia. Tiene hasta el 24 de septiembre para apelar.
Palacios había sido encarcelado en Nicaragua el 23 de julio de 2019 y pasó tres años y siete meses preso, buena parte de ellos en el Sistema Penitenciario de Granada. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos había intervenido por la situación de riesgo que enfrentaba. Es soltero, no tiene hijos ni familiares en Estados Unidos y, según el Grupo de Reflexión de Excarcelados Políticos (GREX) no ha cometido delitos en ese país. Además, España le concedió la nacionalidad por carta de naturaleza.
Centeno y Palacios pertenecen al llamado Grupo de los 222. No existe un censo oficial actualizado que permita saber dónde están todos, cuántos consiguieron asilo, cuántos mantienen solicitudes pendientes, cuántos adquirieron otra nacionalidad o cuántos abandonaron Estados Unidos.
El informe elaborado para este reportaje advierte que una parte de los desterrados decidió deliberadamente mantener un bajo perfil y que cualquier cifra debe presentarse como un registro documentado hasta la fecha y no como un total definitivo.
Tamara Dávila, una de las 33 mujeres que iban en aquel avión, confirma que ni siquiera entre ellos existe un registro completamente actualizado.
“No se sabe exactamente qué ha pasado con cada uno de ellos, pero sí hay un rastreo”, explica. Ana Margarita Vijil, otra de las excarceladas, ha ayudado a llevar ese seguimiento, pero Dávila reconoce que la información probablemente no sea “tan detallada ni actualizada como debería ser”.
De la cárcel al destierro
Los 222 tienen un origen común: la madrugada del jueves 9 de febrero de 2023. Ese día el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo sacó de diferentes cárceles a 222 presos políticos. Provenían de La Modelo, la cárcel de mujeres La Esperanza, la Dirección de Auxilio Judicial conocida como el nuevo Chipote y algunos estaban bajo arresto domiciliario. Fueron trasladados en autobuses sin saber exactamente qué ocurría. En la puerta del avión se les informó que viajarían a Estados Unidos y se les hizo firmar un documento aceptando el traslado.
En el avión iban siete aspirantes presidenciales encarcelados antes de las elecciones de noviembre de 2021: Cristiana Chamorro, Juan Sebastián Chamorro, Félix Maradiaga, Arturo Cruz, Medardo Mairena, Miguel Mora y Noel Vidaurre. También estaban el gerente general de LA PRENSA, Juan Lorenzo Holmann; Dora María Téllez, Suyén Barahona, Ana Margarita Vijil, Tamara Dávila, Víctor Hugo Tinoco, Violeta Granera, José Adán Aguerri, Michael Healy, Lesther Alemán, Max Jerez, Miguel Mendoza, sacerdotes católicos, campesinos y decenas de opositores y activistas con escasa exposición pública.
El obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez, se negó a abordar el avión. Fue devuelto a prisión y al día siguiente condenado a 26 años. Permaneció encarcelado hasta enero de 2024, cuando fue expulsado a Roma.
La aeronave de Omni Air International despegó de Managua alrededor de las 6:30 de la mañana y aterrizó horas después en el aeropuerto internacional Dulles, en Virginia. Mientras los excarcelados llegaban a Estados Unidos, el magistrado Octavio Rothschuh Andino leyó en Managua una resolución que ordenaba su deportación, los declaraba traidores a la patria, los inhabilitaba de manera perpetua para ejercer cargos públicos y suspendía sus derechos ciudadanos. Ese mismo día, la Asamblea Nacional avanzó en una reforma constitucional destinada a quitarles la nacionalidad.
Estados Unidos los recibió mediante parole humanitario por dos años. Podían residir y trabajar legalmente y solicitar asilo, pero no fueron admitidos como refugiados ni recibieron automáticamente los beneficios que corresponden a esa categoría.
Perdidos en el destierro
Dávila recuerda una asistencia inicial limitada. “El apoyo que recibimos fue prácticamente sacarnos de la cárcel”, dice. Permanecieron tres noches en un hotel y recibieron teléfonos celulares. “Mucha gente, yo incluida, no se acordaba cómo usar el celular”, recuerda. Después, buena parte de la asistencia inmediata recayó en familiares, amigos y miembros de la diáspora nicaragüense.
La situación era muy diferente entre unos y otros. En el mismo avión viajaban dirigentes políticos, empresarios y profesionales con contactos internacionales, pero también campesinos sin recursos, adultos mayores, personas enfermas y presos que nunca habían salido de Nicaragua. Algunos no sabían leer ni escribir.
Estados Unidos intentó posteriormente darles una protección especial. En junio de 2023 el Congreso presentó la Nicaragua Political Prisoner Support Act, una iniciativa destinada a conceder a los presos políticos que habían llegado el 9 de febrero y a sus familiares inmediatos determinados beneficios disponibles para los refugiados. La iniciativa no se convirtió en ley.
Regados por el mundo
Mientras tanto, el grupo comenzó a dispersarse. La mayoría permaneció en Estados Unidos y se concentró principalmente en Florida, Virginia, Maryland y California. Otros se trasladaron a España, Costa Rica, México y otros países. España ofreció la nacionalidad por carta de naturaleza a los desnacionalizados.
A febrero de 2026, el sociólogo Óscar René Vargas calculaba que alrededor de 15 de los 222 vivían en Costa Rica y unos diez, quizá menos, en Europa, principalmente España. Otros se habían establecido en México, Canadá y Guatemala.
Las reuniones muestran también esa dispersión. En el primer aniversario, en 2024, menos de 80 pudieron o quisieron reunirse. En febrero de 2025, alrededor de 60 participaron en una misa en Virginia.
Dávila dice que tampoco existe ya un solo grupo organizado que represente a los 222. Hay un chat de WhatsApp con más de 60 integrantes. De las 33 mujeres desterradas, unas 25 mantienen otro grupo de comunicación. Existen además chats de antiguos presos del Chipote y otras redes informales.
“Un grupo como tal, único, no existe, pero sí existen diversas vías a través de las cuales se mueven pronunciamientos”, explica.
La dispersión no significó necesariamente una ruptura política. Algunos mantuvieron una actividad pública intensa y otros decidieron reconstruir su vida lejos de la exposición. Manuel Orozco, del Diálogo Interamericano, calculó que solamente entre 30 y 40 asumieron un papel político activo, mientras la mayoría se integró a actividades laborales en Estados Unidos, España, México y Costa Rica.
Otros no sobrevivieron al destierro.
Dos fallecidos
El primero fue Michael Healy Lacayo, productor agropecuario y último presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada. Lo apresaron en octubre de 2021 y salió en el grupo de los 222. Murió de un infarto el 25 de enero de 2024 en Panamá, donde comenzaba un trabajo.
El segundo fue Bryan Rogelio Cruz Calderón, campesino de 37 años. Había participado en las protestas contra el proyecto del canal interoceánico y posteriormente en las manifestaciones de 2018. Durante su encarcelamiento denunció graves torturas y llegó a Estados Unidos con secuelas físicas que requirieron tratamiento médico.
El 18 de abril de 2025 lo encontraron muerto en el apartamento donde vivía en San Francisco, California. No se observaron signos de violencia y la causa de muerte quedó registrada como indefinida.
Cruz no tenía familiares directos en Estados Unidos que pudieran representarlo y inicialmente hubo dificultades para obtener el certificado de defunción. Su cadáver permaneció más de 11 meses en la morgue de San Francisco. Finalmente fue cremado en marzo de 2026 y sus cenizas entregadas el 2 de abril a Juana María Porta, una nicaragüense que lo acompañó durante el exilio.
La otra estadística que ha crecido es la de quienes han vuelto a estar detenidos.
Vuelta a la cárcel
El primer caso conocido fue Juan Agustín Barilla Chavarría, campesino de San Miguelito, Río San Juan. Había pasado 29 meses encarcelado en Nicaragua y después del destierro se estableció en Luisiana. El 5 de abril de 2025 lo detuvieron por conducir bajo los efectos del alcohol. Cumplió 112 días de cárcel y, cuando correspondía su liberación, quedó bajo custodia migratoria. El 29 de noviembre de 2025 Estados Unidos lo deportó a Honduras.
Juan Barilla se convirtió así en el primer integrante de los 222 documentado como expulsado de Estados Unidos. Acnur lo acogió temporalmente en Honduras. Posteriormente declaró que lamentaba no haber solicitado la nacionalidad española porque temía que hacerlo perjudicara su petición de asilo estadounidense.
Para entonces ya había otro miembro del grupo bajo custodia con identidad inicialmente no divulgada por petición del afectado. Suyén Barahona confirmó en diciembre de 2025 que conocían ese segundo caso, pero explicó que no tenían autorización para revelar su nombre.
Posteriormente se hizo público el caso de Marlon Antonio Narváez Franklin. Lo detuvieron en Dallas, Texas, y lo entregaron a ICE en octubre de 2025. Narváez había estado preso dos veces en Nicaragua y formaba parte de la lista de los 222. Bajo custodia migratoria llegó a enfrentar una orden de expulsión a Ecuador, país donde no tenía familiares ni una red de apoyo.
El 28 de abril de 2026 Migración detuvo Cristian David Meneses Machado, de 34 años, originario de Monimbó, Masaya, cuando acudió a una cita judicial en Baltimore, Maryland. Posteriormente el Departamento de Seguridad Nacional sostuvo que había estado involucrado en transporte de un arma regulada para venta ilegal o tráfico, señalamiento rechazado por sus familiares. El expediente también incluyó una denuncia anterior de violencia doméstica.
Seis días después, el 4 de mayo, detuvieron a Marvin Antonio Castellón Ubilla, entonces de 25 años. Iba a trabajar en la construcción cuando el vehículo en el que viajaba sufrió un desperfecto en la interestatal I-95, en Florida. Un control de documentos terminó con Castellón bajo custodia de ICE. Tenía permiso de trabajo y su solicitud de asilo pendiente.
Su caso tuvo, sin embargo, un desenlace distinto. Después de más de dos meses detenido, fue liberado el 14 de julio de 2026. Según su familia, las autoridades cerraron el procedimiento de deportación y le permitieron continuar en libertad su solicitud de asilo.
El 27 de julio ICE detuvo a Jairo Lenín Centeno Ríos en Maryland. Su caso, informado ahora por su pareja, no estaba incorporado en los recuentos públicos revisados para este reportaje. A Centeno lo trasladaron posteriormente a Georgia, donde permanece a la espera de su audiencia del 21 de septiembre.
El 17 de agosto ICE detuvo en Los Ángeles a Marlon Gerardo Sáenz Cruz, conocido como Chino Enoc, cuando acudió a una segunda entrevista relacionada con su solicitud de asilo. Sáenz tiene un expediente diferente al de la mayoría de los 222: fue guerrillero sandinista, perteneció a la Seguridad del Estado y reconoció públicamente haber participado como paramilitar durante la represión de 2018 antes de romper con el oficialismo y terminar encarcelado por el propio régimen.
Su pasado puede afectar jurídicamente su solicitud de asilo porque la legislación estadounidense excluye de esa protección a personas responsables de determinadas violaciones de derechos humanos. Sus abogados sostienen, por otra parte, que devolverlo a Nicaragua lo expondría a persecución y tortura. Su situación sigue bajo decisión de las autoridades migratorias.
El 2 de septiembre detuvieron en Davenport, Florida, a Edwin Antonio Hernández Figueroa, de 40 años, antiguo teniente de la Policía nicaragüense. Según su familia, una patrulla lo detuvo inicialmente porque los vidrios de su vehículo estaban demasiado oscuros. Dos días después lo pusieron a disposición de ICE. Hernández había abandonado la Policía después de negarse a participar en la represión de las protestas y trabajaba reparando techos para mantener a su esposa y sus dos hijos.
Finalmente, el 16 de septiembre detuvieron a Denis Javier Palacios Hernández en Virginia.
Sin datos oficiales
La revisión de fuentes públicas permite reconstruir nominalmente ocho casos detenidos por ICE de los 222 desterrados: Juan Barilla, Marlon Narváez, Cristian Meneses, Marvin Castellón, Jairo Lenín Centeno, Marlon Gerardo Sáenz, Edwin Hernández y Denis Palacios.
El registro debe considerarse provisional porque no existe un seguimiento oficial de los 222 y algunos afectados han pedido que sus identidades no sean divulgadas. Ya en diciembre de 2025 se había confirmado públicamente la existencia de un detenido cuya identidad permanecía reservada y por eso no se incluyó.
Tampoco todos permanecen detenidos ni todos los casos tienen las mismas características. Barilla fue deportado a Honduras; Castellón recuperó su libertad; Narváez enfrentó una orden de traslado a Ecuador; Meneses tiene señalamientos específicos del DHS; Sáenz enfrenta cuestionamientos por su actuación política y paramilitar pasada; mientras otros, como Palacios, tenían permiso laboral y solicitudes de asilo pendientes cuando fueron detenidos.
Lo que comparten es el punto de partida: todos llegaron legalmente a Estados Unidos en febrero de 2023 mediante una operación facilitada por el propio gobierno estadounidense después de sacarlos directamente de las cárceles nicaragüenses. Refugees International calcula que la denominada operación Nica Welcome costó alrededor de un millón de dólares entre el vuelo chárter y la asistencia inicial.
Tres años después, una parte continúa esperando una decisión sobre el asilo.
No hay una cifra pública que permita establecer cuántos de los 222 lo consiguieron. Tampoco existe información oficial que precise cuántos siguen pendientes después de que venciera en febrero de 2025 el parole humanitario de dos años.
En diciembre de 2025, Suyén Barahona dijo conocer personalmente solamente dos casos de asilo aprobado, los de Alex Zamora y Luis Meza. Ese dato no significa que fueran los únicos, sino que muestra la ausencia de un registro consolidado.
El gobierno español ofreció una salida alternativa. Más de un centenar de nicaragüenses desnacionalizados habían solicitado la ciudadanía española al cumplirse el primer año del destierro, aunque esa cifra incluye tanto miembros de los 222 como personas pertenecientes al grupo de 94 desnacionalizados una semana después. No existe un desglose actualizado que permita determinar cuántos de los 222 son hoy ciudadanos españoles.
Tampoco existe la concentración geográfica y política de los primeros días. Hay integrantes trabajando en construcción, restaurantes y otros empleos; otros estudian; algunos consiguieron estabilidad profesional; varios permanecen enfermos o en dificultades económicas.
Cinco integrantes del grupo terminaron en diciembre de 2025 una maestría en Administración de Empresas en la Dominican University of California.
Enfermos
Los casos de Donald Margarito Alvarenga Mendoza y otros desterrados enfermos muestran el otro extremo. Alvarenga, ingeniero agrónomo de Chinandega, llegó con insuficiencia renal crónica agravada durante su encarcelamiento y ha enfrentado dificultades para trabajar y sostenerse económicamente en Estados Unidos.
Dávila considera que esa diversidad de resultados tiene que entenderse desde la manera en que comenzó el destierro.
“Es un exilio que viene de la cárcel, que no viene de su casa ni de una decisión consciente de salir del país”, explica. “Esa autonomía en la decisión de salir no hubo en ninguno de los 222”. Algunos, recuerda, habían pasado hasta cuatro años presos y nunca habían imaginado abandonar Nicaragua.
A la cárcel le siguieron la pérdida de la nacionalidad, la confiscación de propiedades, la separación familiar y la obligación de reconstruir una vida en otro país. Ahora, para quienes permanecen en Estados Unidos sin un estatus migratorio permanente, las detenciones de sus antiguos compañeros han agregado una incertidumbre que no existía cuando aterrizaron en Dulles en febrero de 2023.
Dávila dice que entre algunos de los desterrados ha reaparecido el miedo a salir, hablar e incluso ir a trabajar.
“Y ahora, con toda la situación política de Estados Unidos y la persecución a la migración, pues es un revivir de la persecución, del miedo a salir, del miedo a hablar o decir, o que podás ser deportado. El miedo incluso a salir a trabajar”, afirma.
Para ella, la salida de la cárcel aquel 9 de febrero no cerró la historia.
“El proceso es un proceso que no concluye, porque hay múltiples situaciones del contexto y de la vida diaria que te retrotraen a una experiencia vivida de mucho miedo”, agrega.
