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Mientras la crisis financiera del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) se sigue agudizando y cada año la institución depende más del apoyo estatal, que en los últimos años le ha entregado más de 900 millones de dólares mediante trasferencias del Presupuesto General de la República, el presidente de la institución Roberto López asegura que con la reforma unilateral que entró en vigencia en 2019 las finanzas de la entidad se estabilizaron y seguirán así durante los próximos cinco años.
López (capitán en retiro del Ejército) también explicó que la mayoría de clínicas previsionales y hospitales que brindan atención médica a los asegurados y pensionados son propiedad de la empresa Servicios Médicos Especializados (Sermesa), de la que el INSS es propietaria única, pero para mantener las cuentas claras las lleva separadas de las del INSS. Con ese manejo separado, según los economistas, evitan los controles de la Ley de Contrataciones del Estado y la rendición de cuentas.
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La única debilidad que el funcionario admitió es que los pensionados están creciendo más rápido que los afiliados activos, situación que en algún momento no garantizará que los aportes de los trabajadores activos garanticen el pago de las pensiones de los jubilados.
Según López, reforma de 2019 equilibró las finanzas del INSS
En 2019, después de la fallida reforma de 2018 que generó un levantamiento social que derivó en una crisis sociopolítica que aún afecta a Nicaragua, el régimen de Daniel Ortega impuso una reforma unilateral que, contrario a lo que dice López, no ha frenado la crisis financiera del Seguro Social. La reforma de 2018 fue rechazada por los jubilados, trabajadores y empleadores, porque elevaba las cotizaciones y eliminaba beneficios para los asegurados activos y pensionados.
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Sin embargo, la reforma que impusieron en 2019, sin consultarla con los involucrados, fue aún más agresiva. También elevó el porcentaje de las cotizaciones, reformó la fórmula para establecer las nuevas pensiones y suspendió algunos beneficios. Pero, pese a esa agresividad, los reportes oficiales indican que no frenó la debacle financiera del INSS que empezó en 2013, cuando por primera vez registró un déficit en sus cuentas.
Contrario a lo que aseguró López en uno de los medios de propaganda del oficialismo, las estadísticas del Ministerio de Hacienda detallan que entre 2019 y 2022 el INSS acumuló déficit anuales de entre 2,091 millones y 3,597 millones de córdobas. Y solo entre 2023 y 2025, cuando el Estado le entregó millonarias transferencias en concepto de apoyo presupuestario, los déficit se convirtieron en ligeros superávit.
Estado le pagó deuda histórica de US$500 millones al INSS
Para frenar la crisis financiera que empezó en 2013, al año siguiente Ortega ordenó aprobar la Ley 890, Ley de Pago de la Deuda Histórica del Estado de Nicaragua al INSS, calculada en 500 millones de dólares. El compromiso fue cancelar esa deuda en 50 cuotas de 10 millones de dólares anuales. El primer pago se entregó en 2014. Pero debido al acelerado avance de la crisis, ya que en 2021 las reservas técnicas se agotaron, los pagos se adelantaron y en 2022 se canceló el saldo pendiente de esa deuda.
Al año siguiente los pagos se transformaron en transferencias en concepto de apoyo presupuestario. Según los informes de ejecución y liquidación de los presupuestos anuales, entre 2023 y 2026 el Estado le transfirió al INSS más de 15,229 millones de córdobas (unos 416 millones de dólares), distribuidos en cuatro partidas: 91.46 millones de dólares en 2023; al año siguiente 79.18 millones; 103.75 millones de dólares en 2025 y para este año la partida presupuestada es de 141.42 millones de dólares.
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Estas transferencias millonarias en concepto de apoyo presupuestario son recursos que les quitan a otros ministerios o se restan de la inversión en Salud o Educación. A estos montos se suman otras partidas que el Estado le entrega al INSS para el pago de pensiones especiales y para cubrir otros compromisos que mantiene con la institución. También la donación de casi 250 propiedades, muchas de ellas de gran valor que el régimen confiscó a exreos políticos y a más de 5,500 organizaciones que desaparecieron después que el régimen Ortega Murillo les quitó la personería jurídica y les robó sus bienes.
López omite apoyo presupuestario y donación de propiedades
Estas transferencias y donaciones son las que están garantizando que el INSS siga funcionando con normalidad. Sin embargo, López no las mencionó en el monólogo que mantuvo durante media hora en uno de los canales de propaganda del oficialismo. El exmilitar se limitó a mencionar los «éxitos» de la institución.
Según López, existe un equilibrio entre los ingresos y los gastos de la institución que se mantendrá por los próximos cinco años. «La pensión promedio que se paga, si uno hace un promedio sencillo anda por el rumbo de los 6,400 (córdobas), en este momento y para los próximos cinco años todo esto está balanceado porque normalmente nosotros hacemos reuniones cada dos, tres meses con el equipo del Banco Central, Ministerio de Hacienda y el equipo del INSS para revisar estas cuentas», aseguró López.
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Además, alardeó de que en los casi veinte años consecutivos que lleva Daniel Ortega en el poder y él al frente del Seguro Social, la institución ha cambiado casi todas sus delegaciones, solo les resta terminar la de Rivas. Además, durante las fechas de pago de las 368,899 pensiones que actualmente paga la institución, en los sesenta centros de pago abren unas trescientas cajas en las delegaciones y además funcionan 64 cajas móviles.
Pensionados del INSS crecen más que afiliados activos
Las pensiones que actualmente paga el INSS están distribuidas en 235,000 ordinarias o de vejez; 91,000 de vejez reducida; 17,000 de invalidez parcial o total que están relacionadas con accidentes; 25,000 a victimas de guerra que se han reducido por la muerte de los beneficiarios; y 899 pensiones especiales.
Después de brindar el dato de las pensiones, López admitió que desde hace diez años la planilla de jubilados está creciendo a un ritmo de cuatro por ciento anual, mientras la de asegurados activos solo crece uno por ciento anual. Situación que admitió que en el futuro pondrá en riesgo el pago de las pensiones, ya que el número de pensionados será mayor que el de asegurados activos.
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Esta disparidad la atribuyó a que el mercado laboral de Nicaragua es predominantemente informal y que no todos los trabajadores por cuenta propia se inscriben al seguro facultativo. Aseguró que actualmente entre los más de 817,000 asegurados activos hay 86,000 inscritos en el seguro facultativo.
Niega existencia de lista básica de medicamentos
«Esto pone en riesgo la sostenibilidad del Seguro Social ya que en un momento dado las cotizaciones de los asegurados activos no cubrirán el monto de las pensiones que debe pagar el Seguro Social», advierte el economista y exreo político desterrado, Juan Sebastián Chamorro.
Con respecto a la atención medica, aseguró que actualmente no existe ninguna enfermedad que esté fuera de la cobertura del INSS y que ya no existe la lista básica de medicamentos. Sin embargo, en su sitio web está publicada la lista básica que 575 productos, distribuidos entre medicamentos, productos de diagnóstico y medios de contraste.
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En cuanto a las enfermedades, los anuarios de la institución detallan que hay un grupo de afecciones que se atienden a través del programa de enfermedades de alto costo. Según las publicaciones de la institución, para que el asegurado o jubilado entre a este programa se requiere una aprobación previa.
El INSS es dueño de la empresa Sermesa
Según López, para garantizar la cobertura médica total el INSS invirtió en la construcción o adquisición de hospitales y clínicas. «El INSS tiene una empresa que se llama Servicios Médicos Especializados (Sermesa), de la cual el INSS es 100 por ciento propietario. Eso lo tuvimos que hacer porque había lugares donde las empresas privadas empezaron a desaparecer y dejaron de funcionar», dijo López sin mencionar que a muchos de los antiguos dueños de estas clínicas y hospitales los forzaron a venderlos al INSS.
«Pero eso se maneja como una empresa separada para mantener las cuentas completamente claras y con esa empresa Sermesa se hacen los contratos igual y se le paga igual que se le paga a las otras previsionales», dijo López y añadió que eso le permite al INSS ser propietario de la mayoría de clínicas de hemodiálisis que funcionan en el país, el resto le pertenece al Ministerio de Salud (Minsa).
Y es que ante la salida de la mayoría de empresarios privados de este negocio, el Minsa se convirtió en otro proveedor de servicios médicos a los asegurados. Según una publicación del Minsa hasta 2022, a través de 25 clínicas médicas previsionales atendía a 212,603 asegurados y 49,539 jubilados. También a los trabajadores del Minsa y sus beneficiarios INSS y del convenio colectivo. Estas clínicas están dentro de hospitales públicos o centros de salud.
Eso implica que el Minsa también está obteniendo ganancias a costa de los asegurados ya que según el último cálculo que realizó la institución, cada mes el INSS le entrega a las clínicas médicas previsionales 525 córdobas por cada asegurado activo que tiene inscrito. Adicionalmente, si el asegurado recibe atención especializada o fuera de las consultas médicas preestablecidas, le entrega los llamados pagos por evento, que dependen del tipo de atención ofrecida.
El Minsa también está metido en el negocio
«Debido a este mecanismo los asegurados activos de Managua que tienen los salarios más altos se los asignan al Hospital Militar (que pertenece al Ejército). Porque estos asegurados generalmente no usan esos servicios porque se atienden en hospitales privados o tienen seguros médicos privados. Entonces el per cápita que reciben por cada asegurado es ganancia neta para ellos porque no le prestan ningún servicio», explica un exfuncionario del INSS que por temor a represalias pide no mencionar su nombre.
De hecho, según el anuario estadístico del INSS de 2024 de los 802,814 afiliados que en promedio registró durante el 2024, solamente el seguro de Maternidad-Enfermedad que es el más grande registró un promedio de 743,675 afiliados.
La mayoría de ellos, 223,600 estaban adscritos a las clínicas médicas previsionales del Minsa; el hospital Militar era el segundo mayor proveedor de servicios médicos con 117,888 asegurados adscritos; luego el hospital Carlos Roberto Huembes de la Policía con 76,977 inscritos; y en cuarto lugar SERMESA con 70,736 adscritos. Ellos en conjunto tenían inscritos 489,201 asegurados activos.
Los restantes 254,474 asegurados activos estaban distribuidos en nueve clínicas previsionales privadas que aún funcionan en el país. Estas son la clínica AMOCSA que tienen sucursales en León y Chinandega; la clínica Flor de Sacuanjoche y el hospital Alfredo Pellas del ingenio San Antonio, ambos en Chinandega; el hospital Antonio Román Matus en Carazo; los hospitales Bautista, Salud Integral y Monte España en Managua; y la clínica Santa Fe en Matagalpa.
Habría que conocer a los proveedores de Sermesa
Chamorro considera que el INSS a través de Sermesa mantiene un monopolio de la atención médica que brinda a los asegurados y pensionados, pero duda de que Sermesa sea propiedad exclusiva del INSS. Cree que algunos miembros del círculo de poder están dentro de ese negocio. «Como todo es opaco no hay que asumir que lo que diga ese señor, que además es un gran corrupto, sea la verdad, puede ser que ahí hay otros involucrados», expresa Chamorro.
Considera que personajes como el sindicalista y diputado oficialista Gustavo Porras, que cubra parte del mercado de la importación de medicamentos y otros insumos médicos debe estar metido en el negocio de Sermesa, ya sea como accionista de esa empresa o como proveedor de los medicamentos e insumos que utilizan sus clínicas y hospitales. Hay que ver quiénes son los proveedores de este monopolio», dice Chamorro.
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También considera que mantienen las cuentas separadas y a Sermesa como una empresa privada porque es un monopolio controlado por unos gánsteres que les abastecen los insumos y además mantienen las cuentas separadas porque al ser una empresa privada no está sujeta la ley de compra y contrataciones del Estado. Entonces evitan la transparencia, no hay licitaciones, no hay obligación de velar por la calidad de las medicinas ni de los insumos, sino de garantizar grandes ganancias sin importar la salud ni el bienestar de los asegurados», señala Chamorro.
