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La OEA vuelve a tener a Nicaragua frente a sus puertas. No como un asunto periférico ni como una crisis más dentro de la compleja agenda hemisférica, sino como una prueba de la capacidad del sistema interamericano para defender los principios que afirma sostener.
El momento no es casual. El Consejo Permanente de la OEA ha convocado a una Reunión de Consulta de los ministros de Relaciones Exteriores para abordar la situación nicaragüense. El solo hecho de que la crisis de Nicaragua constituye un desafío para el orden democrático interamericano.
Pero sería ingenuo esperar una respuesta uniforme. El hemisferio atraviesa una nueva realidad geopolítica. Estados Unidos ha recuperado una posición de mayor preponderancia regional y la lógica de la Doctrina Monroe a ocupar un espacio relevante en su política hemisférica. Frente a ello, México y Brasil representan posiciones que, aunque diferentes entre sí, expresan reservas frente a una arquitectura continental excesivamente condicionada por Washington.
Esta tensión puede dificultar los consensos. Pero también puede producir un resultado inesperado. Porque existe una diferencia fundamental entre no coincidir en la estrategia para enfrentar a la dictadura de Ortega y Murillo, y defenderla.
El régimen de Nicaragua puede contar con gobiernos dispuestos a mantener relaciones diplomáticas y económicas o posiciones de prudencia frente a las iniciativas de presión. Pero eso no significa que exista en el continente una corriente política de gobiernos dispuestos a asumir públicamente la defensa de un modelo que ha desaparecido las instituciones democráticas, barrido a la oposición, despojado de su nacionalidad a muchos ciudadanos y convertido el exilio en una herramienta de control político.
Por eso, el verdadero desafío de la próxima Reunión Extraordinaria de Cancilleres no será aprobar una declaración retóricamente contundente. Será conseguir que la declaración tenga consecuencias políticas.
Aquí adquiere importancia la Carta Democrática Interamericana. Su valor no reside solamente en proclamar que la democracia es un principio regional, sino en proporcionar un marco político e institucional para responder cuando ese orden democrático se encuentra seriamente amenazado.
La historia de la OEA demuestra que sus resoluciones pueden convertirse en instrumentos de presión política. En 2009, por ejemplo, frente a la ruptura del orden constitucional en Honduras, el Consejo Permanente condenó el golpe de Estado y convocó a una Asamblea General extraordinaria.
Nicaragua plantea hoy un desafío diferente y, en algunos aspectos, más complejo: no estamos frente a una ruptura repentina del orden constitucional, sino frente a su demolición progresiva desde dentro del propio Estado.
Ese matiz es fundamental.
La dictadura Ortega-Murillo no necesitó abolir formalmente todas las instituciones para vaciarlas de contenido. Ha utilizado reformas constitucionales, legislación, control institucional, persecución política y mecanismos de exclusión para construir un sistema en el que el poder deja de estar limitado por las reglas democráticas.
Por eso, la respuesta internacional tampoco puede limitarse a esperar una ruptura visible del orden constitucional. El problema consiste precisamente en reconocer que la erosión sistemática de la democracia también constituye una ruptura democrática.
La próxima resolución sobre Nicaragua debería, por tanto, ser evaluada a partir de una pregunta muy sencilla: ¿qué permitirá hacer después de ser aprobada? Si solamente condena, será insuficiente. Si documenta, reconoce y establece responsabilidades políticas, será importante.
Pero si además crea un marco que permita a los Estados adoptar medidas nacionales coordinadas —diplomáticas, económicas, migratorias, financieras o de otra naturaleza compatible con el derecho internacional— entonces podría convertirse en un verdadero instrumento de presión.
Y aquí aparece una posibilidad que merece ser considerada: la acción hemisférica no necesariamente tiene que ser uniforme para ser eficaz. No todos los países tienen que imponer las mismas medidas, pues no todos tienen los mismos intereses ni enfrentan los mismos riesgos. Algunos pueden estar dispuestos a adoptar decisiones más firmes que otros. Lo importante es que exista un marco regional que permita que esas decisiones no aparezcan como acciones aisladas, sino como parte de una respuesta política más amplia.
La OEA podría, en ese sentido, establecer el punto de partida y los Estados desarrollar las acciones posteriores. Esta podría ser la verdadera importancia de la próxima resolución.
Porque Nicaragua no solamente plantea un problema de democracia. Plantea también un problema de seguridad regional, de derechos humanos, de migración, de ciudadanía y de estabilidad hemisférica.
Cuando un Estado convierte la persecución política en política pública, expulsa a sus ciudadanos, utiliza la desnacionalización como mecanismo de castigo y extiende la persecución más allá de sus fronteras, la crisis deja de ser exclusivamente doméstica.
La OEA tendrá ahora la oportunidad de demostrar si sus principios son solamente declaraciones o si todavía poseen capacidad para orientar decisiones.
Y esta es quizá la pregunta más incómoda que deberían hacerse los cancilleres: ¿Qué sentido tiene defender la democracia como valor hemisférico si, frente a su destrucción sistemática en uno de los Estados miembros, la respuesta termina reducida a una declaración más?
No se trata de exigir una intervención extranjera ni de desconocer las complejidades de la diplomacia regional. Se trata de algo más elemental: que el sistema interamericano sea capaz de establecer un límite político frente a quienes han decidido convertir el Estado en un instrumento de dominación.
La próxima resolución no resolverá por sí sola la crisis nicaragüense. Tampoco derribará a la dictadura. Pero puede hacer algo que, en determinadas circunstancias, resulta decisivo: cambiar el costo político de permanecer indiferente. Ese podría ser su verdadero alcance.
La OEA puede aprobar una resolución y dejarla descansar en los archivos de su burocracia diplomática. O puede aprobar una resolución que marque un antes y un después: que identifique con claridad la gravedad de la situación nicaragüense y que proporcione el fundamento político para que los Estados que estén dispuestos a actuar pasen de las declaraciones a las decisiones.
No se debe confundir unanimidad con eficacia. La acción colectiva no siempre requiere que todos hagan lo mismo; puede requerir que muchos hagan cosas diferentes frente a una misma amenaza.
Ese podría ser el verdadero valor de una resolución sobre Nicaragua: no necesariamente imponer una respuesta uniforme, sino abrir la puerta a una acción hemisférica convergente, en la que cada Estado utilice las herramientas que considere necesarias y legítimas.
La OEA no necesita demostrar que puede actuar como un gobierno supranacional. Necesita demostrar que todavía puede actuar como lo que fue concebida para ser: un espacio donde los Estados americanos reconocen que la democracia, los derechos humanos y el Estado de derecho no son asuntos exclusivamente internos cuando su destrucción termina afectando al conjunto del sistema interamericano.
Nicaragua vuelve a poner esa promesa a prueba. Y esta vez, más que observar qué dice la OEA, habrá que observar qué harán después los gobiernos que la integran.
Porque frente a una dictadura que ha aprendido a sobrevivir a las condenas, la verdadera medida de una política hemisférica no estará en la fuerza de sus palabras. Estará en las consecuencias que esas palabras sean capaces de producir.
